“Sin política de Estado, estamos perdidos”

El camarista federal Ricardo Sanjuán opina que la falta de fondos para que las provincias se hagan cargo, y de medidas complementarias para implementar la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo ha generado el estancamiento del proyecto. Pero el problema se mantiene y se agrava.

Usted estaba de acuerdo con la desfederalización del narcomenudeo...

- Estoy de acuerdo. Pero también dije en su oportunidad que no era levantar la mano y nada más. En la Legislatura se aprobó la ley pero los fiscales de Instrucción no tenían los elementos ni la capacitación ni los medios. Esta ley no empieza con la sanción penal; el tema estupefacientes empieza con la prevención, sigue con la educación y termina con la sanción. Cuando se aprueba esta ley en Tucumán había seis provincias que habían dictado sus propias leyes de adhesión: Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Salta y Santa Fe. Nada más. Se aplica en Buenos Aires; en Entre Ríos quedó supeditada a que la Nación le mande los fondos necesarios para armar toda la infraestructura; en Córdoba está aplicándose; en Salta empezó muy bien y ahora ya tiene graves inconvenientes; y Santa Fe también está supeditada al envío de fondos; en Tucumán de esto la ley no dice nada. Simplemente se levantó la manito: “acá está la ley”. La Corte hizo estudios previos, nos pidió informes y creo que prudentemente opinó que por ahora no era conveniente que la provincia la tome.

- ¿Qué ha pasado en todo este año?

- Empecemos por la prevención. La provincia tiene una Secretaría de Prevención de las Adicciones que ha mejorado muchísimo con la asunción de (Lucas) Haurigot Posse, porque creo que en los años anteriores no se había realizado ningún tipo de trabajo de campo. Esto es, poner los pies en el barro e ir a ver qué pasa con las familias en situaciones de riesgo. Ahora veo que hay un trabajo sobre todo en La Costanera y en lugares conflictivos; se están formando centros para tratar y otros para derivación; hay lugares para tratamiento de las adicciones: el hospital Avellaneda, con una boca de entrada de consulta de donde se puede derivar para tratamiento; Las Moritas (36 camas, de dos a tres meses de tratamiento); el hospital Obarrio (10 a 12 camas, tratamiento de 10 días de desintoxicación); hospital del Carmen (de 10 a 12 camas, tratamiento de 10 días); hospitales de día con tratamientos ambulatorios, que los practican fundaciones como Ariadna, Volver, Crea (centro de referencia de alcoholismo y adicciones); fundación Intihuasi, el hospital Padilla (que en realidad es más para casos de intento de suicidio), el hospital de Niños (porque ha bajado la edad de consumo) y un centro en Tafí Viejo.

- ¿Todo esto es una mejora en la situación?

- Eso es lo que hay. Veamos los números. Hablamos del hospital Avellaneda. El personal, a pesar del muy buen esfuerzo, está desbordado. Llegan pacientes enviados desde la Justicia pero también gente que se enteró del servicio por la campaña de difusión. Nosotros hemos recibido a través de los buzones de denuncias gente que dejaba una cartita diciendo “tengo mi hijo en tal situación, no sé qué hacer, por favor hagan algo”. Muchos casos que derivábamos a la Secretaría de Haurigot. El hospital Avellaneda atiende de 7.30 a 18 hs. y tiene aproximadamente 20 profesionales y un promedio de 850 consultas por mes. Ellos determinan si es necesaria la internación y derivan. Vamos a la parte judicial. Desde que implementamos el tema de las denuncias se incrementaron las causas. Entre 2009 y 2014 tenemos este promedio de delitos comprendidos en la ley 23.737: juzgado 1, 1.265 causas, 215 de menor cuantía (consumo); juzgado 2, 1.326 causas, 158 de menor cuantía. Las causas que pasan al tribunal oral: Juzgado 1, 175; y Juzgado 2, 194. Detenidos: 506 varones y 103 mujeres en el Juzgado 1, y 502 varones y 110 mujeres en el Juzgado 2. Las de menor cuantía son consumidores, que no es lo mismo que narcomenudeo. Del total de 2.591 causas de estos cinco años (sin contar las de menor cuantía), el 60 o el 70% serían de narcomenudeo. Estos números pueden dar una idea de qué es lo que va a suceder si pasan las causas a la provincia. Desde la “Campaña por la vida” que empezó en su momento la Cámara Federal con el Ministerio de Gobierno y el Colegio de Abogados, desde el 14 de agosto a la fecha hay 141 denuncias más sobre lugares de posible venta de estupefacientes y 38 pedidos de asistencia por adicciones.

