Un edil está implicado en el caso de los “vecinos falsos”

El cambio de domicilio de 232 ciudadanos a la cuadra y media del pasaje Olijela Rivas S/N de Burruyacu en un año electoral había alertado a la Justicia Federal local. El caso de los “vecinos falsos”, que terminó con un requerimiento para que 241 implicados en una supuesta maniobra sean indagados como imputados, sumó ayer un capítulo político. Sucede que entre los protagonistas se encuentran el hijo del ex gobernador Julio Miranda y juez de Paz de Burruyacu, Julio Fabián Miranda, y el concejal y candidato a intendente de esa ciudad, José Luis Robledo. Además, dentro del grupo de ciudadanos a los que el fiscal federal N°1, Carlos Brito, les atribuyó una participación en el asunto están también Andrea del Valle Cruz, pareja de Robledo y postulante en primer término a una banca en el Concejo, y Jorge Daniel Toro, dirigente que en 2011 acompañó a Robledo en la nómina de ediles.

“Nada que ver”

Robledo ocupa una banca desde el inicio del alperovichismo, en 2003. Alcanzó sus reelecciones por diferentes partidos del oficialismo como el Frente Fundacional de Tucumán, Acción Regional y el Movimiento de Participación Ciudadana, de acuerdo con los registros de la Junta Electoral Provincial (JEP).

Dirigentes de la zona afirmaron que Robledo estaría alejado por estos días de la gestión municipal, que encabeza el intendente Jorge Leal, del Frente para la Victoria. De hecho, se inscribió por el partido municipal “Burruyacu y su gente” y habría estado en conversaciones porque querría integrar el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB). “No tenemos nada que ver con eso”, rechazó ayer Robledo al ser consultado sobre la acusación. El funcionario aseguró que no hará más declaraciones hasta que reciba la notificación oficial de la Justicia federal.

El 28 de julio, Brito pidió a Daniel Bejas, juez con competencia electoral, que interrogue a los sospechosos. El fiscal endilga a Miranda el haber permitido insertar datos falsos en los documentos nacionales de identidad a 232 ciudadanos que consignaron como nuevo domicilio el pasaje Olijela Rivas. “(Actuó así) a sabiendas de la falsedad, ya que el mencionado domicilio sólo tiene una cuadra y media de extensión. El objetivo (de esta anotación) fue que se los incluya en el padrón electoral 2015 de Burruyacu”, dictaminó Brito.

Sobre los titulares de los DNI cayó la acusación de haber hecho insertar declaraciones falsas en instrumentos públicos. Además, el fiscal Brito incluyó en el requerimiento a Robledo, Cruz, Toro, Verónica Luna, José Salud, un tal Castillo, un tal Rogolio y un tal Reynoso: a todos ellos atribuyó el carácter de partícipes en la maniobra por haber recibido los DNI pertenecientes a titulares ajenos a sus familias.

La causa, según el requerimiento fiscal, tuvo origen en un reclamo de Miranda. El juez de Paz se habría presentado en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 para reclamar la inclusión de los 232 ciudadanos en el padrón de Burruyacu.

A continuación, la Secretaría Electoral decidió corroborar la veracidad de los cambios y se dirigió a la localidad. El secretario electoral Rogelio Rodríguez del Busto elaboró un informe en el que asegura que ninguno de los titulares de los documentos fueron encontrados en sus “nuevos domicilios”. Además, indicó que realizaron consultas a los residentes del pasaje Olijela Rivas S/N y que estos, en todos los casos, manifestaron desconocer a las personas mencionadas por Miranda.

El informe de Rodríguez del Busto dio pie a Bejas para dejar sin efecto los cambios de residencia. Luego, Bejas se excusó en la causa penal con el argumento de que ya había intervenido como juez electoral (el proceso, en principio, depende ahora del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña).