16 Abril 2015
Las juezas que integrarán el tribunal que presidirá el juicio oral en el que los policías Mondino Becero y Arturo Monserrat serán juzgados por el homicidio de Ismael Lucena, aceptaron ayer la inhibición que había presentado el magistrado de la Sala II de la Cámara en lo Penal, Eduardo Romero Lascano, informaron fuentes tribunalicias.
Luego de tomar esta resolución las juezas Alicia Freidenberg, María Elisa Molina y María del Pilar Prieto deberán fijar una nueva fecha para que se realice este debate oral que estaba previsto que comience el lunes.
El pedido de inhibición interpuesto por Romero Lascano surgió, de acuerdo con los fundamentos que esgrimió en su presentación, luego de que un grupo de asociaciones de derechos humanos se adhiriera a un pedido formulado por la abogada Julia Albarracín, quien representa a la familia de Lucena, el joven de 25 años que murió, en noviembre de 2011, luego de una brutal golpiza que, según la Justicia, le propinaron los policías imputados.
El pedido formulado por Albarracín, según explicó, consistía en solicitar una sala de audiencia de mayores dimensiones para que pudieran entrar todos los interesados en presenciar el debate. Esa, de acuerdo con la abogada, fue la nota que firmaron los organismos de derechos humanos a los que hizo alusión el juez al presentar su inhibición.
A su vez Romero Lascano sostuvo que las asociaciones que adhirieron a la solicitud de los Lucena, pusieron en duda -en 2012- su imparcialidad cuando integró el tribunal que absolvió a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón. Por eso su apartamiento. El nuevo tribunal definiría la próxima semana la nueva fecha del debate.
Luego de tomar esta resolución las juezas Alicia Freidenberg, María Elisa Molina y María del Pilar Prieto deberán fijar una nueva fecha para que se realice este debate oral que estaba previsto que comience el lunes.
El pedido de inhibición interpuesto por Romero Lascano surgió, de acuerdo con los fundamentos que esgrimió en su presentación, luego de que un grupo de asociaciones de derechos humanos se adhiriera a un pedido formulado por la abogada Julia Albarracín, quien representa a la familia de Lucena, el joven de 25 años que murió, en noviembre de 2011, luego de una brutal golpiza que, según la Justicia, le propinaron los policías imputados.
El pedido formulado por Albarracín, según explicó, consistía en solicitar una sala de audiencia de mayores dimensiones para que pudieran entrar todos los interesados en presenciar el debate. Esa, de acuerdo con la abogada, fue la nota que firmaron los organismos de derechos humanos a los que hizo alusión el juez al presentar su inhibición.
A su vez Romero Lascano sostuvo que las asociaciones que adhirieron a la solicitud de los Lucena, pusieron en duda -en 2012- su imparcialidad cuando integró el tribunal que absolvió a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón. Por eso su apartamiento. El nuevo tribunal definiría la próxima semana la nueva fecha del debate.
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