25 Julio 2015
Gustavo Gómez, fiscal general federal, sostuvo que la sentencia que lo apartó de la causa “Ledo” consagra la pretensión de la defensa de los imputados César Milani, ex jefe del Ejército, y Esteban Sanguinetti, ex capitán, de elegir al fiscal que mejor se adapte a sus intereses. Según Gómez, es arbitrario el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que confirmó una decisión del juez federal Daniel Bejas y, por ello, debe ser revocado por la Cámara Nacional de Casación Penal (el 12 de febrero, Bejas había hecho lugar a la recusación deducida por los acusados). En el recurso de casación que presentó esta semana, el fiscal general expresó que la sentencia del tribunal de la alzada ha de ser revisada porque contiene interpretaciones retrógradas que inciden sobre la libertad de expresión, el acceso a la justicia de la sociedad y el control republicano al ejercicio de la función judicial.
A modo de resumen, Gómez afirmó que no existía contradicción entre los principios de objetividad del Ministerio Público Fiscal y su actuación en el caso “Ledo”; que era mentira que solamente había conocido esta causa durante cinco horas porque venía actuando legalmente como subrogante del fiscal federal N°1, Carlos Brito, desde 2009; que no estaba obligado a ser imparcial y que la libertad de expresión abarcaba también a los fiscales federales. Ello porque Bejas había considerado que el fiscal general sustituyó a Brito alterando la normativa relativa a las subrogancias de la Procuración General de la Nación y que, en ese carácter y tras algunas horas de contacto con el expediente, desplegó una actividad mediática que revelaba su falta de objetividad. El juez afirmó que de la entrevista que concedió al periodista Nelson Castro el 19 de noviembre de 2014 surgía que el fiscal general recusado se había referido a la causa “Ledo” como algo que le perteneciera.
“El temor a una falta de objetividad de mi parte se funda básicamente en supuestos reportajes periodísticos orales y escritos cuyo contenido niego terminantemente. Los recusantes no pudieron probar que en efecto esas expresiones fueron vertidas por mi parte. Ante la carencia de prueba, ¿cómo justifica la Cámara Federal que las declaraciones fueron producidas por mí?”, interrogó Gómez. En otro tramo del recurso, defendió su derecho a expresar opiniones en la prensa: “en relación al acusador público, no hay obstáculos constitucionales ni legales para que emita comentarios en los medios de prensa relacionados tanto a la tramitación de una causa penal como a sus valoraciones al respecto. Diría que, en los tiempos que vivimos, esta es, además, una obligación de parte del Ministerio Público Fiscal ante la sociedad”.
La causa que complica a los imputados Sanguinetti y a Milani procura esclarecer el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio del conscripto Alberto Ledo. Este crimen de lesa humanidad ocurrió en Monteros, a comienzos de la última dictadura. En este caso, el fiscal Brito solicitó que Milani sea indagado, requerimiento que Bejas rechazó. Dicha decisión está pendiente de revisión en la Cámara Federal desde marzo.
A modo de resumen, Gómez afirmó que no existía contradicción entre los principios de objetividad del Ministerio Público Fiscal y su actuación en el caso “Ledo”; que era mentira que solamente había conocido esta causa durante cinco horas porque venía actuando legalmente como subrogante del fiscal federal N°1, Carlos Brito, desde 2009; que no estaba obligado a ser imparcial y que la libertad de expresión abarcaba también a los fiscales federales. Ello porque Bejas había considerado que el fiscal general sustituyó a Brito alterando la normativa relativa a las subrogancias de la Procuración General de la Nación y que, en ese carácter y tras algunas horas de contacto con el expediente, desplegó una actividad mediática que revelaba su falta de objetividad. El juez afirmó que de la entrevista que concedió al periodista Nelson Castro el 19 de noviembre de 2014 surgía que el fiscal general recusado se había referido a la causa “Ledo” como algo que le perteneciera.
“El temor a una falta de objetividad de mi parte se funda básicamente en supuestos reportajes periodísticos orales y escritos cuyo contenido niego terminantemente. Los recusantes no pudieron probar que en efecto esas expresiones fueron vertidas por mi parte. Ante la carencia de prueba, ¿cómo justifica la Cámara Federal que las declaraciones fueron producidas por mí?”, interrogó Gómez. En otro tramo del recurso, defendió su derecho a expresar opiniones en la prensa: “en relación al acusador público, no hay obstáculos constitucionales ni legales para que emita comentarios en los medios de prensa relacionados tanto a la tramitación de una causa penal como a sus valoraciones al respecto. Diría que, en los tiempos que vivimos, esta es, además, una obligación de parte del Ministerio Público Fiscal ante la sociedad”.
La causa que complica a los imputados Sanguinetti y a Milani procura esclarecer el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio del conscripto Alberto Ledo. Este crimen de lesa humanidad ocurrió en Monteros, a comienzos de la última dictadura. En este caso, el fiscal Brito solicitó que Milani sea indagado, requerimiento que Bejas rechazó. Dicha decisión está pendiente de revisión en la Cámara Federal desde marzo.
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