29 Agosto 2015
25 y 50 años en la abogacía.- Como es habitual, el Colegio de Abogados de la Capital entregó diplomas y medallas a los matriculados que respectivamente cumplieron 25 y 50 años en el ejercicio de la profesión. En la primera categoría había 44 abogados, entre ellos Luis Fernando Ruiz Torres, quien durante su juventud ganó el concurso escolar “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA” (la fotografía de la izquierda muestra a Ruiz Torres con el vicepresidente Juan Musi y el prosecretario Rodolfo Gilli, que le otorga el diploma -el presidente Francisco García Posse obseva la escena-). Solamente cinco colegas celebraron las bodas de oro: Juan Nicolás Aráoz, Ignacio Colombres Garmendia, Ramona Lucía Gómez, Jorge Muñoz y María Cristina Zelaya (en la foto de la derecha aparecen los varones, que fueron homenajeados).
Los derechos humanos en el colegio.- García Posse dijo que la entidad que preside había dado un paso trascedente en materia de derechos humanos al ampliar la licencia por maternidad de las colegiadas. “En sentido contrario (a lo que se advierte en la provincia), nuestra institución pretende avanzar en la materia dando muestras de que mantenemos una especial preocupación, no sólo por la plena igualdad de todos los ciudadanos, sino, especialmente, en nuestro ámbito, de nuestras abogadas y abogados”, explicó. García Posse expresó que, fundado en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contienen expresas directivas no sólo para los jueces sino también para todos los organismos dependientes de los poderes judiciales, el Consejo Directivo del Colegio había dispuesto dejar de aplicar, por considerarlo contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, el plazo de la licencia que otorgaba a las colegas en los casos de embarazo y maternidad. “Mediante una interpretación integradora de la Ley 7.035, el Colegio dispuso conceder una licencia de 90 días corridos coincidente con los derechos mínimos de todas las mujeres trabajadoras del país. Resta a los poderes del Estado regular las consecuencias procesales del ejercicio de ese derecho”, acotó.
PRESUNTOS EXCESOS EN LA JUSTICIA PENAL.- García Posse manifestó ayer que, frente a los reclamos de los abogados, fiscales y jueces últimamente estaban recurriendo al expediente de expulsar a los quejosos con el auxilio de la Policía, práctica a la que tildó de “ilegítima y cobarde”. “No la vamos a permitir”, desafió el titular de la entidad, que en abril de este año denunció en sede judicial a los fiscales Guillermo Herrera (X Nominación) y Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción). Esta presentación tramita en la Fiscalía N°4, que encabeza Diego López Ávila, y es el punto de partida del sumario administrativo que instruye la fiscala Juana Prieto. “La comprensible circunstancia de que nuestros colegas deban cuidarse de formalizar sus denuncias por escrito para evitar seguras represalias no va a frenar al Consejo Directivo en su propósito de llevar adelante todas las acciones necesarias para que magistrados, funcionarios y empleados comprendan que la independencia de los abogados depende en gran medida del cumplimiento de la ley que obliga a tratar a los letrados con el respeto y la consideración que han de guardar a la magistratura”, observó.
IGUAL HUBO FIESTA.- Pese al malestar verbalizado y a las tensiones institucionales que estrujan a Tucumán, el “lunch” con canilla libre de comida y bebida no se suspende. Este año, la fiesta “quenadiequiereperderse” se mudó al salón del country San Pablo (entradas anticipadas desde $ 460), circunstancia que anticipa una concurrencia escasa a la conmemoración del natalicio de Alberdi previsto para hoy a las 11.30 al pie del sepulcro instalado en la Casa de Gobierno.
Los derechos humanos en el colegio.- García Posse dijo que la entidad que preside había dado un paso trascedente en materia de derechos humanos al ampliar la licencia por maternidad de las colegiadas. “En sentido contrario (a lo que se advierte en la provincia), nuestra institución pretende avanzar en la materia dando muestras de que mantenemos una especial preocupación, no sólo por la plena igualdad de todos los ciudadanos, sino, especialmente, en nuestro ámbito, de nuestras abogadas y abogados”, explicó. García Posse expresó que, fundado en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contienen expresas directivas no sólo para los jueces sino también para todos los organismos dependientes de los poderes judiciales, el Consejo Directivo del Colegio había dispuesto dejar de aplicar, por considerarlo contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, el plazo de la licencia que otorgaba a las colegas en los casos de embarazo y maternidad. “Mediante una interpretación integradora de la Ley 7.035, el Colegio dispuso conceder una licencia de 90 días corridos coincidente con los derechos mínimos de todas las mujeres trabajadoras del país. Resta a los poderes del Estado regular las consecuencias procesales del ejercicio de ese derecho”, acotó.
PRESUNTOS EXCESOS EN LA JUSTICIA PENAL.- García Posse manifestó ayer que, frente a los reclamos de los abogados, fiscales y jueces últimamente estaban recurriendo al expediente de expulsar a los quejosos con el auxilio de la Policía, práctica a la que tildó de “ilegítima y cobarde”. “No la vamos a permitir”, desafió el titular de la entidad, que en abril de este año denunció en sede judicial a los fiscales Guillermo Herrera (X Nominación) y Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción). Esta presentación tramita en la Fiscalía N°4, que encabeza Diego López Ávila, y es el punto de partida del sumario administrativo que instruye la fiscala Juana Prieto. “La comprensible circunstancia de que nuestros colegas deban cuidarse de formalizar sus denuncias por escrito para evitar seguras represalias no va a frenar al Consejo Directivo en su propósito de llevar adelante todas las acciones necesarias para que magistrados, funcionarios y empleados comprendan que la independencia de los abogados depende en gran medida del cumplimiento de la ley que obliga a tratar a los letrados con el respeto y la consideración que han de guardar a la magistratura”, observó.
IGUAL HUBO FIESTA.- Pese al malestar verbalizado y a las tensiones institucionales que estrujan a Tucumán, el “lunch” con canilla libre de comida y bebida no se suspende. Este año, la fiesta “quenadiequiereperderse” se mudó al salón del country San Pablo (entradas anticipadas desde $ 460), circunstancia que anticipa una concurrencia escasa a la conmemoración del natalicio de Alberdi previsto para hoy a las 11.30 al pie del sepulcro instalado en la Casa de Gobierno.
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