24 Agosto 2015
LETRAS. Los autos que iban a la sede de barrio Parque tenían las siglas “BM”.
El personal afectado a la organización de los comicios comienza a desplegar el operativo. Los veedores de la Junta Electoral Provincial (JEP) se dirigen a los establecimientos educativos.
Llega la hora señalada para que se presenten las autoridades de las 3.474 mesas habilitadas. Pasan los minutos y empiezan a llegar los avisos de ausentismo. Este año, la Junta pagó $ 1.500 a quienes se anotaron -en principio, en forma voluntaria- para presidir los puestos de votación.
Se confirma lo previsible: la presencia masiva de fiscales agrega dificultad a la tarea crítica de la constitución de las mesas. “En algunas escuelas con pasillos angostos se complica la circulación de votantes”, explica Darío Almaraz, secretario de la Junta. En algunos centros de votación de Tafí Viejo la cuestión llega a ser desesperante. A ojo de buen cubero, los funcionarios del órgano de fiscalización de los comicios calculan que hay, en promedio, 20 fiscales por mesa. Por lo bajo se escuchan comentarios sobre el “sinsentido” y la “irracionalidad” del régimen de acoples. “En 2003 cambiamos de sistema para evitar el caos de la Ley de Lemas: 12 años después, volvemos a la misma situación. Esto es Tucumán”, reflexiona un organizador experimentado.
Antonio Gandur, presidente de la Junta y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, llega a la sede montada en una propiedad gigantesca de la calle Mendoza 1.050. El magistrado de 81 años luce tranquilo y de buen humor. Como si fuese un día más de Tribunales, viste traje y corbata. Duilio Cancino, su chofer, estaciona el auto en el patio de la sede. Gandur, que es autoridad del Poder Judicial desde 1991, supervisó entre cinco y seis elecciones. Sin embargo, esta es especial: los litigios previos a la elección derivaron en la separación de la Junta del ministro público Edmundo Jiménez y de la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro. Por esa razón, el órgano se ve obligado a funcionar este domingo con sólo dos de sus tres autoridades: Gandur y la fiscala Ana María Rosa Paz (reemplazante de Jiménez).
Dos candidatos de PRO, Rafael Sánchez y Arturo Forenza (h), llegan a la Junta para reclamar que faltan votos testigo de su partido en mesas del interior de la provincia. Se supone que el órgano debe sellar y entregar esa boleta a las autoridades de cada puesto de votación para que estas autoricen la inclusión de las copias en el cuarto oscuro y, luego, cotejen la validez de los votos emitidos. Al rato, Almaraz entrega un maso de votos testigo a Sánchez para que solucione el inconveniente.
La fiscala Paz llega a la Junta. Muchos se preguntan quién es: sucede que el sábado se enteró que debe reemplazar a su jefe, el ministro público Jiménez, y que, por ello, es una cara nueva para el plantel del órgano. De perfil bajo y serena, Paz comenta que tiene 25 años de antigüedad en la Justicia y confirma que este 23 de agosto debuta como autoridad del órgano. “Ojalá que tengamos suerte hoy. A esta hora la actividad es normal”, expresa Gandur.
Paz y Gandur posan juntos para su primera fotografía “oficial”. Luego, dan a conocer la resolución que comunica que la Legislatura se exime de nombrar un representante en la Junta Electoral porque todos sus miembros tienen “compromisos”: es decir, son candidatos o parientes de candidatos. La decisión 979/15 establece que en caso de empate entre Paz y Gandur, definirá Emma Beatriz García, fiscala civil, comercial y del trabajo.
Cuando se calman los reclamos por la superpoblación de fiscales, comienzan a aparecer quejas por la conformación de los padrones y versiones de todo tipo de maniobras electorales. Algunos ciudadanos particulares llaman o se presentan para justificar la no emisión del voto, y para preguntar si los chicos de 16 y 17 años deben sufragar (el sábado, la Corte Suprema habilitó el llamado “voto joven” para que comience a aplicarse a partir de 2019). Distintos equipos de veedores “volantes” se dirigen a las escuelas con problemas, entre ellas, el establecimiento El Salvador, del Mercofrut, donde la aglomeración obstaculiza o directamente impide la votación. En ese momento, la veedora de una escuela de Los Gutiérrez da cuenta de desbordes y amenaza con retirarse.
