Por LA GACETA
02 Mayo 2015
La efeméride suele pasar inadvertida, tal vez porque no tiene la popularidad del Día del Trabajador, aunque no debería ser así. Es nada menos que la ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. Sucede que el 1º de mayo de 1853 el Congreso Constituyente, reunido en Santa Fe, aprobó la Constitución de la Confederación Argentina.
Nos costó llegar a concretar esta Carta Magna. Transcurrieron 37 años de luchas fratricidas entre unitarios y federales, desde el 9 de julio de 1816, cuando se declaró la independencia, hasta que la Constitución se sancionó el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, aunque Buenos Aires la suscribió en 1860 cuando se aceptaron sus condicionamientos. Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Se estableció un gobierno representativo, republicano y federal. El federalismo que adoptó fue moderado; se reconoció la autonomía de las provincias y organizó un poder central. Se aseguró, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles. La reunión inicial del Congreso había tenido lugar el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.
A lo largo de la historia, el texto constitucional sufrió reformas. La última fue en 1994. En su conjunto, la modificación no cambió los principales contenidos de la de 1853, aunque sí enmendó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El texto magno nunca gozó del afecto de la sociedad, probablemente por su desconocimiento. Aunque nunca fue objeto de un estudio exhaustivo, décadas atrás, en el colegio secundario, se abordaban, por lo menos, algunos aspectos de la Constitución Nacional en la materia Instrucción Cívica.
Los continuos golpes de Estado ocurridos en la historia argentina a lo largo del siglo XX dan una idea de la desobediencia del poder militar, económico y civil a la madre de leyes. Esta falta de respeto a la Carta Magna se percibe también en la actualidad, cuando no se la hace cumplir, se la aplica a medias, se la transgrede o se la ignora. Ello ha traído como consecuencia, entre otras cosas, un deterioro institucional.
Pero no solo la Constitución Nacional padece del desconocimiento de gran parte de la ciudadanía, otro tanto sucede con la Carta Magna Provincial, que fue reformada en 2006. Bastaría efectuar un sondeo callejero para descubrir que muy pocos tucumanos la han leído.
Sería, por cierto, significativo si este aniversario no fuera solo una fecha en el calendario y se lo recordara como la decisión fundamental de organizar al país como nación, a través de una Carta Magna. Mejor sería aún que se impulsara nuevamente su estudio en la secundaria, teniendo en cuenta además que los jóvenes pueden votar a partir de los 16 años. En la medida que conozcamos nuestros derechos y obligaciones, seguramente habrá más ciudadanos interesados en participar activamente en la cosa pública, así como una clase dirigente que trabaje verdaderamente por el bien común, sin anteponer a este sus ambiciones personales. Las naciones más desarrolladas se han caracterizado por su apego a la madre de leyes, que es la base para el progreso y para una democracia en la que todos los sectores de la sociedad se sientan contenidos.
Nos costó llegar a concretar esta Carta Magna. Transcurrieron 37 años de luchas fratricidas entre unitarios y federales, desde el 9 de julio de 1816, cuando se declaró la independencia, hasta que la Constitución se sancionó el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, aunque Buenos Aires la suscribió en 1860 cuando se aceptaron sus condicionamientos. Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Se estableció un gobierno representativo, republicano y federal. El federalismo que adoptó fue moderado; se reconoció la autonomía de las provincias y organizó un poder central. Se aseguró, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles. La reunión inicial del Congreso había tenido lugar el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.
A lo largo de la historia, el texto constitucional sufrió reformas. La última fue en 1994. En su conjunto, la modificación no cambió los principales contenidos de la de 1853, aunque sí enmendó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El texto magno nunca gozó del afecto de la sociedad, probablemente por su desconocimiento. Aunque nunca fue objeto de un estudio exhaustivo, décadas atrás, en el colegio secundario, se abordaban, por lo menos, algunos aspectos de la Constitución Nacional en la materia Instrucción Cívica.
Los continuos golpes de Estado ocurridos en la historia argentina a lo largo del siglo XX dan una idea de la desobediencia del poder militar, económico y civil a la madre de leyes. Esta falta de respeto a la Carta Magna se percibe también en la actualidad, cuando no se la hace cumplir, se la aplica a medias, se la transgrede o se la ignora. Ello ha traído como consecuencia, entre otras cosas, un deterioro institucional.
Pero no solo la Constitución Nacional padece del desconocimiento de gran parte de la ciudadanía, otro tanto sucede con la Carta Magna Provincial, que fue reformada en 2006. Bastaría efectuar un sondeo callejero para descubrir que muy pocos tucumanos la han leído.
Sería, por cierto, significativo si este aniversario no fuera solo una fecha en el calendario y se lo recordara como la decisión fundamental de organizar al país como nación, a través de una Carta Magna. Mejor sería aún que se impulsara nuevamente su estudio en la secundaria, teniendo en cuenta además que los jóvenes pueden votar a partir de los 16 años. En la medida que conozcamos nuestros derechos y obligaciones, seguramente habrá más ciudadanos interesados en participar activamente en la cosa pública, así como una clase dirigente que trabaje verdaderamente por el bien común, sin anteponer a este sus ambiciones personales. Las naciones más desarrolladas se han caracterizado por su apego a la madre de leyes, que es la base para el progreso y para una democracia en la que todos los sectores de la sociedad se sientan contenidos.
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