“Los abusos sexuales constituyen verdaderos crímenes al alma”

La familia de E. no sabía que la niña tenía derecho a interrumpir su embarazo debido a que había sido víctima de una violación. Según dijeron, tampoco se lo informaron. Entonces la nena de 11 años fue mamá y ni siquiera conoce quién es el padre de su bebé, ya que fueron dos hombres los que abusaron de ella.

“Es un niño que siempre le recordará a ella de dónde viene”, sostuvo la psicóloga Rosa Alastuey, especialista en violencia social y familiar. “Es un hecho traumático que le imposibilita (a la víctima) seguir adelante, con esa maternidad no deseada y no esperada, que puede desencadenar trastornos de personalidad graves en su futuro”, reflexionó.

En casos como el de E., su historia familiar es determinante para la gravedad de las consecuencias. “La violación es un hecho traumático del que cuesta salir y a veces lleva toda la vida. Es importante saber cómo fue ella como hija, qué tipo de vínculo tiene con su papá y su mamá. Si la constelación familiar es la esperada, dentro de los parámetros más o menos normales, puede haber gran apoyo y ella podrá resignificar a ese hijo. Pero en su cuerpo, en su alma, las huellas son graves. Los abusos sexuales constituyen verdaderos crímenes al alma”, analizó la profesional.

De acuerdo con la mirada de Alastuey, una persona que ha sufrido la experiencia de E. precisa un monitoreo profesional permanente. “El hecho fue brusco, no esperado, no deseado, y eso provoca desajustes. La víctima necesita un tratamiento psicológico de por vida”, alertó.

El primer abuso sexual que sufrió la nena ocurrió en agosto, en La Cocha. Su madre lo descubrió cuando fueron al médico y les informaron que E. llevaba dos meses de embarazo. “Estábamos desesperadas, pensamos en un aborto pero los médicos nos dijeron que la vida de ella estaba en riesgo. Además, el aborto es un delito”, dijo la mamá de la víctima.

Un derecho

Desde marzo de 2012, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mujeres víctimas de violación tienen derecho a practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa. “Hay una atención multidisciplinaria (asesoramiento jurídico y sanitario) que tiene que estar disponible para la víctima”, advirtió la abogada María Soledad Deza, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo-T y miembro de la Alianza Nacional de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

“Frente a un embarazo forzado, la mujer tiene que acercarse a una institución sanitaria para que reciba una atención clínica y tiene que ser informada sobre la legalidad de la interrupción de ese embarazo, que es un derecho que tiene una víctima de violación. Esa atención no puede estar subordinada a la judicialización del tema. En un primer momento hay que apuntalar a esa niña en un aspecto integral: su salud psíquica y física. El personal sanitario no debe exigir la denuncia policial”, explicó Deza.

La letrada indicó que Tucumán es una de las ocho provincias donde no se dictó un protocolo de acción para casos de abortos no punibles. “Eso generó una confusión en el sistema sanitario. Como no había protocolo, parecía que la práctica no era lícita. Pero una sentencia posterior de la Fiscalía de Instrucción de la VI° Nominación expresa que el derecho de interrumpir el embarazo sale de la ley, no de los protocolos, y que es obligación de los profesionales realizar esta práctica”, aclaró.