14 Agosto 2015
La mayoría de los “vecinos falsos” de Burruyacu viven en la misma zona de la capital
La mayoría de los ciudadanos que se intentaron “mudar” a Burruyacu residen en dos circuitos electorales de San Miguel de Tucumán: el 15 y el 15A. El fiscal sospecha que hubo una maniobra para engordar el padrón de votantes de esa ciudad del este. Apunta a un concejal y al juez de Paz.
EN LA CIUDAD. La iglesia Señora del Rosario es un emblema de Burruyacu, donde intentaron “mudar” a 208 vecinos. la gaceta / foto de analia jaramillo
¿Puede ser coincidencia que 167 vecinos de la misma zona de la capital se muden al mismo tiempo a Burruyacu? Para la Justicia Federal (con competencia electoral), no. Y mucho menos si sucede en un año de elecciones y todos ellos deciden radicarse en el mismo domicilio: el pasaje Olijela Rivas S/N. Luego de que el fiscal federal N°1 Carlos Brito requiriera por estas -y otras- circunstancias que más de 200 ciudadanos sean indagados por una supuesta maniobra electoral para “engordar” el padrón burruyaqueño, LA GACETA constató que la mayoría de los que tramitaron el cambio de domicilio a Burruyacu viven en barrios del norte de San Miguel de Tucumán.
Llamativamente, y de acuerdo con el padrón electoral, 167 de los 208 tucumanos que intentaron modificar su lugar de residencia viven o están radicados en los circuitos electorales 15 y 15A de la capital (si bien en el requerimiento de Brito figuran 232 ciudadanos, 24 nombres aparecen repetidos). De hecho, la mayoría de ellos votan en las mismos lugares: la escuela “De Manualidades” (España 1.550), la escuela “Miguel Lillo” (España 1.765), el “Instituto Montessori” (Belgrano 2050), la escuela ”Monseñor Blas Conrero” (Emilio Castelar 1903) y el colegio “Don Orione” (República del Líbano 2.148).
Otro grupo de 27 miembros tiene domicilio en el circuito 13, cercano a los dos anteriores. Todos ellos tuvieron que votar en mesas distribuidas en el “Colegio Nacional Bartolomé Mitre”. El resto se reparte en otras zonas capitalinas, de Las Talitas, Tafí Viejo y en la Villa de Burruyacu.
Curiosamente, los cambios de domicilio, de acuerdo con la investigación judicial, se habrían efectuado en la misma época (con los DNI de formato tarjeta, a diferencia de las libretas, es necesario tramitar una nueva unidad ante cada cambio de domicilio).
El padrón de Burruyacu suma alrededor de 1.400 ciudadanos habilitados para sufragar, por lo que añadir unos 200 más podría ser significativo para torcer un comicio a favor de algún postulante.
El expediente suma cada vez más condimentos políticos. En la edición del jueves, este diario había dado cuenta que la causa se había originado por un reclamo del juez de Paz de Burruyacu, Julio Fabián Miranda, hijo del ex gobernador Julio Miranda (1999-2003). Brito requirió que fuera interrogado como imputado. Además, entre los otros presuntos involucrados, según el fiscal, están el actual concejal y candidato a intendente de esa ciudad, José Luis Robledo, y su esposa y postulante al Concejo Deliberante, Andrea del Valle Cruz.
Robledo, otrora oficialista, estaría alejado de la gestión municipal, que encabeza el intendente Jorge Leal, del Frente para la Victoria. De hecho, se inscribió por el partido municipal “Burruyacu y su gente” y habría estado en conversaciones porque querría integrar el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB)
Miranda (h) manifestó ayer a LA GACETA que no había hecho ningún reclamo y que desde hacía al menos tres años que no se encargaba de la renovación de DNI, en manos desde 2012 de un Centro de Documentación Rápida (CDR). Robledo, por su parte, había expresado que no tenía “nada que ver” con la situación.
Queja y curiosidades
Las actuaciones, de acuerdo con Brito, se habían iniciado en febrero, cuando Miranda (h) se habría quejado en la Secretaría Electoral del juzgado para que se diera trámite a dos centenas de cambios de domicilio en su jurisdicción. El secretario electoral Rogelio Rodríguez del Busto había advertido entonces que había diferencias entre las fechas de tramitación que constaban en el reclamo con las que estaban en el sistema digital. Con las que figuraban en el primero, los nuevos votantes podrían haber sido incluidos en el padrón provisorio, pero con las del digital, no. Al chequear los datos, se habrían dado con que todos los vecinos figuraban en la misma dirección: el pasaje de una cuadra y media.
Empleados de la secretaría fueron a Burruyacu y determinaron, según consta en un informe, que ninguno de los nuevos habitantes residía en el lugar. Entonces, el juez Daniel Bejas dejó sin efecto los cambios de residencia ya otorgados. Brito pidió a la empresa de correo OCA que informara quiénes habían recibidos los nuevos DNI. La empresa dijo que una treintena de ellos habría sido entregada en el pasaje, pero no a sus titulares sino a los candidatos Robledo y Cruz, entre otros allegados a estos.
