19 Abril 2015
La caducidad de la concesión del ex Hotel Savoy a la firma Impresora Internacional de Valores S A I y C (Ivisa), encargada de la explotación de máquinas de juego de azar en la provincia, ha comenzado a tener efectos colaterales.
Según confirmó el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando Cortalezzi, una vez que se revoque el contrato por 50 años que la empresa tenía desde 2012 con la entidad crediticia, se dejará sin efecto también la prórroga por 20 años para el manejo de las máquinas tragamonedas del Casino.
Sin embargo, la senadora radical Silvia Elías de Pérez sostiene que hay un “ interés desmesurado” del Poder Ejecutivo (PE) en intentar beneficiar a la firma que, según ella, incumplió con un contrato de concesión y que se retira sin consecuencias administrativas y judiciales. Según la opositora, la firma amplió desde 2012 el sistema de juego en la provincia, y lo seguirá haciendo hasta 2025.
Por este motivo, Elías de Pérez anunció a LA GACETA que mañana denunciará penalmente a Cortalezzi por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entiende la senadora nacional que se busca beneficiar a Ivisa con el fin de que no tenga que hacerse cargo de los daños y perjuicios hacia la provincia para la ruptura unilateral del contrato.
“La empresa Ivisa viene quedándose con una enorme rentabilidad proveniente del juego donde, en connivencia con el Gobierno, lo que le deja a la Provincia es realmente muy poco. Porque cada vez que Ivisa se comprometió a realizar una inversión, el dinero salió vía crédito de la Caja Popular”, cuestionó Elías de Pérez. La senadora afirmó que las ruletas y tragamonedas no cuentan con un software que brinde información sobre la facturación mensual. “La Caja Popular no lleva ninguna inspección. Sólo le cobra un canon fijo a la empresa. Todo esto es escandaloso, porque no se sabe cuál es la recaudación real por el juego. Entonces, ¿cuál es el verdadero negocio que se pretende ocultar? Si van a entregar semejante concesión, por lo menos tienen que controlar lo que está ganando esta empresa para que haya transparencia”, dijo.
Según confirmó el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando Cortalezzi, una vez que se revoque el contrato por 50 años que la empresa tenía desde 2012 con la entidad crediticia, se dejará sin efecto también la prórroga por 20 años para el manejo de las máquinas tragamonedas del Casino.
Sin embargo, la senadora radical Silvia Elías de Pérez sostiene que hay un “ interés desmesurado” del Poder Ejecutivo (PE) en intentar beneficiar a la firma que, según ella, incumplió con un contrato de concesión y que se retira sin consecuencias administrativas y judiciales. Según la opositora, la firma amplió desde 2012 el sistema de juego en la provincia, y lo seguirá haciendo hasta 2025.
Por este motivo, Elías de Pérez anunció a LA GACETA que mañana denunciará penalmente a Cortalezzi por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entiende la senadora nacional que se busca beneficiar a Ivisa con el fin de que no tenga que hacerse cargo de los daños y perjuicios hacia la provincia para la ruptura unilateral del contrato.
“La empresa Ivisa viene quedándose con una enorme rentabilidad proveniente del juego donde, en connivencia con el Gobierno, lo que le deja a la Provincia es realmente muy poco. Porque cada vez que Ivisa se comprometió a realizar una inversión, el dinero salió vía crédito de la Caja Popular”, cuestionó Elías de Pérez. La senadora afirmó que las ruletas y tragamonedas no cuentan con un software que brinde información sobre la facturación mensual. “La Caja Popular no lleva ninguna inspección. Sólo le cobra un canon fijo a la empresa. Todo esto es escandaloso, porque no se sabe cuál es la recaudación real por el juego. Entonces, ¿cuál es el verdadero negocio que se pretende ocultar? Si van a entregar semejante concesión, por lo menos tienen que controlar lo que está ganando esta empresa para que haya transparencia”, dijo.
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