Por Roberto Delgado
29 Agosto 2015
“No estamos reprimiendo, nos estamos defendiendo”. La frase del jefe de Policía, Dante Bustamante, mostró el lunes en toda su dimensión la visión de la fuerza de seguridad sobre lo que estaba ocurriendo y el jueves, a cuatro días de los sucesos, ratificó esa visión: “mi gente actuó de acuerdo a los protocolos... La agresión empezó por parte del grupo de jóvenes inadaptados, que tenían una intencionalidad, que pretendieron entrar por la fuerza, que amenazaban con quemar toda la Casa de Gobierno”. En esa actuación, que Bustamante califica como “un trabajo transparente”, hubo granadas de gases lacrimógenos arrojadas contra la multitud, balas de goma (que el jefe policial describe como muchísimo menos peligrosas que los ladrillos que usaban esos “jóvenes inadaptados”) y agentes a caballo repartiendo latigazos. Hubo 10 adultos y dos niños heridos (uno por bala de goma y otro con la visión afectada por el gas lacrimógeno) y una decena de detenidos. Y aunque el episodio ha sido repudiado por instituciones afines al kirchnerismo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Andhes, y también condenado por el mismo gobernador José Alperovich, Bustamante no reconoció errores sino que asumió la responsabilidad “de un líder que estuvo para reorganizar la fuerza”: “No hice nada que no corresponda...(...)... Hay que ser objetivos, la agresión, la violencia, no la inició la Policía”, dijo.
El orden público, primera tarea
Surgen dos preguntas: a) ¿Por qué Bustamante no cree que estuvo mal la represión? b) ¿Por qué Alperovich no anunció medidas contra a sus subordinados (ministro, secretario y jefes policiales) cuando repudió la represión, como si él no tuviera nada que ver?
La primera pregunta se vincula con la cultura policial, que asume la represión como una tarea básica, ya que su función “consiste esencialmente en el mantenimiento del orden público, la seguridad general y la prevención del delito” (Art 8 de la Ley 3.656 de 1970). Esa ley también especifica que la Policía debe intervenir en la realización de reuniones públicas para mantener el orden (Art 9 inc g) y describe que la Policía debe “asegurar la defensa de su persona, la de terceros o la de su autoridad, para lo cual el agente esgrimirá sus armas cuando fuera necesario” (art. 11 Inc c).
Pero... si se trata de manifestaciones, ¿cuál es el criterio a adoptar? “En las reuniones públicas que deban ser disueltas por perturbar el orden o en las que participen personas con armas y objetos que puedan utilizarse para agredir, la fuerza será empleada después de desobedecidos los avisos reglamentarios” (Art 11 Inc d). Por si acaso no está claro, la Ley 3.904 (de 1973), llamada “derecho de reunión”, prohíbe toda reunión “que signifique una amenaza real o inminente para la seguridad pública” (art 2) y clasifica estos encuentros según cómo hayan sido convocados y por quién, y les exige permiso previo. La ley es obsoleta (caducada por la Ley 8.153), pero forma parte de la educación policial y del concepto de mirar al extraño como agresor (al orden público) y al joven como sujeto que necesita ser controlado. De hecho, el departamento de Operaciones Policiales (D3) tiene una dependencia llamada Asuntos Juveniles.
Para cubrir todos estos deberes la Policía llenó el lunes la plaza con Infantería (cuidando la Casa de Gobierno detrás de las vallas) y con agentes de civil del Departamento Informaciones (D2) -que fueron los que comenzaron detener gente- y agentes de Caballería, que persiguieron a manifestantes hasta en la Casa Histórica.
¿Quiénes son los extraños de los que se defendía la Policía? Aunque la gaseada y el reparto de balas de goma y latigazos fue indiscriminado, el gobernador tiró en su conferencia de prensa del martes la respuesta: la Asociación Bancaria, con la que está enfrentado desde hace años y la cual ha participado en los comicios del lado de la oposición, junto a José Cano.
