Por Abrehu Carlos
26 Abril 2015
Aldo Neri, ministro de Salud y Acción Social , anunció el 20 de diciembre de 1983 el lanzamiento del Programa Alimentario Nacional (PAN). Fue el primer plan asistencial que se desarrolló desde la restauración democrática. En marzo de 1984, se promulgó la ley 23.056 que hacía realidad el anuncio de Neri.
El despliegue del PAN en Tucumán despertó suspicacias y recelos en la dirigencia justicialista que temía la expansión radical. Desde el lado alfonsinista se realzaba la decisión de aliviar la situación de miles de personas que vivían en la precariedad. En efecto, el plan obedecía al paradigma de ayuda focalizado en la población con carencias alimentarias agudas.
La concepción del PAN estuvo enmarcada por la concepción gubernamental en relación con el crecimiento económico y su correlato de bienestar social, explicó la investigadora Susana Belmartino en Democracia y dictadura (Sudamericana, Buenos Aires, 2005). La primera etapa se del plan se extendió por dos años. Eso no evitó que las huelgas organizadas por la CGT ubaldinista se acataron a rajatabla en Tucumán en ese período.
Fernando Alfonsín, vicepresidente ejecutivo del PAN, habló el 27 de junio con el gobernador Fernando Riera y el ministro Gustavo Haurigot (Asuntos Sociales) para coordinar la puesta en marcha del programa, que estaba destinado a familias con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
El capítulo tucumano
La historia del ensayo alfonsinista empezó a vivirse el 1 de agosto de 1984. Alfonsín y Riera dieron el marco de entendimiento institucional y bipartidista. El radical Domingo Alberti (en el dibujo), delegado ejecutivo del programa, afirmó que se trataba del cumplimiento de una promesa electoral del presidente Alfonsín. Aclaró, no obstante, que no existen actitudes partidistas, sino que se busca posibilitar el derecho a la alimentación.
Fernando Alfonsín había adelantado que a Tucumán le corresponderían 45.000 cajas. También precisó que el padrón de beneficiados se calculó sobre el censo de 1980, con un adicional del 30%.
Un primer balance de las acciones ejecutadas consignaba que al 28 de octubre se habían repartido 35.000 cajas en 12 de los 17 departamentos. Alberti destapó la olla al cuestionar implícitamente a referentes del peronismo. Nos llama la atención los ataques al PAN de parte de quienes no comprenden qué es el programa, aseveró el funcionario radical.
Entre agosto y diciembre del 84, unas 58.700 cajas llegaron a manos de 16.289 familias, según Alberti y el subdelegado federal Arnaldo Suasnábar. Se habían censado entretanto unas 27.842 familias domiciliadas en 15 departamentos, que estaban en condiciones de recibir alimentos no perecederos.
La pobreza asomaba con nitidez en medio de los relevamientos y las peleas políticas de peronistas y radicales.
Las controversias
Durante 1985 se suscitaron denuncias en torno del manejo del programa. El desarrollo de la campaña electoral aumentó las tensiones y los roces entre el PJ y la UCR.
Alberti informó el 30 de diciembre del 85 que unas 610.000 cajas habían llegado a la provincia con 410.045 beneficiarias. Esta cifra equivalía al 43,5% de la población de Tucumán. Insistió, además, en la naturaleza partidista de la labor desplegada.
Arturo Figueroa, delegado provincial ante el PAN, reconoció en enero de 1986, que la ayuda era importante, pero insuficiente. Tucumán no quiere al PAN como sostén de la marginalidad, sino para los verdaderos desposeídos, planteó. Y citó casos de desnutrición aguda en Los Pocitos, Canal Norte y la Costanera. Alberti ha obrado con criterio absolutista basado en necesidades partidarias, acusó. El denunciado replicó que Figueroa no había entendido que el plan apuntaba a la promoción del individuo y no a la dádiva. Hernán Salas, titular del Siprosa. terció en la puja. Recordó, así, la repartija de cajas PAN a cambio de votos radicales antes de la elección del 3 de noviembre del 85. La discusión siguió a lo largo del año.
