24 Julio 2015
TESTIGO. Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles Verón. la gaceta / fotos de archivo
Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, fue citada a declarar como testigo en un proceso iniciado por la Asociación de Magistrados de Tucumán. Se trata de la segunda convocatoria que emite Adriana Giannoni, fiscala N°8, para que la presidenta de la Fundación María de los Ángeles dé su versión sobre la presunta coima que, según sus declaraciones periodísticas, recibieron en 2012 los jueces Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena a cambio de absolver a los acusados de secuestrar y prostituir a “Marita”.
Una fuente de la fundación confirmó que la citación fue notificada y que la audiencia de declaración testimonial está programada para el próximo 30 de julio a las 9 (Trimarco estaba de viaje). En abril, la activista contra la trata de personas dijo en un programa de televisión de Buenos Aires que Romero Lascano, Piedrabuena y Herrera Molina cobraron U$S 2 millones para declarar que no había pruebas para condenar a los 13 acusados en el caso “Verón”. Trimarco manifestó que Rubén “La Chancha” Ale, uno de los cabecillas del clan Ale, puso el dinero para “que todo quede en la nada”. La mamá de “Marita” insistió conque hay jueces y fiscales corruptos en el Poder Judicial local, e hizo hincapié en la necesidad de sacar a esos funcionarios para dar lugar a aquellos que tienen ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.
Según el interlocutor de la ONG, Giannoni apercibió a la testigo: si no concurre en forma voluntaria a la Fiscalía N°8, puede llevarla a declarar con auxilio de la fuerza pública. En mayo, la fiscala había llamado a Trimarco con el apercibimiento de archivo en el supuesto de incomparecencia. La madre de “Marita”, sin embargo, no se presentó ante Giannoni. Pero antes de que esta concretase la advertencia de cerrar la causa, Romero Lascano le pidió que insista en la citación puesto que la testigo está obligada a declarar, y a declarar la verdad, y la fiscala está obligada a tomar la declaración.
Romero Lascano es el único miembro de la Sala II de la Cámara Penal que permanece en su cargo luego del fallo absolutorio del caso “Verón”: después de litigar, Herrera Molina y Piedrabuena consiguieron que el gobernador José Alperovich aceptara sus respectivas dimisiones con fines jubilatorios. Por la misma razón, es el único juez que sigue afectado al proceso de destitución que inició Trimarco a finales de 2012. El trámite de esa denuncia, que ya tiene el visto bueno de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, fue paralizado por una medida cautelar y aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En paralelo, Romero Lascano inició al menos dos juicios más para evitar la intervención del Jurado de Enjuiciamiento. Antes de la feria de invierno, además, se puso a disposición de Giannoni y renunció a sus fueros para que la funcionaria constitucional pueda practicar una investigación ordinaria (cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, que es el caso de los magistrados, la pesquisa ha de ser dirigida por un juez de Instrucción).
Declaraciones juradas
Trimarco comenzó a hablar de una presunta coima en 2012, luego de que la Sala II de la Cámara Penal frustrase su pretensión de que los acusados sean condenados -luego, la Corte local (Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar) revocó parcialmente las absoluciones, decisión que aún ha de ser revisada por un alto tribunal de Tucumán con diferente composición (René Goane, Alfonso Zóttoli y Alicia Freidenberg)-. Originalmente, Diego López Ávila, fiscal N°4, investigó la denuncia mediática -vinculada a un correo electrónico que recibió la fundación-, pero el caso terminó siendo archivado por orden de Alejandro Tomas, juez de Instrucción N°1. En ese expediente, Romero Lascano también se presentó en forma espontánea, y entregó sus declaraciones juradas y solicitó pruebas.
Como la cuestión de la supuesta coima resurgió a partir de las manifestaciones de Trimarco a la prensa, la Asociación de Magistrados de Tucumán pidió al ministro público, Edmundo Jiménez, la apertura de una nueva investigación. Este, a su turno, derivó la presentación a Giannoni, que es vocal titular del gremio.
Una fuente de la fundación confirmó que la citación fue notificada y que la audiencia de declaración testimonial está programada para el próximo 30 de julio a las 9 (Trimarco estaba de viaje). En abril, la activista contra la trata de personas dijo en un programa de televisión de Buenos Aires que Romero Lascano, Piedrabuena y Herrera Molina cobraron U$S 2 millones para declarar que no había pruebas para condenar a los 13 acusados en el caso “Verón”. Trimarco manifestó que Rubén “La Chancha” Ale, uno de los cabecillas del clan Ale, puso el dinero para “que todo quede en la nada”. La mamá de “Marita” insistió conque hay jueces y fiscales corruptos en el Poder Judicial local, e hizo hincapié en la necesidad de sacar a esos funcionarios para dar lugar a aquellos que tienen ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.
Según el interlocutor de la ONG, Giannoni apercibió a la testigo: si no concurre en forma voluntaria a la Fiscalía N°8, puede llevarla a declarar con auxilio de la fuerza pública. En mayo, la fiscala había llamado a Trimarco con el apercibimiento de archivo en el supuesto de incomparecencia. La madre de “Marita”, sin embargo, no se presentó ante Giannoni. Pero antes de que esta concretase la advertencia de cerrar la causa, Romero Lascano le pidió que insista en la citación puesto que la testigo está obligada a declarar, y a declarar la verdad, y la fiscala está obligada a tomar la declaración.
Romero Lascano es el único miembro de la Sala II de la Cámara Penal que permanece en su cargo luego del fallo absolutorio del caso “Verón”: después de litigar, Herrera Molina y Piedrabuena consiguieron que el gobernador José Alperovich aceptara sus respectivas dimisiones con fines jubilatorios. Por la misma razón, es el único juez que sigue afectado al proceso de destitución que inició Trimarco a finales de 2012. El trámite de esa denuncia, que ya tiene el visto bueno de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, fue paralizado por una medida cautelar y aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En paralelo, Romero Lascano inició al menos dos juicios más para evitar la intervención del Jurado de Enjuiciamiento. Antes de la feria de invierno, además, se puso a disposición de Giannoni y renunció a sus fueros para que la funcionaria constitucional pueda practicar una investigación ordinaria (cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, que es el caso de los magistrados, la pesquisa ha de ser dirigida por un juez de Instrucción).
Declaraciones juradas
Trimarco comenzó a hablar de una presunta coima en 2012, luego de que la Sala II de la Cámara Penal frustrase su pretensión de que los acusados sean condenados -luego, la Corte local (Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar) revocó parcialmente las absoluciones, decisión que aún ha de ser revisada por un alto tribunal de Tucumán con diferente composición (René Goane, Alfonso Zóttoli y Alicia Freidenberg)-. Originalmente, Diego López Ávila, fiscal N°4, investigó la denuncia mediática -vinculada a un correo electrónico que recibió la fundación-, pero el caso terminó siendo archivado por orden de Alejandro Tomas, juez de Instrucción N°1. En ese expediente, Romero Lascano también se presentó en forma espontánea, y entregó sus declaraciones juradas y solicitó pruebas.
Como la cuestión de la supuesta coima resurgió a partir de las manifestaciones de Trimarco a la prensa, la Asociación de Magistrados de Tucumán pidió al ministro público, Edmundo Jiménez, la apertura de una nueva investigación. Este, a su turno, derivó la presentación a Giannoni, que es vocal titular del gremio.
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