La metodología es la siguiente:
• La empresa X contrata los “servicios” de las firmas truchas H, Y y Z.
• H, Y y Z son, en la mayoría de los casos (también hay empresas que incurren en la práctica), particulares que se inscriben en la AFIP como PyME, cooperativas o prestadores diversos para poder emitir facturas.
• Estas tres empresas ficticias facturan a nombre de X, como si efectivamente les hubiesen efectuado ventas o servicios.
• Así, X paga menos impuestos por mayores gastos y H, Y y Z reciben una “retribución” mensual por haber emitido a nombre de X las boletas.
Esta es una de las formas en la que operan las fábricas de facturas apócrifas, mecanismos que permiten desde evasiones impositivas menores -como lograr tributar menos por Ganancias- hasta fraudes con obras públicas.
Si bien la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realiza un monitoreo y control de este tipo de práctica ilegal, las listas de infractores no siempre son dadas a conocer por el organismo. En este caso, LA GACETA utilizó una base que elaboró el equipo periodístico de “Clarín Data” (www.clarin.com/clarindata), que analizó más de 135.000 registros públicos de la AFIP y logró construir una base de 11.220 usinas o empresas de facturas truchas en el país. El propio Ricardo Echegaray, titular del organismo, anunció en octubre del año pasado que iba a hacer público el listado (a través de la página web de la AFIP), de empresas que quedaron fuera de la cobertura del secreto fiscal. De un análisis que realizó LA GACETA, utilizando el listado publicitado por “Clarín”-AFIP, 714 nombres correspondieron a emitidores de facturas truchas de Tucumán.
El número ha sido más que significativo: la provincia se ubicó en el triste top five de las provincias con mayor cantidad de infractores fiscales y a nivel NOA, ocupó el primer puesto.
Del análisis de las 714 razones sociales del listado bajo la lupa de la AFIP surgieron algunas particulares. Por ejemplo, en la calle Raúl Colombres al 100 de esta capital aparecieron registrados tres facturadores que compartieron apellido y dirección. Es decir, tuvieron diferente CUIT, pero habrían funcionado en el mismo domicilio. Otro caso peculiar fue el de cuatro emisores de boletas presuntamente truchas que compartieron un peculiar apellido, iguales direcciones, pero distintos números de identificación ante la AFIP. Según pudo constatar LA GACETA, la mayoría de los particulares que aparecieron en el listado desarrollaría su “prestación de servicio” en su domicilio particular: hay viviendas familiares en barrios diversos de San Miguel de Tucumán (como el Oeste II, Sur, Norte y Villa 9 de Julio) que aparecieron como asiduos facturadores. Por ese mismo motivo, el de no poder justificar su funcionamiento, aparecieron en la “lista negra” de la AFIP.
Hay otras cuestiones que también fueron notorias. Bajo la lupa del organismo fiscal nacional estuvieron cooperativas, PyME y hasta un ingenio azucarero (el San Juan) de Tucumán.
La ley aplica penas que van desde la suspensión de la razón social, pasando por multas y hasta por juicios que pueden derivar en denuncias penales. Sin embargo, la práctica, por lo redituable, prolifera -hasta aquí- con una rapidez mayor a la capacidad del Estado en frenar esta prestación ilegal.