Pero el operativo represivo de la Policía en la plaza es lo que está en cuestión. A fin de cuentas, también hubo disturbios y conflictos el domingo a la noche en 19 lugares de la provincia (en cinco hubo personas lesionadas, además de la quema de 29 urnas) y no se desató la represión en los casos en que actuó la Gendarmería. En Sargento Moya un gendarme fue rociado con alcohol por las personas que quemaron las dos urnas, y no sacó su arma. Los agresores fueron detenidos. ¿Es que la Gendarmería entiende de otro modo la defensa del orden público? En otra represion violenta en la Plaza Independencia, la del 10 de diciembre de 2013 -cuando la gente reclamaba a los policías que “nos dejaron solos” frente a los saqueos- la Gendarmería debió intervenir para evitar que los azules siguieran gaseando y latigueando a la gente.
Es una cuestión básicamente cultural. Es una manera de percibir la realidad. La Policía actúa de la misma manera tanto frente a las manifestaciones en general, como ante conflictos sociales, ante incidentes vinculados con contravenciones y ante delitos. El desalojo de agosto de 2011 de un predio al norte de la capital entre las calles Salvador, Nicaragua, Diagonal Chaco y Rafael Obligado, incluyó balas de goma y latigazos a mujeres y niños por parte de la Caballería. Y basta hacer una recorrida por las comisarías para tener ideas sobre la discrecionalidad con que se detiene a contraventores, a sospechosos de delitos y a delincuentes. Andhes ha denunciado los métodos policiales y reclamó la investigación de denuncias de excesos y abusos que a veces salen a luz por escándalos como el video de la tortura a un detenido hace un año en la zona de Villa Urquiza, o la tragedia de los detenidos en la Brigada de Investigaciones Norte en Yerba Buena, de la cual se cumplen mañana dos meses.
Está claro que el policial es un trabajo dificilísimo. La Policía hace frente a los conflictos y está obligada a pacificar y dar tranquilidad a la población. Como dice Foucault en “Vigilar y castigar”, la tarea de la Policía engloba aparentemente todos los asuntos de la sociedad (”desde los vínculos entre los individuos hasta la reclación de los hombres con las cosas, así como la moralidad, las buenas costumbres, los valores religiosos, la salud, la familia, la pobreza”) y en eso, dice Walter Benjamin en “Para una crítica a la violencia”, “es un poder en sí mismo, cuya ontología se sitúa entre el legislador y el político, entre el poder que crea derecho y el poder que lo conserva”.
El problema es el método y la concepción de sus objetivos, porque una manifestación forma parte del juego de la democracia y de la sociedad abierta y contenedora de la diversidad social, económica, ideológica. Aunque haya elementos conflictivos en ella, como arguye el jefe de Policía. Y eso confunde a servidores de la ley educados con una concepción no sólo dictatorial sino viejísima. Como dice Griselda Barale, “concurrir a una plaza pública para protestar no es un estallido de violencia... la violencia no fue un estallido, sino una orden (de reprimir) que, lamentablemente, nadie reconoce como propia”. Excepto el jefe de Policía, pero no sus jefes políticos, que no dieron la orden de detener eso sino al otro día, cuando ya el mundo se les había venido encima. Por eso las manifestaciones de los días siguientes se hicieron sin represión.
Funcional a los poderes
Y acá entra la segunda pregunta: ¿Por qué Alperovich no anunció sanciones cuando repudió la violencia? Porque no entiende a la Policía de otra manera que no sea punitiva, agresiva y de régimen, una fuerza dispuesta a actuar contra quien sea para favorecer al gobernante, pese a que el Art 20 de esa vetusta ley policial dice que “la policía de la provincia no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política y/o partidaria”. Nadie le da bolilla a ese artículo. Como dijo la socióloga Lucía Cid Ferreira, una policía represiva “es lo que resulta funcional a los poderes políticos (y también económicos). Como los mismos no están realmente interesados en eliminar las grandes desigualdades sociales que generan conflictos y violencia, les queda acudir a la represión para mantener el statu quo”. La experta -que estudia la violencia en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de Derecho- agrega que gran parte de la sociedad civil tampoco entiende otro rol para la Policía como no sea el represor. Sólo se concibe la seguridad con uniformados equipados con armas, reactivos, perseguidores y capaces de detener y repeler a todo aquel que parezca agresivo para el cuerpo social. No importa si hay otras opciones en busca de una sociedad más acorde con la democracia y los derechos humanos. Por eso no cuajaron los intentos por cambiar a la fuerza. “Es ingenuo suponer que se pueda hacer una reforma policial real sin una correlativa transformación en el ámbito de la política”, define Cid Ferreira.
