17 Abril 2015
El fin de la concesión del ex Hotel Savoy derivará para la firma Impresora Internacional de Valores S A I y C (Ivisa) en la caída de beneficios relacionados con la explotación del juego en la provincia.
El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando Cortalezzi, confirmó ayer que, una vez que se revoque el contrato por 50 años que la empresa tenía desde 2012 con la entidad crediticia provincial, se dejará sin efecto también la prórroga por 20 años para el manejo de las máquinas tragamonedas del Casino Provincial.
“Estamos esperando que el gobernador, José Alperovich, promulgue la autorización brindada por la Legislatura para poder hacer la rescisión formal. La firma argumentó que por muchas razones, entre ellas la inflación, no pudo hacer la obra. Todos los beneficios que tuvieron con aquella ley, entonces, se caerán”, detalló Cortalezzi al ser consultado por LA GACETA.
El lunes, la Legislatura autorizó a la CPA a dejar sin vigencia el acuerdo con Ivisa. En 2012, la Cámara había aprobado la Ley 8.492, que otorgó hasta el año 2062 la explotación del edificio del ex Savoy (Sarmiento y Maipú) y de los juegos de azar electrónicos (Ivisa los tenía concedidos hasta 2026). A cambio, la firma invertiría al menos $ 75 millones en la remodelación del establecimiento hotelero y en la construcción de un moderno centro de convenciones.
El texto aprobado consigna que la empresa deberá dejar expresado que no iniciará reclamos de daños y perjuicios.
Cortalezzi recordó, asimismo, que el artículo número 3 de la norma establece que el “incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria generará el decaimiento de las prórrogas autorizadas”.
“Veremos si hay algún otro interesado, lo vamos a escuchar. Porque la verdad que el ex hotel necesita un arreglo. Hace poco tuvieron que sacarse todos los expedientes porque había un peligro latente por el peso de los archivos”, advirtió. Fuentes oficiales consignaron, sin embargo, que el asunto no es una prioridad por ahora para la Casa de Gobierno, debido a que el fin de la gestión está cerca.
La relación con Ivisa
Ivisa había tenido hasta ahora una relación estrecha con el Gobierno provincial.
La empresa había llegado a Tucumán en 1999. Tras una licitación pública, se había hecho cargo del servicio de automatización de quinielas.
En 2006, el Estado había concedido el derecho de explotación de 200 tragamonedas en el Casino, a cambio de un canon mensual (el monto anual rondaría los $ 5 millones). En principio, el acuerdo había sido hasta 2026 y así quedará ahora.
El proyecto para revalorizar el histórico edificio del ex Savoy tuvo un derrotero de idas y vueltas. Las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y de la comisión de Patrimonio de la Provincia habían demorado el inicio de las obras.
En septiembre del año pasado, la firma anunció intempestivamente que finalmente no podría cumplir con el trato por “razones de fuerza mayor”.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura, el parlamentario oficialista Ramiro González Navarro, fue el encargado de revelar el lunes que Ivisa había notificado al Gobierno de que el motivo de su desistimiento fue que no estaban dadas las condiciones en el suelo del predio para desarrollar el plan de trabajos aprobado y que modificarlo dispararía los costos más allá de sus posibilidades económicas.
El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando Cortalezzi, confirmó ayer que, una vez que se revoque el contrato por 50 años que la empresa tenía desde 2012 con la entidad crediticia provincial, se dejará sin efecto también la prórroga por 20 años para el manejo de las máquinas tragamonedas del Casino Provincial.
“Estamos esperando que el gobernador, José Alperovich, promulgue la autorización brindada por la Legislatura para poder hacer la rescisión formal. La firma argumentó que por muchas razones, entre ellas la inflación, no pudo hacer la obra. Todos los beneficios que tuvieron con aquella ley, entonces, se caerán”, detalló Cortalezzi al ser consultado por LA GACETA.
El lunes, la Legislatura autorizó a la CPA a dejar sin vigencia el acuerdo con Ivisa. En 2012, la Cámara había aprobado la Ley 8.492, que otorgó hasta el año 2062 la explotación del edificio del ex Savoy (Sarmiento y Maipú) y de los juegos de azar electrónicos (Ivisa los tenía concedidos hasta 2026). A cambio, la firma invertiría al menos $ 75 millones en la remodelación del establecimiento hotelero y en la construcción de un moderno centro de convenciones.
El texto aprobado consigna que la empresa deberá dejar expresado que no iniciará reclamos de daños y perjuicios.
Cortalezzi recordó, asimismo, que el artículo número 3 de la norma establece que el “incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria generará el decaimiento de las prórrogas autorizadas”.
“Veremos si hay algún otro interesado, lo vamos a escuchar. Porque la verdad que el ex hotel necesita un arreglo. Hace poco tuvieron que sacarse todos los expedientes porque había un peligro latente por el peso de los archivos”, advirtió. Fuentes oficiales consignaron, sin embargo, que el asunto no es una prioridad por ahora para la Casa de Gobierno, debido a que el fin de la gestión está cerca.
La relación con Ivisa
Ivisa había tenido hasta ahora una relación estrecha con el Gobierno provincial.
La empresa había llegado a Tucumán en 1999. Tras una licitación pública, se había hecho cargo del servicio de automatización de quinielas.
En 2006, el Estado había concedido el derecho de explotación de 200 tragamonedas en el Casino, a cambio de un canon mensual (el monto anual rondaría los $ 5 millones). En principio, el acuerdo había sido hasta 2026 y así quedará ahora.
El proyecto para revalorizar el histórico edificio del ex Savoy tuvo un derrotero de idas y vueltas. Las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y de la comisión de Patrimonio de la Provincia habían demorado el inicio de las obras.
En septiembre del año pasado, la firma anunció intempestivamente que finalmente no podría cumplir con el trato por “razones de fuerza mayor”.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura, el parlamentario oficialista Ramiro González Navarro, fue el encargado de revelar el lunes que Ivisa había notificado al Gobierno de que el motivo de su desistimiento fue que no estaban dadas las condiciones en el suelo del predio para desarrollar el plan de trabajos aprobado y que modificarlo dispararía los costos más allá de sus posibilidades económicas.
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