Por Gustavo Cobos
15 Julio 2015
La Corte Suprema tiene en sus manos una decisión que puede ser histórica. El Gobierno sabe que es poco lo que hizo en 12 años en materia carcelaria, pero no lo reconoce abiertamente. Menos en un año electoral: construir cárceles no pareciera dar votos. Pero el hacinamiento de presos en comisarías que deberían estar en dependencias del servicio penitenciario, atañe directamente a la seguridad, y ese sí es un reclamo de los votantes. Si son “peligrosos delincuentes”, el riesgo de fuga es grande. En cada turno de las fiscalías (duran 12 días) hay al menos dos intentos de fuga en las comisarías. En 2010 el Gobierno informaba que eran 350 los detenidos en dependencias policiales. Hoy el número se ha duplicado, por lo que el argumento de la puerta giratoria no parecería aplicarse. La fiscala Adriana Giannoni también menciona que sacar a los presos en las comisarías disminuirá la corrupción policial. Y los miembros de la fuerza podrán, además, dedicarse a tareas de prevención, y no a ser cocineros, psicólogos, médicos y consejeros de los que están en los calabozos. Lo que llama la atención es que a la oportunidad histórica que abrió el hábeas corpus no se hayan sumado organizaciones civiles o instituciones como las facultades de Derecho de las tres universidades tucumanas. Sólo se adhirió una vecina de la Brigada Norte, preocupada por las consecuencias que podría sufrir en un intento por repeler una fuga. Es que mantener presos en las comisarías también genera “inseguridad”.
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