Por eso, pese a la exigencia de la Corte Suprema pára que se ponga en vigencia la ley contra la tortura o para que se debata la inconstitucional ley de Contravenciones, nada se hace. Se cree que una Policía violenta es la salida para una sociedad que cada vez se pone más violenta. Pero en situaciones como la del lunes en la plaza -cuando gasean a manifestantes y resultan baleados hasta niños-, advertimos que en esta hoguera se queman víctimas, victimarios e indiferentes, en una sucesión de episodios vergonzosos que nos incineran a todos sin jamás extinguirse.
El orden público, primera tarea
Surgen dos preguntas: a) ¿Por qué Bustamante no cree que estuvo mal la represión? b) ¿Por qué Alperovich no anunció medidas contra a sus subordinados (ministro, secretario y jefes policiales) cuando repudió la represión, como si él no tuviera nada que ver?
La primera pregunta se vincula con la cultura policial, que asume la represión como una tarea básica, ya que su función “consiste esencialmente en el mantenimiento del orden público, la seguridad general y la prevención del delito” (Art 8 de la Ley 3.656 de 1970). Esa ley también especifica que la Policía debe intervenir en la realización de reuniones públicas para mantener el orden (Art 9 inc g) y describe que la Policía debe “asegurar la defensa de su persona, la de terceros o la de su autoridad, para lo cual el agente esgrimirá sus armas cuando fuera necesario” (art. 11 Inc c).
Pero... si se trata de manifestaciones, ¿cuál es el criterio a adoptar? “En las reuniones públicas que deban ser disueltas por perturbar el orden o en las que participen personas con armas y objetos que puedan utilizarse para agredir, la fuerza será empleada después de desobedecidos los avisos reglamentarios” (Art 11 Inc d). Por si acaso no está claro, la Ley 3.904 (de 1973), llamada “derecho de reunión”, prohíbe toda reunión “que signifique una amenaza real o inminente para la seguridad pública” (art 2) y clasifica estos encuentros según cómo hayan sido convocados y por quién, y les exige permiso previo. La ley es obsoleta (caducada por la Ley 8.153), pero forma parte de la educación policial y del concepto de mirar al extraño como agresor (al orden público) y al joven como sujeto que necesita ser controlado. De hecho, el departamento de Operaciones Policiales (D3) tiene una dependencia llamada Asuntos Juveniles.
Para cubrir todos estos deberes la Policía llenó el lunes la plaza con Infantería (cuidando la Casa de Gobierno detrás de las vallas) y con agentes de civil del Departamento Informaciones (D2) -que fueron los que comenzaron detener gente- y agentes de Caballería, que persiguieron a manifestantes hasta en la Casa Histórica.
¿Quiénes son los extraños de los que se defendía la Policía? Aunque la gaseada y el reparto de balas de goma y latigazos fue indiscriminado, el gobernador tiró en su conferencia de prensa del martes la respuesta: la Asociación Bancaria, con la que está enfrentado desde hace años y la cual ha participado en los comicios del lado de la oposición, junto a José Cano.
Pero el operativo represivo de la Policía en la plaza es lo que está en cuestión. A fin de cuentas, también hubo disturbios y conflictos el domingo a la noche en 19 lugares de la provincia (en cinco hubo personas lesionadas, además de la quema de 29 urnas) y no se desató la represión en los casos en que actuó la Gendarmería. En Sargento Moya un gendarme fue rociado con alcohol por las personas que quemaron las dos urnas, y no sacó su arma. Los agresores fueron detenidos. ¿Es que la Gendarmería entiende de otro modo la defensa del orden público? En otra represion violenta en la Plaza Independencia, la del 10 de diciembre de 2013 -cuando la gente reclamaba a los policías que “nos dejaron solos” frente a los saqueos- la Gendarmería debió intervenir para evitar que los azules siguieran gaseando y latigueando a la gente.
