13 Agosto 2015
EX RECTOR IMPUTADO. Cerisola en 2013, cuando todavía dirigía la UNT. la gaceta / fotos de analía jaramillo (archivo)
La investigación del manejo de los $ 342 millones que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009 desembocó en una nueva acusación contra altos funcionarios universitarios. Carlos Brito, fiscal federal N°1, requirió al juez federal N°1, Daniel Bejas, que cite a prestar declaración indagatoria a Juan Alberto Cerisola, ex rector en el período 2006-2014 y director de YMAD en representación de la UNT; a Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y a Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y actual diputado nacional (UCR).
El requerimiento de 86 carillas incorporado a la causa “Eudal” el 7 de agosto pasado cierra una pesquisa que insumió cinco años, y que tuvo origen en las denuncias que presentaron el arquitecto Ramón Eudal, y el abogado y peronista disidente Oscar López. En síntesis, Brito investigó, por un lado, si la UNT recibió de YMAD el dinero que le correspondía y qué destino tuvo el capital recibido, y, por el otro, las reglas que rigieron esta actividad. Luego de recolectar cantidades ingentes de datos y de solicitar una serie de peritaciones a la Gendarmería y a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), el fiscal imputó a Cerisola, a Reimundín y a Sacca la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario. El ex rector y Cudmani fueron asimismo acusados de una supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por último, Brito consideró que la conducta de Cerisola podría encuadrar asimismo en la figura de la malversación de fondos.
En la imputación perfeccionada en el caso “Eudal” aparecen nombres incluidos en el requerimiento de indagatoria que el mismo fiscal había formulado en 2014, en la causa “Sigen”. También por las presuntas irregularidades detectadas en el empleo de fondos de YMAD (período 2011), Brito había pedido al juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, que interrogue en calidad de imputados a Cerisola; a Cudmani; a Reimundín; a Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y a Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. Pero el requerimiento de indagatorias colisionó con un conflicto de competencia -de arduo trámite- entre Bejas y Poviña (entendió que las causas “Eudal” y “Sigen” debían ser acumuladas en el Juzgado Federal N°1).
En el supuesto del último dictamen (caso “Eudal”), Brito reprochó que Sacca (quien busca la reelección en el cargo de diputado) y Cerisola hayan invertido los fondos de YMAD sin un criterio lógico explícito. “De los hechos se desprende que optaron por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara (tal decisión) como contrapartida y que hicieron depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de ‘menor nivel’ y a tasas similares que las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel”, objetó.
Al respecto, el fiscal añadió que la UNT: 1) pasó por alto la obligación de solicitar una opinión a la Tesorería General de la Nación y 2) concretó depósitos millonarios sin llamar a licitación pública. Según el dictamen y para proceder de este modo, los imputados reemplazaron normas de aplicación obligatoria por meras notas de disposición de fondos carentes de requisitos mínimos de forma.
Brito dijo que Cerisola debía responder por el destino de un cheque de $ 20 millones recibido por la UNT en atención a la falta de información existente sobre su destino. También le atribuyó la ausencia de control de la porción de utilidades de YMAD que correspondía a la UNT: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje se redujo en virtud del convenio firmado por el propio Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. “Las utilidades repartidas antes y después nunca alcanzaron los porcentajes estipulados”, expresó el fiscal.
En el análisis de las obras ejecutadas, Brito destacó que el ex rector y Reimundín dictaron órdenes y resoluciones contrarias a la ley, actos que facilitaron la corrupción en la adjudicación de los trabajos y el pago de erogaciones no previstas. Por último, el fiscal manifestó que Cerisola y Cudmani omitieron someter al menos 16 obras a licitación pública. En este capítulo, Brito subrayó que la UNT llegó a pagar sobreprecios del orden del 194%.
El requerimiento de 86 carillas incorporado a la causa “Eudal” el 7 de agosto pasado cierra una pesquisa que insumió cinco años, y que tuvo origen en las denuncias que presentaron el arquitecto Ramón Eudal, y el abogado y peronista disidente Oscar López. En síntesis, Brito investigó, por un lado, si la UNT recibió de YMAD el dinero que le correspondía y qué destino tuvo el capital recibido, y, por el otro, las reglas que rigieron esta actividad. Luego de recolectar cantidades ingentes de datos y de solicitar una serie de peritaciones a la Gendarmería y a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), el fiscal imputó a Cerisola, a Reimundín y a Sacca la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario. El ex rector y Cudmani fueron asimismo acusados de una supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por último, Brito consideró que la conducta de Cerisola podría encuadrar asimismo en la figura de la malversación de fondos.
En la imputación perfeccionada en el caso “Eudal” aparecen nombres incluidos en el requerimiento de indagatoria que el mismo fiscal había formulado en 2014, en la causa “Sigen”. También por las presuntas irregularidades detectadas en el empleo de fondos de YMAD (período 2011), Brito había pedido al juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, que interrogue en calidad de imputados a Cerisola; a Cudmani; a Reimundín; a Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y a Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. Pero el requerimiento de indagatorias colisionó con un conflicto de competencia -de arduo trámite- entre Bejas y Poviña (entendió que las causas “Eudal” y “Sigen” debían ser acumuladas en el Juzgado Federal N°1).
En el supuesto del último dictamen (caso “Eudal”), Brito reprochó que Sacca (quien busca la reelección en el cargo de diputado) y Cerisola hayan invertido los fondos de YMAD sin un criterio lógico explícito. “De los hechos se desprende que optaron por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara (tal decisión) como contrapartida y que hicieron depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de ‘menor nivel’ y a tasas similares que las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel”, objetó.
Al respecto, el fiscal añadió que la UNT: 1) pasó por alto la obligación de solicitar una opinión a la Tesorería General de la Nación y 2) concretó depósitos millonarios sin llamar a licitación pública. Según el dictamen y para proceder de este modo, los imputados reemplazaron normas de aplicación obligatoria por meras notas de disposición de fondos carentes de requisitos mínimos de forma.
Brito dijo que Cerisola debía responder por el destino de un cheque de $ 20 millones recibido por la UNT en atención a la falta de información existente sobre su destino. También le atribuyó la ausencia de control de la porción de utilidades de YMAD que correspondía a la UNT: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje se redujo en virtud del convenio firmado por el propio Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. “Las utilidades repartidas antes y después nunca alcanzaron los porcentajes estipulados”, expresó el fiscal.
En el análisis de las obras ejecutadas, Brito destacó que el ex rector y Reimundín dictaron órdenes y resoluciones contrarias a la ley, actos que facilitaron la corrupción en la adjudicación de los trabajos y el pago de erogaciones no previstas. Por último, el fiscal manifestó que Cerisola y Cudmani omitieron someter al menos 16 obras a licitación pública. En este capítulo, Brito subrayó que la UNT llegó a pagar sobreprecios del orden del 194%.
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