17 Abril 2015
La actuación del fiscal Guillermo Herrera en el caso de Jorge Alejandro Rigourd no puede ser comparada a la actividad que aquel funcionario constitucional desplegó respecto de las causas “Jorrat”, de Julio Gerardo Valdez, de Roxana Teves y de Miguel Albarracín. Esta es la posición del letrado Mario Leiva Haro, que en una nota dirigida al Colegio de Abogados de la Capital se presentó como damnificado por Cofin SA, la compañía financiera de Rigourd, y representante de otras ocho supuestas víctimas del mismo empresario.
“Considero que el presidente del Colegio (Francisco García Posse), debería informarse antes de hacer declaraciones e equiparaciones respecto de la causa ‘Rigourd’ con las otras que menciona, ya que sus consideraciones parecen los argumentos defensivos del imputado y dejan de lado la realidad de los hechos en cuanto a las más de 200 personas estafadas”, dijo el profesional en una misiva del 13 de abril pasado. García Posse había declarado a Diego López Ávila, fiscal de la IV Nominación de esta capital, que la causa “Jorrat”, por la que también está denunciado el fiscal Alejandro Noguera, revelaba en relación con Herrera un patrón de conducta que podía ser advertido también en “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín” (las denominaciones entrecomilladas responden al apellido de los imputados y no necesariamente a las carátulas de los expedientes).
Dicho modelo de comportamiento, según García Posse, consistiría en: 1) la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; 2) la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y 3) el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
Leiva Haro disintió parcialmente con esta hipótesis al decir que Rigourd, sus socios y empleados habían desarrollado un ardid delictual: “firmaron documentos que avalan nuestros créditos y que jamás pudimos cobrar porque no fueron sellados; nos mintieron más de un año haciéndonos renovar los créditos con falsas propuestas y, finalmente, concretaron la amenaza de presentarse en concurso de acreedores”. Leiva Haro agregó que ese concurso es una “sentencia de muerte” para sus pretensiones: “es evidente el despropósito que implica equiparar esa causa con las demás”.
La denuncia de García Posse está acumulada a otras presentaciones contra los fiscales Herrera y Noguera, y el juez Juan Francisco Pisa. En esta misma causa a cargo de López Ávila, el testigo José Ricardo Falú incriminó al fiscal Arnoldo Suasnábar.
“Impunidad”
Gumersindo Parajón, precandidato a gobernador por el partido Alternativa Popular, opinó que existe impunidad porque no hay justicia: “sostengo que debe haber acuerdo entre los postulantes a la gobernación: el que resulte electo, tiene que poner en comisión a la Justicia penal porque las denuncias contra los fiscales y un juez demuestran que todos ellos responden a un dueño. Hasta que no se cambie la forma de elegir magistrados, estos seguirán dependiendo de quien los nombre”.
“Considero que el presidente del Colegio (Francisco García Posse), debería informarse antes de hacer declaraciones e equiparaciones respecto de la causa ‘Rigourd’ con las otras que menciona, ya que sus consideraciones parecen los argumentos defensivos del imputado y dejan de lado la realidad de los hechos en cuanto a las más de 200 personas estafadas”, dijo el profesional en una misiva del 13 de abril pasado. García Posse había declarado a Diego López Ávila, fiscal de la IV Nominación de esta capital, que la causa “Jorrat”, por la que también está denunciado el fiscal Alejandro Noguera, revelaba en relación con Herrera un patrón de conducta que podía ser advertido también en “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín” (las denominaciones entrecomilladas responden al apellido de los imputados y no necesariamente a las carátulas de los expedientes).
Dicho modelo de comportamiento, según García Posse, consistiría en: 1) la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; 2) la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y 3) el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
Leiva Haro disintió parcialmente con esta hipótesis al decir que Rigourd, sus socios y empleados habían desarrollado un ardid delictual: “firmaron documentos que avalan nuestros créditos y que jamás pudimos cobrar porque no fueron sellados; nos mintieron más de un año haciéndonos renovar los créditos con falsas propuestas y, finalmente, concretaron la amenaza de presentarse en concurso de acreedores”. Leiva Haro agregó que ese concurso es una “sentencia de muerte” para sus pretensiones: “es evidente el despropósito que implica equiparar esa causa con las demás”.
La denuncia de García Posse está acumulada a otras presentaciones contra los fiscales Herrera y Noguera, y el juez Juan Francisco Pisa. En esta misma causa a cargo de López Ávila, el testigo José Ricardo Falú incriminó al fiscal Arnoldo Suasnábar.
“Impunidad”
Gumersindo Parajón, precandidato a gobernador por el partido Alternativa Popular, opinó que existe impunidad porque no hay justicia: “sostengo que debe haber acuerdo entre los postulantes a la gobernación: el que resulte electo, tiene que poner en comisión a la Justicia penal porque las denuncias contra los fiscales y un juez demuestran que todos ellos responden a un dueño. Hasta que no se cambie la forma de elegir magistrados, estos seguirán dependiendo de quien los nombre”.
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