- Si hubiera regido la ley las 10 fiscalías de la capital se habrían repartido unas 1.813 causas...

- Eso, suponiendo que todas las fiscalías se ocuparan del tema. ¿Qué medios tienen, con qué cuentan? Y... están en la misma situación que nosotros en la Justicia Federal. Ya se ve el número de las provincias que se han adherido, porque temen que les pase lo que está pasando en Salta, lo que pasó en Córdoba y en Buenos Aires. La provincia no tiene los fondos para que los tribunales provinciales asistan a la gente en su complejidad total.

- El ministro Fiscal no sólo dijo que no tienen elementos para el trabajo habitual sino que hizo un planteo de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si se le da la razón?

- Para empezar, esto no es una cuestión de tribunales; esto es una cuestión de política de Estado, de todos. Es decir, cómo hacemos para que de acá a unos años veamos cuál es la forma de reducir la cantidad de adictos y el narcomenudeo con todo lo que esto implica. Esto es, cómo cortar la cadena de narcos que reparten droga en los quioscos, que se han transformado en PyMEs que se dedican a esta actividad. Por eso se reiteran detenciones y procedimientos; se reitera la cantidad de detenidos con varias causas; el incremento de consumo de estas drogas es importante y el incremento de número de causas en que ha ido disminuyendo la edad de consumo es importante; la iniciación ya se da entre los 10 y los 11 años. Y se da una paradoja de que estos delincuentes que se aprovechan de esa situación consiguen a estos adictos que se transforman después en soldaditos para repartir y distribuir drogas; son chicos menores que caen presos y que se les da inmediatamente la libertad; y empieza el círculo vicioso. Si la idea es terminarlo dentro del proceso penal estamos totalmente equivocados. El trabajo empieza por otro lado, no por la sanción.

Hay barrios donde la venta de droga es por cuadra, por manzana, por sectores donde la fuerza de seguridad en algunos casos ni siquiera entra. ¿Con cuántas fuerzas de seguridad contamos? Con una División de Drogas Peligrosas provincial solamente en la capital, no en el interior. Yo hablé en su momento con el ministro para que en cada Regional de Policía hubiera un equipo de gente que trabaje en el tema. No se ha hecho.

- Ud. dijo el año pasado que había un techo de trabajo por la complejidad de cada causa.

- Se está creando el tercer juzgado. Por lo menos se ha llamado a concurso de juez y se está definiendo lo del fiscal y los defensores. Pero creo que cuando arribemos al tercer juzgado ya vamos a estar en la necesidad del cuarto. No nos olvidemos de que los jueces federales tenemos competencia múltiple; no solamente atendemos causas penales. Ese mismo juez que está resolviendo un amparo por la salud tiene que tomar una indagatoria por una causa de drogas, por estafa, por lavado de dinero, por trata, por contrabando, un amparo por los jubilados, una causa de la Universidad o un juicio contra ferrocarriles, Agua y Energía, DGI... más las causas de lesa humanidad que tiene el Juzgado 1, con ciento y pico de detenidos; y el Juzgado 2 con la causa del Pozo de Vargas. Tenemos a veces los presos ambulando porque no sabemos dónde los vamos a dejar porque la cárcel es de la provincia y tiene un cupo. Lo más cercano que tenemos para derivación es Güemes o Santiago del Estero, que están colapsados ya.

- Volviendo al narcotráfico: nunca se llega a los barones de la droga. ¿Atrapan alguna vez al tipo que trae grandes cantidades?

