30 Julio 2015
UN DESCANSO. Dilma Rousseff realiza habituales paseos en bicicleta. reuters
RÍO.- El arresto del presidente de Eletronuclear puso al sector eléctrico brasileño en la mira del Ministerio Público y la Policía Federal, que sospechan que la estatal Eletrobras, de la que dependen Eletronuclear y otros 14 entes, sea escenario de una trama de corrupción similar a la de Petrobras. Según informó el diario “O Globo”, Eletrobras y sus filiales son investigadas además por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la auditora estadounidense Hogan Lovells.
La auditoría externa fue solicitada por la propia Eletrobras, ante el temor de ser objeto de demandas a raíz de las sospechas de corrupción, puesto que sus acciones cotizan en las Bolsas de Nueva York y Madrid.
El temor surgió hace cinco meses, cuando la fiscalía pidió la intervención del TCU para investigar “si las prácticas verificadas en Petrobras están ocurriendo también en el ámbito de las empresas estatales del sector eléctrico”, sostiene el diario. Dichas prácticas, que ya fueron detectadas en Petrobras, consisten en la acción, a modo de cartel, de empresas contratistas del Estado que se reparten licitaciones para obtener contratos inflados, a cambio de pagar sobornos a directores de los entes y políticos que los respaldan.
Eletrobras y sus filiales poseen un patrimonio de 60.000 millones de reales (U$S 17.900 millones) y responden por la tercera parte de toda la energía consumida en el país.
La punta del iceberg del nuevo frente de investigaciones fue el arresto, el martes, del vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, quien estaba alejado de la presidencia de Eletronuclear desde abril, cuando surgieron las primeras denuncias.
Pinheiro está sospechado de haber recibido unos 4,5 millones de reales (U$S 1,4 millón) en sobornos para beneficiar al consorcio Engevix, que obtuvo la licitación de las obras de la usina nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. El origen de la prisión de Pinheiro es uno de los puntos que conectan las tramas de corrupción en Petrobras y Eletrobras. El militar fue acusado de corrupción por el empresario Dalton Avancini, arrestado por sus nexos con el caso Petrobras. Avancini, ex presidente de la constructora Camargo Correa, reveló, por un acuerdo de colaboración judicial, la existencia de un cartel en las obras de Angra 3. Camargo Correa es una de las empresas que integran el consorcio que ganó la licitación para construir la usina nuclear, junto a UTC, Andrade Gutierrez, Odebrecht, EBE y Queiroz Galvao. Todas están involucradas en la trama ilegal en Petrobras.
Según el Tribunal de Cuentas, el foco de las investigaciones en Eletrobras está “en tres vertientes de riesgos: los cofres de las estatales, el sistema de generación de energía y la sobrevaloración de inversiones”.
El proyecto de construcción de Angra 3, que tiene un costo de unos 14.000 millones de reales (U$S 4.200 millones) enfrenta 17 procesos de auditoría en el Tribunal de Cuentas. Y “esto es solo el comienzo”, dijo el comisario federal Igor de Paula. “El caso puede ser mucho mayor”, advirtió. Al igual que el caso Petrobras, el nuevo escándalo está vinculado a la presidenta Dilma Rousseff, su Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado en el gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). (DPA)
La auditoría externa fue solicitada por la propia Eletrobras, ante el temor de ser objeto de demandas a raíz de las sospechas de corrupción, puesto que sus acciones cotizan en las Bolsas de Nueva York y Madrid.
El temor surgió hace cinco meses, cuando la fiscalía pidió la intervención del TCU para investigar “si las prácticas verificadas en Petrobras están ocurriendo también en el ámbito de las empresas estatales del sector eléctrico”, sostiene el diario. Dichas prácticas, que ya fueron detectadas en Petrobras, consisten en la acción, a modo de cartel, de empresas contratistas del Estado que se reparten licitaciones para obtener contratos inflados, a cambio de pagar sobornos a directores de los entes y políticos que los respaldan.
Eletrobras y sus filiales poseen un patrimonio de 60.000 millones de reales (U$S 17.900 millones) y responden por la tercera parte de toda la energía consumida en el país.
La punta del iceberg del nuevo frente de investigaciones fue el arresto, el martes, del vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, quien estaba alejado de la presidencia de Eletronuclear desde abril, cuando surgieron las primeras denuncias.
Pinheiro está sospechado de haber recibido unos 4,5 millones de reales (U$S 1,4 millón) en sobornos para beneficiar al consorcio Engevix, que obtuvo la licitación de las obras de la usina nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. El origen de la prisión de Pinheiro es uno de los puntos que conectan las tramas de corrupción en Petrobras y Eletrobras. El militar fue acusado de corrupción por el empresario Dalton Avancini, arrestado por sus nexos con el caso Petrobras. Avancini, ex presidente de la constructora Camargo Correa, reveló, por un acuerdo de colaboración judicial, la existencia de un cartel en las obras de Angra 3. Camargo Correa es una de las empresas que integran el consorcio que ganó la licitación para construir la usina nuclear, junto a UTC, Andrade Gutierrez, Odebrecht, EBE y Queiroz Galvao. Todas están involucradas en la trama ilegal en Petrobras.
Según el Tribunal de Cuentas, el foco de las investigaciones en Eletrobras está “en tres vertientes de riesgos: los cofres de las estatales, el sistema de generación de energía y la sobrevaloración de inversiones”.
El proyecto de construcción de Angra 3, que tiene un costo de unos 14.000 millones de reales (U$S 4.200 millones) enfrenta 17 procesos de auditoría en el Tribunal de Cuentas. Y “esto es solo el comienzo”, dijo el comisario federal Igor de Paula. “El caso puede ser mucho mayor”, advirtió. Al igual que el caso Petrobras, el nuevo escándalo está vinculado a la presidenta Dilma Rousseff, su Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado en el gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). (DPA)
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