El despliegue del PAN en Tucumán despertó suspicacias y recelos en la dirigencia justicialista que temía la expansión radical. Desde el lado alfonsinista se realzaba la decisión de aliviar la situación de miles de personas que vivían en la precariedad. En efecto, el plan obedecía al paradigma de ayuda focalizado en la población con carencias alimentarias agudas.
La concepción del PAN estuvo enmarcada por la concepción gubernamental en relación con el crecimiento económico y su correlato de bienestar social, explicó la investigadora Susana Belmartino en Democracia y dictadura (Sudamericana, Buenos Aires, 2005). La primera etapa se del plan se extendió por dos años. Eso no evitó que las huelgas organizadas por la CGT ubaldinista se acataron a rajatabla en Tucumán en ese período.
Fernando Alfonsín, vicepresidente ejecutivo del PAN, habló el 27 de junio con el gobernador Fernando Riera y el ministro Gustavo Haurigot (Asuntos Sociales) para coordinar la puesta en marcha del programa, que estaba destinado a familias con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
El capítulo tucumano
La historia del ensayo alfonsinista empezó a vivirse el 1 de agosto de 1984. Alfonsín y Riera dieron el marco de entendimiento institucional y bipartidista. El radical Domingo Alberti (en el dibujo), delegado ejecutivo del programa, afirmó que se trataba del cumplimiento de una promesa electoral del presidente Alfonsín. Aclaró, no obstante, que no existen actitudes partidistas, sino que se busca posibilitar el derecho a la alimentación.
Fernando Alfonsín había adelantado que a Tucumán le corresponderían 45.000 cajas. También precisó que el padrón de beneficiados se calculó sobre el censo de 1980, con un adicional del 30%.
Un primer balance de las acciones ejecutadas consignaba que al 28 de octubre se habían repartido 35.000 cajas en 12 de los 17 departamentos. Alberti destapó la olla al cuestionar implícitamente a referentes del peronismo. Nos llama la atención los ataques al PAN de parte de quienes no comprenden qué es el programa, aseveró el funcionario radical.
Entre agosto y diciembre del 84, unas 58.700 cajas llegaron a manos de 16.289 familias, según Alberti y el subdelegado federal Arnaldo Suasnábar. Se habían censado entretanto unas 27.842 familias domiciliadas en 15 departamentos, que estaban en condiciones de recibir alimentos no perecederos.
La pobreza asomaba con nitidez en medio de los relevamientos y las peleas políticas de peronistas y radicales.
Las controversias
Durante 1985 se suscitaron denuncias en torno del manejo del programa. El desarrollo de la campaña electoral aumentó las tensiones y los roces entre el PJ y la UCR.
Alberti informó el 30 de diciembre del 85 que unas 610.000 cajas habían llegado a la provincia con 410.045 beneficiarias. Esta cifra equivalía al 43,5% de la población de Tucumán. Insistió, además, en la naturaleza partidista de la labor desplegada.
Arturo Figueroa, delegado provincial ante el PAN, reconoció en enero de 1986, que la ayuda era importante, pero insuficiente. Tucumán no quiere al PAN como sostén de la marginalidad, sino para los verdaderos desposeídos, planteó. Y citó casos de desnutrición aguda en Los Pocitos, Canal Norte y la Costanera. Alberti ha obrado con criterio absolutista basado en necesidades partidarias, acusó. El denunciado replicó que Figueroa no había entendido que el plan apuntaba a la promoción del individuo y no a la dádiva. Hernán Salas, titular del Siprosa. terció en la puja. Recordó, así, la repartija de cajas PAN a cambio de votos radicales antes de la elección del 3 de noviembre del 85. La discusión siguió a lo largo del año.
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