Dirigentes de la oposición hacen diferentes planteos. El radical Raúl Moreno y el peronista disidente Oscar López, por separado, denuncian el copamiento de mesas por parte de enviados del Frente para la Victoria.
Aparece la copia de una nota de impugnación de la boleta completa de Sergio Mansilla, candidato a la re-reelección legislativa vedada por la Constitución. Enseguida, Gandur instruye a sus colaboradores para que aclaren que el cuestionamiento sólo vale respecto del postulante a legislador: es decir, el resto de secciones de la boleta debe ser escrutada.
Gandur, Paz y el secretario Alfredo Iramain salen a observar la votación. Las autoridades visitan las escuelas Griet y Deán Funes.
La Junta emite un comunicado de prensa en el que ratifica que todos los fiscales acreditados están autorizados para participar del escrutinio provisorio. El aviso pretende disipar las incertidumbres que genera la enorme cantidad de representantes de las fuerzas políticas presentes en las mesas.
Mario Velázquez, juez de Monteros, se comunica con Gandur para informarle sobre la incineración de las dos urnas de la localidad de Sargento Moya. Velázquez asimismo comunica que suspendió la elección. “Haremos unos comicios complementarios”, anticipa el presidente de la Junta. La noticia altera las redes sociales.
Las autoridades se disponen a almorzar. Juntos se sientan Gandur, Paz, Almaraz, Iramain, el secretario privado Aníbal Yañez, y los gendarmes Sosa y Lagger. El menú preparado por Luciano Ousset consiste en sándwiches, empanadas, pollo relleno con papas y helado. Para beber hay agua y gaseosas. Antes del postre, los gendarmes se levantan. “Nos vamos en helicóptero a Santiago Moya para asegurarnos de que sean aprehendidos quienes quemaron las urnas”, anuncian. Luego, Gandur “levanta” la sesión para ir a votar. Antes, conviene reencontrarse con Paz a las 18 para ir al Correo (centro de cómputos), donde les espera una noche en vela.
Llega la hora señalada para que se presenten las autoridades de las 3.474 mesas habilitadas. Pasan los minutos y empiezan a llegar los avisos de ausentismo. Este año, la Junta pagó $ 1.500 a quienes se anotaron -en principio, en forma voluntaria- para presidir los puestos de votación.
Se confirma lo previsible: la presencia masiva de fiscales agrega dificultad a la tarea crítica de la constitución de las mesas. “En algunas escuelas con pasillos angostos se complica la circulación de votantes”, explica Darío Almaraz, secretario de la Junta. En algunos centros de votación de Tafí Viejo la cuestión llega a ser desesperante. A ojo de buen cubero, los funcionarios del órgano de fiscalización de los comicios calculan que hay, en promedio, 20 fiscales por mesa. Por lo bajo se escuchan comentarios sobre el “sinsentido” y la “irracionalidad” del régimen de acoples. “En 2003 cambiamos de sistema para evitar el caos de la Ley de Lemas: 12 años después, volvemos a la misma situación. Esto es Tucumán”, reflexiona un organizador experimentado.
Antonio Gandur, presidente de la Junta y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, llega a la sede montada en una propiedad gigantesca de la calle Mendoza 1.050. El magistrado de 81 años luce tranquilo y de buen humor. Como si fuese un día más de Tribunales, viste traje y corbata. Duilio Cancino, su chofer, estaciona el auto en el patio de la sede. Gandur, que es autoridad del Poder Judicial desde 1991, supervisó entre cinco y seis elecciones. Sin embargo, esta es especial: los litigios previos a la elección derivaron en la separación de la Junta del ministro público Edmundo Jiménez y de la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro. Por esa razón, el órgano se ve obligado a funcionar este domingo con sólo dos de sus tres autoridades: Gandur y la fiscala Ana María Rosa Paz (reemplazante de Jiménez).