Es una cuestión básicamente cultural. Es una manera de percibir la realidad. La Policía actúa de la misma manera tanto frente a las manifestaciones en general, como ante conflictos sociales, ante incidentes vinculados con contravenciones y ante delitos. El desalojo de agosto de 2011 de un predio al norte de la capital entre las calles Salvador, Nicaragua, Diagonal Chaco y Rafael Obligado, incluyó balas de goma y latigazos a mujeres y niños por parte de la Caballería. Y basta hacer una recorrida por las comisarías para tener ideas sobre la discrecionalidad con que se detiene a contraventores, a sospechosos de delitos y a delincuentes. Andhes ha denunciado los métodos policiales y reclamó la investigación de denuncias de excesos y abusos que a veces salen a luz por escándalos como el video de la tortura a un detenido hace un año en la zona de Villa Urquiza, o la tragedia de los detenidos en la Brigada de Investigaciones Norte en Yerba Buena, de la cual se cumplen mañana dos meses.
Está claro que el policial es un trabajo dificilísimo. La Policía hace frente a los conflictos y está obligada a pacificar y dar tranquilidad a la población. Como dice Foucault en “Vigilar y castigar”, la tarea de la Policía engloba aparentemente todos los asuntos de la sociedad (”desde los vínculos entre los individuos hasta la reclación de los hombres con las cosas, así como la moralidad, las buenas costumbres, los valores religiosos, la salud, la familia, la pobreza”) y en eso, dice Walter Benjamin en “Para una crítica a la violencia”, “es un poder en sí mismo, cuya ontología se sitúa entre el legislador y el político, entre el poder que crea derecho y el poder que lo conserva”.
El problema es el método y la concepción de sus objetivos, porque una manifestación forma parte del juego de la democracia y de la sociedad abierta y contenedora de la diversidad social, económica, ideológica. Aunque haya elementos conflictivos en ella, como arguye el jefe de Policía. Y eso confunde a servidores de la ley educados con una concepción no sólo dictatorial sino viejísima. Como dice Griselda Barale, “concurrir a una plaza pública para protestar no es un estallido de violencia... la violencia no fue un estallido, sino una orden (de reprimir) que, lamentablemente, nadie reconoce como propia”. Excepto el jefe de Policía, pero no sus jefes políticos, que no dieron la orden de detener eso sino al otro día, cuando ya el mundo se les había venido encima. Por eso las manifestaciones de los días siguientes se hicieron sin represión.
Funcional a los poderes
Y acá entra la segunda pregunta: ¿Por qué Alperovich no anunció sanciones cuando repudió la violencia? Porque no entiende a la Policía de otra manera que no sea punitiva, agresiva y de régimen, una fuerza dispuesta a actuar contra quien sea para favorecer al gobernante, pese a que el Art 20 de esa vetusta ley policial dice que “la policía de la provincia no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política y/o partidaria”. Nadie le da bolilla a ese artículo. Como dijo la socióloga Lucía Cid Ferreira, una policía represiva “es lo que resulta funcional a los poderes políticos (y también económicos). Como los mismos no están realmente interesados en eliminar las grandes desigualdades sociales que generan conflictos y violencia, les queda acudir a la represión para mantener el statu quo”. La experta -que estudia la violencia en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de Derecho- agrega que gran parte de la sociedad civil tampoco entiende otro rol para la Policía como no sea el represor. Sólo se concibe la seguridad con uniformados equipados con armas, reactivos, perseguidores y capaces de detener y repeler a todo aquel que parezca agresivo para el cuerpo social. No importa si hay otras opciones en busca de una sociedad más acorde con la democracia y los derechos humanos. Por eso no cuajaron los intentos por cambiar a la fuerza. “Es ingenuo suponer que se pueda hacer una reforma policial real sin una correlativa transformación en el ámbito de la política”, define Cid Ferreira.
Por eso, pese a la exigencia de la Corte Suprema pára que se ponga en vigencia la ley contra la tortura o para que se debata la inconstitucional ley de Contravenciones, nada se hace. Se cree que una Policía violenta es la salida para una sociedad que cada vez se pone más violenta. Pero en situaciones como la del lunes en la plaza -cuando gasean a manifestantes y resultan baleados hasta niños-, advertimos que en esta hoguera se queman víctimas, victimarios e indiferentes, en una sucesión de episodios vergonzosos que nos incineran a todos sin jamás extinguirse.
Lo más popular
