26 Junio 2015
Cayó mal entre los letrados la decisión de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) de constituirse en denunciante de Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y de exigir el cese de los controles de “reacción inmediata” (originados en una denuncia). Por separado, el Colegio de Abogados de la Capital, la agrupación “Unidad y Consenso”, y Juan Robles y Eudoro Aráoz coincidieron en la defensa de la política de auditorías del alto tribunal. Algunos de ellos, además, atacaron a la AMT.
El Colegio recordó que la fiscalización de causas del fiscal N°10, Guillermo Herrera, que esa entidad había controvertido, reveló “irregularidades gravísimas”, según el informe que en mayo suscribieron Lezana Flores, y los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto (esos casos son “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez). “Sin las auditorías, no habríamos podido advertir (las anomalías). No ignoramos que los cuestionamientos (a los controles) comenzaron luego de que el alto tribunal ratificase la oportuna decisión del presidente Antonio Gandur de auditar los casos del fiscal N°10”, expresa la resolución que emitió el Consejo Directivo este miércoles.
El Colegio que preside Francisco García Posse añadió: “solicitamos a la Corte la generalización y profundización de las auditorías que, lejos de afectar la independencia judicial, constituyen una herramienta eficaz para sostener los principios de transparencia y publicidad del Poder Judicial”. El Colegio, que en marzo denunció a Herrera y al fiscal Alejandro Noguera, pidió al alto tribunal que publique los resultados de todas las auditorías.
Robles, defensor de la acusada Roxana Teves y vicepresidente de la UCR, dijo que resultaba sorprendente que la Asociación de Magistrados denuncie a un funcionario judicial que había actuado con coraje y responsabilidad. “Lezana Flores y su equipo ventilaron el cúmulo de irregularidades y arbitrariedades, algunas rayanas con lo delictivo, cometidas por el fiscal Herrera en complicidad con el ministro público Edmundo Jiménez”, afirmó por correo electrónico.
Los integrantes de “Unidad y Consenso”, línea interna opositora del Colegio de Abogados de la Capital, repudiaron la vocación de la AMT por el secretismo y denunciaron su pretensión de acallar a los funcionarios que procedían con independencia. “No escapa a nosotros que Roberto Paz, defensor oficial y presidente de la entidad, depende funcionalmente de Jiménez y que este funcionario debe dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas por el Cuerpo de Auditores”, expresaron.
La agrupación “Unidad y Consenso”, que lideran Juan Carlos López Márquez y José Adle, reiteró el carácter público de las actuaciones del Poder Judicial, tanto en la faz jurisdiccional como administrativa y de superintendencia. “Si lo que molesta a la AMT es el control de sus actuaciones, así debería expresarlo, sin atacar al funcionario que cumplió su deber frente a lo dispuesto por la Corte”, añadió también por escrito. Este grupo insistió en que los jueces no son una casta exenta de fiscalización: “paralizar las auditorías y acallar a los auditores con denuncias penales es manifestar una clara intimidación, censura, y sesgo autoritario y antidemocrático que debería ser ajeno a la magistratura”.
En su carácter de ex presidente del Colegio de Abogados y por escrito, Aráoz dijo que la decisión de la AMT de denunciar a Lezana Flores lucía destemplada, exagerada y alejada de los parámetros objetivos que la judicatura debía tener en cuenta para mejorar el funcionamiento de la Justicia. “El proceder del gremio de los jueces se inscribe en lo que podemos denominar como una defensa corporativa de la magistratura, que, por algún motivo que desconozco, parece que se considera un súper poder con prerrogativas especiales, que está colocado por encima de los demás poderes que establece la Constitución”. Aráoz manifestó que la conducta de la entidad que encabeza Paz patentiza el “pequeño” horizonte que tiene la AMT frente a los problemas del Poder Judicial. Y añadió: “con su actitud, alimenta la división entre pares y una postura de enfrentamiento con la Corte. No hay que olvidar los antecedentes: la AMT guardó silencio frente a todos los intentos del alperovichismo de someter a la Justicia”.
El Colegio recordó que la fiscalización de causas del fiscal N°10, Guillermo Herrera, que esa entidad había controvertido, reveló “irregularidades gravísimas”, según el informe que en mayo suscribieron Lezana Flores, y los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto (esos casos son “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez). “Sin las auditorías, no habríamos podido advertir (las anomalías). No ignoramos que los cuestionamientos (a los controles) comenzaron luego de que el alto tribunal ratificase la oportuna decisión del presidente Antonio Gandur de auditar los casos del fiscal N°10”, expresa la resolución que emitió el Consejo Directivo este miércoles.
El Colegio que preside Francisco García Posse añadió: “solicitamos a la Corte la generalización y profundización de las auditorías que, lejos de afectar la independencia judicial, constituyen una herramienta eficaz para sostener los principios de transparencia y publicidad del Poder Judicial”. El Colegio, que en marzo denunció a Herrera y al fiscal Alejandro Noguera, pidió al alto tribunal que publique los resultados de todas las auditorías.
Robles, defensor de la acusada Roxana Teves y vicepresidente de la UCR, dijo que resultaba sorprendente que la Asociación de Magistrados denuncie a un funcionario judicial que había actuado con coraje y responsabilidad. “Lezana Flores y su equipo ventilaron el cúmulo de irregularidades y arbitrariedades, algunas rayanas con lo delictivo, cometidas por el fiscal Herrera en complicidad con el ministro público Edmundo Jiménez”, afirmó por correo electrónico.
Los integrantes de “Unidad y Consenso”, línea interna opositora del Colegio de Abogados de la Capital, repudiaron la vocación de la AMT por el secretismo y denunciaron su pretensión de acallar a los funcionarios que procedían con independencia. “No escapa a nosotros que Roberto Paz, defensor oficial y presidente de la entidad, depende funcionalmente de Jiménez y que este funcionario debe dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas por el Cuerpo de Auditores”, expresaron.
La agrupación “Unidad y Consenso”, que lideran Juan Carlos López Márquez y José Adle, reiteró el carácter público de las actuaciones del Poder Judicial, tanto en la faz jurisdiccional como administrativa y de superintendencia. “Si lo que molesta a la AMT es el control de sus actuaciones, así debería expresarlo, sin atacar al funcionario que cumplió su deber frente a lo dispuesto por la Corte”, añadió también por escrito. Este grupo insistió en que los jueces no son una casta exenta de fiscalización: “paralizar las auditorías y acallar a los auditores con denuncias penales es manifestar una clara intimidación, censura, y sesgo autoritario y antidemocrático que debería ser ajeno a la magistratura”.
En su carácter de ex presidente del Colegio de Abogados y por escrito, Aráoz dijo que la decisión de la AMT de denunciar a Lezana Flores lucía destemplada, exagerada y alejada de los parámetros objetivos que la judicatura debía tener en cuenta para mejorar el funcionamiento de la Justicia. “El proceder del gremio de los jueces se inscribe en lo que podemos denominar como una defensa corporativa de la magistratura, que, por algún motivo que desconozco, parece que se considera un súper poder con prerrogativas especiales, que está colocado por encima de los demás poderes que establece la Constitución”. Aráoz manifestó que la conducta de la entidad que encabeza Paz patentiza el “pequeño” horizonte que tiene la AMT frente a los problemas del Poder Judicial. Y añadió: “con su actitud, alimenta la división entre pares y una postura de enfrentamiento con la Corte. No hay que olvidar los antecedentes: la AMT guardó silencio frente a todos los intentos del alperovichismo de someter a la Justicia”.
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