Propuestas para una Justicia independiente

Elección popular de los magistrados con mandato revocable

Daniel Blanco | FRENTE DE IZQUIERDA

Es necesario desmantelar el aparato judicial, nacional y de las provincias, pues abrevaron en la dictadura militar, admitieron la continuidad jurídica con el Gobierno militar, su legislación, sus fallos, sus resoluciones, dándole legitimidad. No debe olvidarse el fallo de la Corte de la Nación, que reconoció la legitimidad del golpe de Estado que derrocó en 1930 al Gobierno de Yrigoyen, sentando jurisprudencia para hacer lo mismo con todos los golpes que sucedieron en el país. Muchos jueces que hoy integran el Poder Judicial juraron obediencia al Estatuto del Proceso, que vino a sustituir a la Constitución Nacional. También el Poder Judicial dictó numerosos fallos en favor de las grandes corporaciones capitalistas, en contra del interés popular. El Poder Judicial no abrió la boca frente a los negociados y demandas judiciales de los fondos buitre, y los fallos de tribunales extranjeros, que pisotean la soberanía nacional; tampoco frente a los fallos del Ciadi, en favor de las empresas privatizadas que litigan contra la Argentina -pese a que estos fallos violentan la legislación nacional-. En el caso de Tucumán, vimos a importantes representantes de la Justicia involucrados en hechos aberrantes -actuar como encubridores del crimen de Paulina Lebbos, como el ex fiscal Carlos Albaca y otros-, o los que emergieron a partir de la actual interna, que envuelve a jueces y a fiscales. El Poder Judicial nunca fue independiente, requiere una transformación sobre nuevas bases: la conformación de jueces y fiscales debe surgir del voto popular -y sus cargos deben ser revocables-, y en función de una nueva legislación que responda al interés nacional y de las mayorías populares laboriosas.

Una Policía Judicial al mando de fiscales y oralidad

Ricardo Bussi | FUERZA REPUBLICANA

Propondremos una agenda de políticas para la Justicia, fortaleciendo el área de Gobierno con funcionarios capaces de coordinar acciones con el Poder Judicial y de implementar las reformas legislativas que se sancionen. Los desafíos actuales son la modernización de la Justicia mediante la desburocratización y eliminación del trámite escrito. Para ello bregaremos por la oralización de los procesos. Los jueces deben estar organizados en tribunales pluripersonales o colegios, para asistir a las audiencias evitando disputas de competencia. Entendemos que el Ministerio Público debe ser reorganizado en un esquema horizontal de trabajo en equipo, para que sea más eficiente, orientando los recursos hacia las investigaciones de delitos graves o complejos. Propondremos la creación de una Policía Judicial especializada y profesional para que investigue al mando de los fiscales, y fomentaremos la cooperación con agencias estatales de seguridad. El Poder Judicial debe sumar instrumentos de análisis y medición del cumplimiento de objetivos; promoveremos acciones que aumenten la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. El personal debe ingresar mediante concurso público en todos los niveles. No obstante la promoción de estas acciones, el Poder Ejecutivo debe guardar prudente distancia con el Judicial para asegurar su independencia e imparcialidad. A fin de limitar las injerencias, propondremos una reestructuración del Consejo Asesor de la Magistratura que limite la representación política y respete estrictamente el orden de mérito en los concursos para cargos de magistrados.

Reformar la ley del CAM para acotar derechos del gobernador

Mario Koltan | UNIÓN Y PROGRESO SOCIAL

La Ley 27.145 (de Subrogancias), que en junio autorizó al Consejo de la Magistratura a entronizar a simples abogados como jueces, marcó nuevamente el avance desmesurado del Poder Ejecutivo Nacional (vía Congreso) sobre el Poder Judicial, y la peligrosa costumbre de no respetar la división de poderes. En toda la historia del país, las vacantes judiciales que se producen cuando un juez fallece, renuncia o es separado de un caso concreto siempre se cubrieron con otros jueces en actividad, ya fuera del mismo tribunal donde se produjo la vacante o de otro tribunal. Esta reprochable respuesta del Ejecutivo a cualquier intento de la Justicia por investigar irregularidades cometidas por funcionarios del actual Gobierno es otra de las injustificadas provocaciones del Congreso -dominado por el oficialismo- al Poder Judicial. En Tucumán, esta deplorable injerencia tiene su correlato en el hostigamiento al que es sometido el presidente de la Corte, Antonio Gandur, por parte de la Justicia adicta al gobernador, José Alperovich, encabezados por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Debemos poner coto, además, a la prerrogativa del Poder Ejecutivo local, de negarse sistemáticamente a nombrar jueces o fiscales a abogados que por concurso fueron calificados en primer lugar por el Consejo Asesor de la Magistratura en reiteradas oportunidades. Proponemos que se sancione una norma que ponga límites a esa facultad ilimitada de la que hoy dispone el gobernador estableciendo que el concursante calificado en el primer lugar en más de tres oportunidades deba ser nombrado en el cargo para el que concursó.