El fiscal imputó a Miranda “haber permitido, como funcionario, insertar datos falsos en los DNI de 208 personas con el objeto de que los incluya en el padrón electoral 2015 de la localidad”. A los “vecinos falsos”, en tanto, se los acusa de haber hecho insertar en un instrumento público declaraciones falsas. Por último, el fiscal consideró a Cruz, Robledo y a otros seis implicados de su entorno el ser partícipes de la maniobra por haber recibido en sus domicilios documentación perteneciente a personas que no forman parte de sus familias.
Llamativamente, y de acuerdo con el padrón electoral, 167 de los 208 tucumanos que intentaron modificar su lugar de residencia viven o están radicados en los circuitos electorales 15 y 15A de la capital (si bien en el requerimiento de Brito figuran 232 ciudadanos, 24 nombres aparecen repetidos). De hecho, la mayoría de ellos votan en las mismos lugares: la escuela “De Manualidades” (España 1.550), la escuela “Miguel Lillo” (España 1.765), el “Instituto Montessori” (Belgrano 2050), la escuela ”Monseñor Blas Conrero” (Emilio Castelar 1903) y el colegio “Don Orione” (República del Líbano 2.148).
Otro grupo de 27 miembros tiene domicilio en el circuito 13, cercano a los dos anteriores. Todos ellos tuvieron que votar en mesas distribuidas en el “Colegio Nacional Bartolomé Mitre”. El resto se reparte en otras zonas capitalinas, de Las Talitas, Tafí Viejo y en la Villa de Burruyacu.
Curiosamente, los cambios de domicilio, de acuerdo con la investigación judicial, se habrían efectuado en la misma época (con los DNI de formato tarjeta, a diferencia de las libretas, es necesario tramitar una nueva unidad ante cada cambio de domicilio).
El padrón de Burruyacu suma alrededor de 1.400 ciudadanos habilitados para sufragar, por lo que añadir unos 200 más podría ser significativo para torcer un comicio a favor de algún postulante.
El expediente suma cada vez más condimentos políticos. En la edición del jueves, este diario había dado cuenta que la causa se había originado por un reclamo del juez de Paz de Burruyacu, Julio Fabián Miranda, hijo del ex gobernador Julio Miranda (1999-2003). Brito requirió que fuera interrogado como imputado. Además, entre los otros presuntos involucrados, según el fiscal, están el actual concejal y candidato a intendente de esa ciudad, José Luis Robledo, y su esposa y postulante al Concejo Deliberante, Andrea del Valle Cruz.
Robledo, otrora oficialista, estaría alejado de la gestión municipal, que encabeza el intendente Jorge Leal, del Frente para la Victoria. De hecho, se inscribió por el partido municipal “Burruyacu y su gente” y habría estado en conversaciones porque querría integrar el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB)
Miranda (h) manifestó ayer a LA GACETA que no había hecho ningún reclamo y que desde hacía al menos tres años que no se encargaba de la renovación de DNI, en manos desde 2012 de un Centro de Documentación Rápida (CDR). Robledo, por su parte, había expresado que no tenía “nada que ver” con la situación.
Queja y curiosidades
Las actuaciones, de acuerdo con Brito, se habían iniciado en febrero, cuando Miranda (h) se habría quejado en la Secretaría Electoral del juzgado para que se diera trámite a dos centenas de cambios de domicilio en su jurisdicción. El secretario electoral Rogelio Rodríguez del Busto había advertido entonces que había diferencias entre las fechas de tramitación que constaban en el reclamo con las que estaban en el sistema digital. Con las que figuraban en el primero, los nuevos votantes podrían haber sido incluidos en el padrón provisorio, pero con las del digital, no. Al chequear los datos, se habrían dado con que todos los vecinos figuraban en la misma dirección: el pasaje de una cuadra y media.
Empleados de la secretaría fueron a Burruyacu y determinaron, según consta en un informe, que ninguno de los nuevos habitantes residía en el lugar. Entonces, el juez Daniel Bejas dejó sin efecto los cambios de residencia ya otorgados. Brito pidió a la empresa de correo OCA que informara quiénes habían recibidos los nuevos DNI. La empresa dijo que una treintena de ellos habría sido entregada en el pasaje, pero no a sus titulares sino a los candidatos Robledo y Cruz, entre otros allegados a estos.
El fiscal imputó a Miranda “haber permitido, como funcionario, insertar datos falsos en los DNI de 208 personas con el objeto de que los incluya en el padrón electoral 2015 de la localidad”. A los “vecinos falsos”, en tanto, se los acusa de haber hecho insertar en un instrumento público declaraciones falsas. Por último, el fiscal consideró a Cruz, Robledo y a otros seis implicados de su entorno el ser partícipes de la maniobra por haber recibido en sus domicilios documentación perteneciente a personas que no forman parte de sus familias.
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