La niña que fue mamá tras un abuso no recibe asistencia

La madre y la abuela de E., una niña que tenía 10 años cuando fue violada por dos hombres y quedó embarazada, reclamaron esta semana -al ser entrevistadas por LA GACETA- que la víctima no recibe asistencia psicológica.

Las mujeres remarcaron que tampoco se les asignó un abogado oficial para que se hiciera cargo de la causa, por la que están detenidos dos jóvenes de 22 y 24 años. Ambos están acusados de haber sido los autores de este delito, que ocurrió el año pasado en La Cocha.

Otro de los reclamos de esta familia de bajos recursos que vive en La Invernada fue que, según dijeron, tampoco recibieron ningún tipo de asistencia social para mantener a la beba que E. dio a luz hace casi tres meses.

Estudio de ADN

En esta situación, la menor y su beba estuvieron el viernes en la capital para que se les tomara una muestra de saliva y se practicara un estudio de ADN, solicitado por el fiscal de Instrucción de la III° Nominación del Centro Judicial Concepción, Jorge Echayde. Con ese examen se intenta determinar cuál de los imputados sería el progenitor de la beba.

En ese viaje esta familia aprovechó para retirar una bolsa con ropa que le fue donada por una comerciante que se puso en contacto con ellas al saber lo que les había ocurrido. “La única vez que habló con un psicólogo fue cuando le tomaron declaración en cámara gesell. Después nos dijeron que fuéramos al hospital a buscar un terapeuta, pero ahí no hay turnos y no nos alcanza para pagar uno”, dijo la madre de la menor.

A su vez, la abuela de la víctima dijo que la niña sufre trastornos psicológicos. “Le hablo y trato de explicarle que ahora está la bebé y tenemos que ver por ella. Pero es difícil. Está casi todo el tiempo nerviosa y por las noches siempre tiene dolores de estómago. Pienso que todo es por lo que le pasó. Nosotras le hablamos todo el tiempo pero no es lo mismo que un psicólogo. Hay cosas que parece que le da vergüenza decirnos”, analizó la mujer.

Pero estas no son las únicas falencias en el acompañamiento postraumático de la víctima. Según su madre y su abuela, también tuvieron que soportar varias demoras hasta que consiguieron que les hicieran la prueba para el estudio de ADN.

“Como no tenemos un abogado, es muy difícil que nos lleven el apunte. Si no vamos a tribunales con una orden de la Policía, nos hacen esperar toda la mañana. Además, la abogada de uno de los acusados nos dijo que las pruebas iban a demorar más de cuatro meses. Los abogados cobran mucho y nosotros no tenemos cómo pagarles. Todos los trámites se aceleraron cuando esto salió la semana pasada en televisión (un canal de noticias porteño le dio difusión al caso). Hasta nos dieron turno para sacarle el documento a la bebé”, dijo la madre de E.

Las mujeres se quejaron porque sólo recibieron una visita de la asistente social de la escuela a la que va la menor y otra por parte de autoridades del Siprosa. Pero ninguna de estas personas resolvieron ni la asistencia social para la bebé ni la asistencia psicológica para la víctima.

El fiscal Echayde, por su parte, informó que los dos imputados por el abuso sexual están con prisión preventiva. “Estuvimos haciendo distintas medidas de pruebas, como las testimoniales. El examen de ADN que se debe realizar es una de las medidas, que servirán sólo para acreditar si uno de los sospechosos es el autor del delito”, explicó.

En cuanto al reclamo de asistencia de las mujeres, el fiscal aclaró que en su caso sólo puede tratar de establecer quiénes son los autores del hecho. “La Justicia no es la encargada de la asistencia social o de salud de la bebé. Hay otros organismos del Estado para ello”, añadió.