Concursos controlados por prestigiosos letrados foráneos

Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro | PARTIDO LABORISTA

Si bien en el caso del Poder Judicial no existe una vinculación monetaria entre el Poder Ejecutivo y los tribunales, el sistema de designación de magistrados sobre todo los que corresponde a la Corte -mediante propuestas elevadas por el Ejecutivo- hace que la relación entre ambos poderes pueda ser tildada al menos de sospechosa. En el caso de Tucumán, es público y notorio que los miembros de la Corte accedieron a ese lugar por poseer vínculos de parentesco o políticos con el titular del Poder Ejecutivo. Quienes se desempeñan en la Corte, con sus honrosas excepciones, pertenecieron al elenco estable de funcionarios políticos del Ejecutivo. De allí que la connivencia ya no es sospecha, sino evidencia, que no puede ser negada por los actores so pena de caer en el descrédito público. Si no se recupera una independencia transparente, cristalina e insospechada entre todos los poderes del Estado, no puede hablarse de independencia, que es la condición indispensable para que los mecanismos de decisión y de contralor político funcionen adecuadamente. Las designaciones de funcionarios de menor rango del Poder Judicial también son políticas: existen dos casos de abogados del foro local que habiendo llegado a integrar las ternas vencedoras en los concursos impulsados por el CAM en reiteradas oportunidades no pudieron acceder al cargo por el cual se postularon. El Partido Laborista promueve una reorganización total; en el caso del Poder Judicial se propone reestructurar el sistema con concursos controlados por prestigiosos hombres de Derecho foráneos, que garanticen ecuanimidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

Todos los poderes del Estado deben actuar en forma articulada

Juan Manzur | FRENTE PARA LA VICTORIA

Como gobernador propiciaré una relación de respeto mutuo entre ambos poderes del Estado. Esta definición no quedará solamente en un enunciado sino en medidas concretas de Gobierno. El Estado es uno solo, las bases de nuestro sistema así lo establecen. Ahora bien, en nuestro sistema republicano, la división de poderes es fundamental e implica la independencia y control permanente entre los tres poderes. Pero conlleva como elemento medular el accionar conjunto de todos los poderes, para mejorar la vida de los tucumanos. Hoy toda política pública que se digne de ser exitosa implica un abordaje integral de todos los poderes del Estado, por tanto estos deben actuar de forma articulada y armónica, determinando (Poder Legislativo), controlando (Poder Judicial) y ejecutando (Poder Ejecutivo) los objetivos que nos proponemos como provincia. Tomamos debida nota de la necesidad planteada por el Poder Judicial de evitar demoras para elegir candidatos a jueces y demás magistrados. Por ello daremos celeridad a los trámites pertinentes para la cobertura de esos cargos. Continuaremos con la inversión en estructura y en personal para el sistema penitenciario. Desde este Gobierno asumimos el compromiso de realizar obras para asegurar que los detenidos tengan las condiciones necesarias de seguridad. Propiciaré y facilitaré el trabajo mancomunado entre las dependencias del Ejecutivo y los fueros competentes del Judicial; en especial, en materia de familia, niños y adolescentes, así como en materia penal. Impulsaré medidas para avanzar en la modernización del Estado y de cada uno de los poderes en función de las nuevas realidades que vamos enfrentando.

Los diputados deben pedir la intervensión del Poder Judicial

Gumersindo Parajón | ALTERNATIVA POPULAR

En Tucumán hay impunidad porque no hay Justicia. El Poder Judicial se encuentra atravesando una de sus peores crisis, de carácter moral. La mayoría del fuero Penal está cuestionada por inmoralidades y por corrupción -la mayoría de los fiscales fueron denunciados por esto-. Jamás se animan a actuar de oficio cuando existen acusaciones mutuas, o entre legisladores, políticos o funcionarios, como los casos de los legisladores que se acusaron entre ellos de ser adictos al juego y a las drogas. Otros legisladores oficialistas acusaron a un intendente de enriquecimiento ilícito, junto a su esposa; y estos les respondieron de las casas que compró en countries. Y otro legislador, también oficialista, fue denunciado por un vecino por la tala indiscriminada de árboles. Nadie, ni legisladores, ni fiscales, ni jueces se hicieron eco de dichas denuncias aunque, en el caso de la tala de árboles, causó daño por las inundaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia hizo auditorías en el fuero Civil, a partir de denuncias presentadas en los juicios concursales, donde están en juego varios millones de pesos. Y en el fuero Laboral demoran los juicios por indemnizaciones contra la patronal, donde el denunciante es un obrero despedido, que termina cansado de ir todos los días a los tribunales, sin que salga la sentencia que le permita cobrar. La única solución que existe es que los diputados nacionales por nuestra provincia presenten un proyecto de intervención al Poder Judicial local, y revisar el mecanismo de elección de jueces para que el Poder Ejecutivo no pueda designarlos. Únicamente de esa manera se logrará una Justicia independiente.

Hay que despartidizar el proceso de selección de magistrados

José Cano | ACUERDO PARA EL BICENTENARIO

Tucumán debe recuperar la independencia de poderes. El alperovichismo colonizó el Poder Judicial, para asegurarse fiscales y jueces sumisos, que les garanticen impunidad. Lo que está sucediendo con la Junta Electoral Provincial, con la insostenible permanencia del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, es una muestra de esto. Lo propio sucedió con la Corte, conformada con una mayoría automática de amigos del poder. Nosotros planteamos recuperar el principio republicano de independencia, tanto para los tribunales como para el Poder Legislativo, que también se transformó en una escribanía de la Casa de Gobierno. Vamos a potenciar el funcionamiento del CAM y a respetar las ternas para que lleguen los mejores a los despachos judiciales. Hay que despartidizar el proceso de selección de magistrados para privilegiar el mérito y la experiencia. Que sólo por un capricho el gobernador haya vetado en varias oportunidades a dos letrados de probada capacidad habla a las claras de un sistema que debe ser modificado, practicando ejemplaridad desde el poder. El Poder Ejecutivo debe asegurar autarquía a la Justicia y trabajar en conjunto para mejorar el servicio que presta. Es preciso habilitar los presupuestos que correspondan para fomentar la Justicia de proximidad; en especial, en temas críticos, vinculados con asuntos familiares o de violencia social. Queremos Juzgados y Defensorías que funcionen en los municipios, y cerca de la gente. Vamos a trabajar en concretar las reformas de los procedimientos para dar celeridad a los trámites y permitir que la Justicia llegue a tiempo a quienes más lo necesitan.