17 Julio 2015
AFUERA. En decisión dividida, la Cámara Federal sostuvo que Bonadio ya cometió otras irregularidades. dyn
BUENOS AIRES.- La Cámara Federal porteña apartó al juez Claudio Bonadio de la causa “Hotesur”, en la que se investiga a la presidenta, Cristina Fernández, y su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros en el sur del país, al considerar que cometió anomalías y violó las garantías de defensa de los acusados.
La Sala I de la Cámara, por mayoría de dos a uno, hicieron lugar a una nulidad planteada por las defensas de Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur y sobrina de la jefa de Estado, y del empresario Lázaro Báez. La Cámara cuestionó duramente a Bonadio por lo que entendió como dilaciones en la causa y violación del derecho de defensa de los acusados.
“No es esta la primera oportunidad en la que advierto una irregularidad en el trámite de este proceso, que se traduce en la afectación de las garantías fundamentales de las que goza todo justiciable”, sostuvo el juez Eduardo Freiler en su voto, quien junto a Jorge Ballestero resolvieron apartar a Bonadio.
El juez que lo reemplazará a será sorteado mañana por la Cámara y son seis los magistrados federales de primera instancia con chances para quedarse con la causa.
La decisión fue tomada tres días después de que Bonadio realizara una treintena de operativos en el sur del país en busca de información contable, por ejemplo, en Austral Construcciones, la empresa de Báez; la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos y los hoteles de la familia presidencial.
El juez requirió datos a otras empresas constructoras como Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, y también pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz y a las firmas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.
El oficialismo cuestionó duramente a Bonadio por realizar esos procedimientos en etapa electoral y por realizarlos con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Mauricio Macri, el precandidato presidencial opositor que busca arrebatarle el Gobierno al kirchnerismo.
Las defensas de Mercado, a cargo de Carlos Beraldi, y de Báez, con los abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, objetaron que el juez ahora apartado haya convocado a peritos contadores de la Corte Suprema para que colaboraran con la investigación de la causa sin llamar formalmente a una pericia contable -lo que hizo después- y porque no les dio la posibilidad de recusar a los expertos, tal como establece el Código Procesal Penal.
Las partes explicaron que esas decisiones del juez les impiden controlar la causa y por lo tanto violan el derecho de defensa.
“Las normas procesales que rigen la materia otorgan a las partes la potestad de plantear la recusación de los peritos designados para el caso y la facultad tanto de proponer peritos de su confianza como de sugerir puntos de pericia”, sostuvo el juez Freiler. (DyN)
La Sala I de la Cámara, por mayoría de dos a uno, hicieron lugar a una nulidad planteada por las defensas de Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur y sobrina de la jefa de Estado, y del empresario Lázaro Báez. La Cámara cuestionó duramente a Bonadio por lo que entendió como dilaciones en la causa y violación del derecho de defensa de los acusados.
“No es esta la primera oportunidad en la que advierto una irregularidad en el trámite de este proceso, que se traduce en la afectación de las garantías fundamentales de las que goza todo justiciable”, sostuvo el juez Eduardo Freiler en su voto, quien junto a Jorge Ballestero resolvieron apartar a Bonadio.
El juez que lo reemplazará a será sorteado mañana por la Cámara y son seis los magistrados federales de primera instancia con chances para quedarse con la causa.
La decisión fue tomada tres días después de que Bonadio realizara una treintena de operativos en el sur del país en busca de información contable, por ejemplo, en Austral Construcciones, la empresa de Báez; la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos y los hoteles de la familia presidencial.
El juez requirió datos a otras empresas constructoras como Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, y también pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz y a las firmas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.
El oficialismo cuestionó duramente a Bonadio por realizar esos procedimientos en etapa electoral y por realizarlos con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Mauricio Macri, el precandidato presidencial opositor que busca arrebatarle el Gobierno al kirchnerismo.
Las defensas de Mercado, a cargo de Carlos Beraldi, y de Báez, con los abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, objetaron que el juez ahora apartado haya convocado a peritos contadores de la Corte Suprema para que colaboraran con la investigación de la causa sin llamar formalmente a una pericia contable -lo que hizo después- y porque no les dio la posibilidad de recusar a los expertos, tal como establece el Código Procesal Penal.
Las partes explicaron que esas decisiones del juez les impiden controlar la causa y por lo tanto violan el derecho de defensa.
“Las normas procesales que rigen la materia otorgan a las partes la potestad de plantear la recusación de los peritos designados para el caso y la facultad tanto de proponer peritos de su confianza como de sugerir puntos de pericia”, sostuvo el juez Freiler. (DyN)
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