10 Agosto 2015
Una nueva ley de contravenciones policiales, la creación de la comisión provincial de prevención de la tortura, plazas para detenidos en centros penitenciarios, un plan de traslado de personas que actualmente están detenidas en comisarías a los centros penitenciarios, entre otras medidas, fueron mencionadas por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), en la presentación realizada el viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en el marco del hábeas corpus que habían presentado los fiscales de Instrucción Diego López Ávila y Adriana Giannoni luego de la muerte de dos presos en la Brigada de Investigaciones Norte.
La organización presentó un amicus curiae (amigos del tribunal), para “aportar argumentos para que la Corte Suprema dicte una sentencia conteniendo un remedio judicial que sea idóneo para solucionar una situación estructural, violatoria de derechos humanos”, según explicaron en un comunicado de prensa.
El máximo tribunal debe resolver el hábeas corpus que presentaron los fiscales, pidiendo que los presos sean sacados de las comisarías y alojados en lugares acordes para detenciones, y que se exima a la Policía de su custodia y traslado. El viernes se cumplirá un mes desde que se realizó la audiencia entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Judicial, y la Corte Suprema aún no dictó un fallo.
“El hábeas corpus interpuesto por los fiscales debe ser entendido como un caso de litigio estructural, ya que las violaciones de derechos humanos son atribuidas a una conducta estatal compleja donde intervienen diferentes actores estatales con motivaciones también diferentes”, aseguró Andhes.
La presentación fue firmada por Ana Laura Lobo Stegmayer y Gabriel Pereira, directora Ejecutiva y Adjunto de Andhes, respectivamente. “No existe organismo perteneciente a ninguno de los poderes del Estado que realice controles periódicos sobre la cantidad de personas detenidas en comisarías ni mucho menos sobre las condiciones en que se encuentran esas personas. La inexistencia de este órgano es de responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, ya que la ley 8.523 establece la creación de un organismo de control cuya existencia depende de la reglamentación pertinente”, comentó la organización.
La organización presentó un amicus curiae (amigos del tribunal), para “aportar argumentos para que la Corte Suprema dicte una sentencia conteniendo un remedio judicial que sea idóneo para solucionar una situación estructural, violatoria de derechos humanos”, según explicaron en un comunicado de prensa.
El máximo tribunal debe resolver el hábeas corpus que presentaron los fiscales, pidiendo que los presos sean sacados de las comisarías y alojados en lugares acordes para detenciones, y que se exima a la Policía de su custodia y traslado. El viernes se cumplirá un mes desde que se realizó la audiencia entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Judicial, y la Corte Suprema aún no dictó un fallo.
“El hábeas corpus interpuesto por los fiscales debe ser entendido como un caso de litigio estructural, ya que las violaciones de derechos humanos son atribuidas a una conducta estatal compleja donde intervienen diferentes actores estatales con motivaciones también diferentes”, aseguró Andhes.
La presentación fue firmada por Ana Laura Lobo Stegmayer y Gabriel Pereira, directora Ejecutiva y Adjunto de Andhes, respectivamente. “No existe organismo perteneciente a ninguno de los poderes del Estado que realice controles periódicos sobre la cantidad de personas detenidas en comisarías ni mucho menos sobre las condiciones en que se encuentran esas personas. La inexistencia de este órgano es de responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, ya que la ley 8.523 establece la creación de un organismo de control cuya existencia depende de la reglamentación pertinente”, comentó la organización.
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