24 Julio 2015
La ley de creación del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), de 1989, habilita a las reparticiones públicas del ámbito ejecutivo, legislativo y judicial a realizar consultas a ese organismo pertinentes a esa profesión “en asuntos de cualquier naturaleza”. Además, permite al CAT “informar, a través de opinión crítica, sobre problemas y propuestas relacionados al ámbito de la actividad profesional y que afecten a la comunidad”.
Más allá de estas disposiciones legales, los arquitectos colegiados no fueron consultados en los últimos años respecto de las excepciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU) que fueron aprobadas en los últimos años por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
Así lo confiaron fuentes de la gestión de Juan Ramazzotti, ex presidente del CAT. LA GACETA intentó contactarse con el actual titular del organismo, Raúl Rulli, pero este se encontraba fuera de la provincia, explicaron allegados.
“Al Colegio de Arquitectos no se le pregunta sobre estas cosas”, indicó un vocero de la Comisión Directiva que estuvo hasta el año pasado al frente de la entidad.
Una de las mayores oposiciones de los profesionales colegiados a los permisos extraordinarios para obras públicas se produjo en 2012, cuando el Concejo Deliberante de la Capital aprobó la ordenanza 4.425, que permite la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas. Esa norma fue promulgada por el presidente del cuerpo vecinal, el alperovichista Ramón Santiago Cano, debido a que el intendente Domingo Amaya estaba de licencia por un viaje a Chile. Sin embargo, el jefe municipal había sido quien impulsaba en un principio la iniciativa, aunque sólo preveía que los “pulmones de manzana” fueran ocupados por centros comerciales.
El entonces presidente del Colegio de Arquitectos, Ramazzotti, se pronunció en contra de estos planes. La entidad advirtió que la ordenanza no favorecía al bien común de los vecinos, y que la norma traería consecuencias de riesgo, como mayor contaminación del aire o un aumento en la temperatura de la ciudad.
Ramazzotti había argumentado que la “liviandad” y la “inconsistencia” de los justificativos usados por los ediles para su aprobación evidenciaron la falta de análisis y de debate por parte de especialistas, clave para modificar una norma de impacto social, según consideró. También había deslizado que los métodos inconsultos y las decisiones apresuradas, “lejos de expresar una legítima voluntad de mejoramiento, alientan suspicacias acerca de posibles contenidos espurios que eventualmente podrían interpretarse como mandatos provenientes de presiones ejercidas por intereses privados allegados al poder o con reconocida capacidad de lobby”.
La ordenanza que habilita la edificación en “pulmones de manzana” había sido aprobada con el voto de 10 concejales del amayismo y el alperovichismo. Los opositores Roque Mendía y José Luis Avignone (Unión Cívica Radical), Claudio Viña (Fuerza Republicana), Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) y Roberto Ávila (PRO) se habían opuesto para intentar frenar el proyecto.
Más allá de estas disposiciones legales, los arquitectos colegiados no fueron consultados en los últimos años respecto de las excepciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU) que fueron aprobadas en los últimos años por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
Así lo confiaron fuentes de la gestión de Juan Ramazzotti, ex presidente del CAT. LA GACETA intentó contactarse con el actual titular del organismo, Raúl Rulli, pero este se encontraba fuera de la provincia, explicaron allegados.
“Al Colegio de Arquitectos no se le pregunta sobre estas cosas”, indicó un vocero de la Comisión Directiva que estuvo hasta el año pasado al frente de la entidad.
Una de las mayores oposiciones de los profesionales colegiados a los permisos extraordinarios para obras públicas se produjo en 2012, cuando el Concejo Deliberante de la Capital aprobó la ordenanza 4.425, que permite la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas. Esa norma fue promulgada por el presidente del cuerpo vecinal, el alperovichista Ramón Santiago Cano, debido a que el intendente Domingo Amaya estaba de licencia por un viaje a Chile. Sin embargo, el jefe municipal había sido quien impulsaba en un principio la iniciativa, aunque sólo preveía que los “pulmones de manzana” fueran ocupados por centros comerciales.
El entonces presidente del Colegio de Arquitectos, Ramazzotti, se pronunció en contra de estos planes. La entidad advirtió que la ordenanza no favorecía al bien común de los vecinos, y que la norma traería consecuencias de riesgo, como mayor contaminación del aire o un aumento en la temperatura de la ciudad.
Ramazzotti había argumentado que la “liviandad” y la “inconsistencia” de los justificativos usados por los ediles para su aprobación evidenciaron la falta de análisis y de debate por parte de especialistas, clave para modificar una norma de impacto social, según consideró. También había deslizado que los métodos inconsultos y las decisiones apresuradas, “lejos de expresar una legítima voluntad de mejoramiento, alientan suspicacias acerca de posibles contenidos espurios que eventualmente podrían interpretarse como mandatos provenientes de presiones ejercidas por intereses privados allegados al poder o con reconocida capacidad de lobby”.
La ordenanza que habilita la edificación en “pulmones de manzana” había sido aprobada con el voto de 10 concejales del amayismo y el alperovichismo. Los opositores Roque Mendía y José Luis Avignone (Unión Cívica Radical), Claudio Viña (Fuerza Republicana), Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) y Roberto Ávila (PRO) se habían opuesto para intentar frenar el proyecto.
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