09 Mayo 2015 Seguir en 
En un momento de tensión para el Colegio de Abogados de la Capital, que en marzo denunció a los fiscales Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) y Guillermo Herrera (X Nominación), el matriculado Gustavo Terán Molina pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que intervenga a la entidad intermedia. Entre las acusaciones y críticas que dirigió a la conducción del Colegio, el letrado arremetió contra la decisión de denunciar “la corrupción en el fuero penal” cuando ya es tarde. “Los colegiados se quejan desde hace 10 años y recién ahora abren la caja de pandora”, reprochó.
La presentación de Terán Molina ingresó al alto tribunal el 30 de abril. El 5 de mayo fue girada al Ministerio Público a cargo de Edmundo Jiménez para que este se expida sobre la competencia, según consta en el sistema informático. El demandante afirmó que corresponde intervenir el Colegio por múltiples causas, que van desde presuntas irregularidades en el manejo del patrimonio hasta el “abandono” de la exigencia de que el abogado litigante sea tratado como un magistrado.
Terán Molina también atacó a Francisco García Posse por la acordada del Tribunal de Cuentas que expuso una posible transgresión ética de su parte en la defensa de Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, y del contador Rodolfo Atilio Torasso (el asunto fue judicializado y García Posse ya consiguió una sentencia favorable en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). También acusó a Joaquín Arch, ex integrante del Tribunal de Ética y Disciplina, de haber incurrido en incompatibilidad al pasar al directorio de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores.
“El Colegio se encuentra dominado por una casta aristocrática devenida en oligarquía. Desde hace 25 años se suceden las mismas figuritas (sic), y se alternan en los cargos entre la Caja, el Colegio, el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, amén de que también son conjueces en la Justicia Federal”, expresó Terán Molina. Ese profesional ya había acudido infructuosamente a la Justicia en el pasado, junto a grupo de colegiados díscolos, para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 5.233 (regula el ejercicio de la profesión y el funcionamiento del Colegio de Abogados) que establecen el pago de una cuota anual y la suspensión de la matrícula en caso de incumplimiento.
“Plataforma política”
Al solicitar la intervención de la entidad, el letrado dijo que el sector que la conduce creó un sistema para perpetuarse en el poder; que no dio trámite a la presunta falta de ética ventilada por el Tribunal de Cuentas; que en los últimos tiempos se alejaron distintas autoridades (José Adle, Carlos Valls, Jorge Contrera y Gilda Pedicone de Valls) y que no había una adecuada defensa de los matriculados frente al retardo de la Justicia. “Además, (los dirigentes profesionales) realizan actividades notoriamente ajenas a las enumeradas, ya que utilizan al Colegio como plataforma política para generar denuncias penales que los colegiados vienen sosteniendo desde hace una década. Estos hechos pueden ser ciertos, pero su divulgación es extemporánea (...) y puede comprometer los bienes del Colegio por (eventuales reclamos de) daños y perjuicios”, añadió.
A comienzos de marzo, el Consejo Directivo que preside García Posse decidió sumarse a la denuncia que había articulado el abogado Alfredo Falú contra Noguera por su desempeño en la causa “Jorrat”. Pero, además, acusó a Herrera, que también había intervenido en la investigación de esa supuesta usurpación atribuida a Rubén “La Chancha” Ale y a Daniel Felipe Jorrat (Falú implicó también al fiscal Arnoldo Suasnábar y al juez Juan Francisco Pisa por medio del testimonio de su padre, Ricardo Falú). Según García Posse, “Jorrat” reflejaría respecto del fiscal N°10 un modus operandi irregular advertido asimismo en el trámite de las causas penales “Teves”, “Rigourd”, “Albarracín” y “Valdez”. Como consecuencia de esta denuncia, la Corte ordenó una auditoría en los expedientes mencionados, cuyos resultados aún no trascendieron.
La presentación de Terán Molina ingresó al alto tribunal el 30 de abril. El 5 de mayo fue girada al Ministerio Público a cargo de Edmundo Jiménez para que este se expida sobre la competencia, según consta en el sistema informático. El demandante afirmó que corresponde intervenir el Colegio por múltiples causas, que van desde presuntas irregularidades en el manejo del patrimonio hasta el “abandono” de la exigencia de que el abogado litigante sea tratado como un magistrado.
Terán Molina también atacó a Francisco García Posse por la acordada del Tribunal de Cuentas que expuso una posible transgresión ética de su parte en la defensa de Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, y del contador Rodolfo Atilio Torasso (el asunto fue judicializado y García Posse ya consiguió una sentencia favorable en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). También acusó a Joaquín Arch, ex integrante del Tribunal de Ética y Disciplina, de haber incurrido en incompatibilidad al pasar al directorio de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores.
“El Colegio se encuentra dominado por una casta aristocrática devenida en oligarquía. Desde hace 25 años se suceden las mismas figuritas (sic), y se alternan en los cargos entre la Caja, el Colegio, el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, amén de que también son conjueces en la Justicia Federal”, expresó Terán Molina. Ese profesional ya había acudido infructuosamente a la Justicia en el pasado, junto a grupo de colegiados díscolos, para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 5.233 (regula el ejercicio de la profesión y el funcionamiento del Colegio de Abogados) que establecen el pago de una cuota anual y la suspensión de la matrícula en caso de incumplimiento.
“Plataforma política”
Al solicitar la intervención de la entidad, el letrado dijo que el sector que la conduce creó un sistema para perpetuarse en el poder; que no dio trámite a la presunta falta de ética ventilada por el Tribunal de Cuentas; que en los últimos tiempos se alejaron distintas autoridades (José Adle, Carlos Valls, Jorge Contrera y Gilda Pedicone de Valls) y que no había una adecuada defensa de los matriculados frente al retardo de la Justicia. “Además, (los dirigentes profesionales) realizan actividades notoriamente ajenas a las enumeradas, ya que utilizan al Colegio como plataforma política para generar denuncias penales que los colegiados vienen sosteniendo desde hace una década. Estos hechos pueden ser ciertos, pero su divulgación es extemporánea (...) y puede comprometer los bienes del Colegio por (eventuales reclamos de) daños y perjuicios”, añadió.
A comienzos de marzo, el Consejo Directivo que preside García Posse decidió sumarse a la denuncia que había articulado el abogado Alfredo Falú contra Noguera por su desempeño en la causa “Jorrat”. Pero, además, acusó a Herrera, que también había intervenido en la investigación de esa supuesta usurpación atribuida a Rubén “La Chancha” Ale y a Daniel Felipe Jorrat (Falú implicó también al fiscal Arnoldo Suasnábar y al juez Juan Francisco Pisa por medio del testimonio de su padre, Ricardo Falú). Según García Posse, “Jorrat” reflejaría respecto del fiscal N°10 un modus operandi irregular advertido asimismo en el trámite de las causas penales “Teves”, “Rigourd”, “Albarracín” y “Valdez”. Como consecuencia de esta denuncia, la Corte ordenó una auditoría en los expedientes mencionados, cuyos resultados aún no trascendieron.
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