EE.UU. advierte que en las provincias argentinas hay complicidad oficial con la trata de personas

“Argentina es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata sexual y el trabajo forzoso”. Así comienza el capítulo sobre nuestro país del “Informe sobre trata de personas 2015”, que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que fue presentado el lunes por el titular de esa área, John Kerry. Según el documento (cuya versión en inglés puede descargarse en www.state.gov) las mujeres y los niños argentinos son sometidos a la trata sexual dentro del país y en un grado más limitado, los hombres argentinos, mujeres y niños son sometidos a relaciones sexuales y trata laboral en otros países. Los transexuales de nuestra nacionalidad que son víctimas de trata sexual, generalmente son reclutados para Europa Occidental.

En cuanto a la trata de personas con fines de explotación laboral, las víctimas son oriundas principalmente de Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, y sometidos a trabajos forzados “en una variedad de sectores, incluyendo talleres de explotación, la agricultura, la venta ambulante, carbón y la producción de ladrillos, el trabajo doméstico, y las pequeñas empresas. Los ciudadanos chinos que trabajan en los supermercados son vulnerables a la servidumbre por deudas”.

Corrupción

El informe destaca que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los funcionarios dedicados a la temática, informaron que los jueces reciben sobornos de los tratantes. Las fallas en las investigaciones judiciales, por ejemplo, son signos evidentes de la complicidad oficial en la trata de personas. “El gobierno ha informado en un reporte que la Policía fue cómplice en el 40 % de los casos de trata sexual, ya sea como compradores de sexo comercial o por los contactos personales con los propietarios de prostíbulos; esto sirve como un desincentivo para que las víctimas reporten explotación”, expresa el documento.

Si bien en el informe se reconoce que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos en los últimos años para adaptar la legislación a los tratados internacionales, las provincias no han actuado en el mismo sentido, y las falencias se evidencian en la falta de asistencia a las víctimas, que generalmente se canalizan por una ONG.

“Identificaron un número significativo de víctimas potenciales de trata, se puso en marcha una campaña de sensibilización nacional, y se ha condenado a un mayor número de tratantes. Sin embargo, la financiación para servicios a las víctimas es insuficiente para ayudar al gran número de víctimas potenciales. Las autoridades no informaron el número de víctimas que han recibido asistencia en 2014. La corrupción, sobre todo entre los funcionarios con la trata a nivel provincial, es una grave preocupación”, aseveró el departamento de Estado.