Dos candidatos de PRO, Rafael Sánchez y Arturo Forenza (h), llegan a la Junta para reclamar que faltan votos testigo de su partido en mesas del interior de la provincia. Se supone que el órgano debe sellar y entregar esa boleta a las autoridades de cada puesto de votación para que estas autoricen la inclusión de las copias en el cuarto oscuro y, luego, cotejen la validez de los votos emitidos. Al rato, Almaraz entrega un maso de votos testigo a Sánchez para que solucione el inconveniente.
La fiscala Paz llega a la Junta. Muchos se preguntan quién es: sucede que el sábado se enteró que debe reemplazar a su jefe, el ministro público Jiménez, y que, por ello, es una cara nueva para el plantel del órgano. De perfil bajo y serena, Paz comenta que tiene 25 años de antigüedad en la Justicia y confirma que este 23 de agosto debuta como autoridad del órgano. “Ojalá que tengamos suerte hoy. A esta hora la actividad es normal”, expresa Gandur.
Paz y Gandur posan juntos para su primera fotografía “oficial”. Luego, dan a conocer la resolución que comunica que la Legislatura se exime de nombrar un representante en la Junta Electoral porque todos sus miembros tienen “compromisos”: es decir, son candidatos o parientes de candidatos. La decisión 979/15 establece que en caso de empate entre Paz y Gandur, definirá Emma Beatriz García, fiscala civil, comercial y del trabajo.
Cuando se calman los reclamos por la superpoblación de fiscales, comienzan a aparecer quejas por la conformación de los padrones y versiones de todo tipo de maniobras electorales. Algunos ciudadanos particulares llaman o se presentan para justificar la no emisión del voto, y para preguntar si los chicos de 16 y 17 años deben sufragar (el sábado, la Corte Suprema habilitó el llamado “voto joven” para que comience a aplicarse a partir de 2019). Distintos equipos de veedores “volantes” se dirigen a las escuelas con problemas, entre ellas, el establecimiento El Salvador, del Mercofrut, donde la aglomeración obstaculiza o directamente impide la votación. En ese momento, la veedora de una escuela de Los Gutiérrez da cuenta de desbordes y amenaza con retirarse.
Dirigentes de la oposición hacen diferentes planteos. El radical Raúl Moreno y el peronista disidente Oscar López, por separado, denuncian el copamiento de mesas por parte de enviados del Frente para la Victoria.
Aparece la copia de una nota de impugnación de la boleta completa de Sergio Mansilla, candidato a la re-reelección legislativa vedada por la Constitución. Enseguida, Gandur instruye a sus colaboradores para que aclaren que el cuestionamiento sólo vale respecto del postulante a legislador: es decir, el resto de secciones de la boleta debe ser escrutada.
Gandur, Paz y el secretario Alfredo Iramain salen a observar la votación. Las autoridades visitan las escuelas Griet y Deán Funes.
La Junta emite un comunicado de prensa en el que ratifica que todos los fiscales acreditados están autorizados para participar del escrutinio provisorio. El aviso pretende disipar las incertidumbres que genera la enorme cantidad de representantes de las fuerzas políticas presentes en las mesas.
Mario Velázquez, juez de Monteros, se comunica con Gandur para informarle sobre la incineración de las dos urnas de la localidad de Sargento Moya. Velázquez asimismo comunica que suspendió la elección. “Haremos unos comicios complementarios”, anticipa el presidente de la Junta. La noticia altera las redes sociales.
Las autoridades se disponen a almorzar. Juntos se sientan Gandur, Paz, Almaraz, Iramain, el secretario privado Aníbal Yañez, y los gendarmes Sosa y Lagger. El menú preparado por Luciano Ousset consiste en sándwiches, empanadas, pollo relleno con papas y helado. Para beber hay agua y gaseosas. Antes del postre, los gendarmes se levantan. “Nos vamos en helicóptero a Santiago Moya para asegurarnos de que sean aprehendidos quienes quemaron las urnas”, anuncian. Luego, Gandur “levanta” la sesión para ir a votar. Antes, conviene reencontrarse con Paz a las 18 para ir al Correo (centro de cómputos), donde les espera una noche en vela.
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