- Sí hay casos. ¿Pero cómo se arma la prueba? A veces se secuestran cantidades no importantes pero, por las tareas de inteligencia previa, se ha podido establecer que hay una red, aunque no se encuentre mucha droga. Es decir hemos encontrado un tipo que tenía un kilo de cocaína pero por la forma en que trabajaba estaba en condiciones de distribuir 30 kilos por lo menos. Los otros 29, ¿dónde están? Hay una cadena de complicidades. Estos tipos son dueños del mercado, tienen varias bocas de expendio que son difíciles de detectar, siempre van por delante tuyo.

- ¿Cuál debería ser la estrategia?

- Vuelvo a repetirlo: si no hay una política de estado en que todos los sectores nos involucremos, estamos perdidos. El tema es cómo. En un país en el que es fácil entrar y fácil salir, cuya frontera norte está descuidada y que tiene el puerto en conflicto. La lucha de Rosario no es por el narcomenudeo, es por el puerto, por esa boca de salida del país. En cuanto a la boca de entrada, hace poco he leído sobre la problemática de la cantidad de colombianos que han comprado tierras en la zona de frontera, por su nombre o por testaferros. ¿Cómo es esto? ¿El Estado no puede conocer quién entra, quién sale, quién se queda en este país? Hay una migración de las organizaciones de la droga que han encontrado el mejor lugar para vivir. Lo han encontrado en Puerto Madero y en los countries de Buenos Aires. Uno va a cualquier lugar del mundo, le ven el pasaporte, le preguntan por cuánto tiempo se queda, dónde se alojará; acá no, es piedra libre. Si no hablamos de una política de Estado, ¿cómo no voy a decir que la lucha se está perdiendo?

- Los jueces federales hablaron de esto hace meses en Orán. ¿Qué reacción hubo?

- Se ha preocupado el secretario de Seguridad de la Nación, ha hecho reunión con los jueces en Buenos Aires, ha venido gente de la Secretaría de Justicia nacional y de la Secretaría de Seguridad de Tucumán y la novedad que tenemos es que, por ejemplo, están terminando de entrenar cuatro canes, se están diagramando las licitaciones para construir nuevas cárceles federales para el norte. Pero la Gendarmería está custodiando las villas en la ciudad de Buenos Aires, quieren poner un escáner nuevo para que en las rutas detecten los vehículos con droga, cosa que les avisemos a los narcos dónde estamos parados para que no vayan por esa ruta, porque ruta es lo que sobra acá y el camión del escáner se lo conoce de acá a la legua, es como un semáforo en la ruta. No hay inteligencia en esto; no hay ley de derribo ni control aéreo ni radares.

- La Nación dice que sí hay.

- Sí, por supuesto. Yo simplemente digo: vamos a la frontera. Ya no hace falta que los aviones tengan pista porque ahora se produce un bombardeo de droga; no aterrizan salvo que tengan un percance técnico y salvo la casualidad de que se pueda detener a alguien. En diciembre en Salta en 10 días secuestraron 800 kilos de cocaína. En un caso fue bombardeo y en el otro la avioneta aterrizó y se trancó en el suelo. Todas las respuestas del poder político, en los hechos, no las vemos. Por eso cada vez hay más.

- El Papa habló de laboratorios en Argentina y generó un revuelo. ¿Hay laboratorios en Tucumán?

- Creo que hablaba de un contexto más general cuando hablaba de “mexicanización” del país. Yo tengo 30 años de Justicia Federal y buena parte he sido camarista en las provincias del norte; nunca he visto un laboratorio. Sí he visto contrabando de precursores químicos. Un festival de precursores químicos. He visto cocinas pequeñas, reducidas, para estirar droga y vender más basura. Cocinas para producir no he visto. Las cocinas para estirar droga son lo que más nos deberían estar preocupando por la calidad de lo que se está haciendo. Uno ve lo que se secuestra en narcomenudeo. A veces no se alcanza el pico para encontrar la gradación de un gramo de cocaína, pero sí encontramos vidrio molido, harina, almidón, cafeína, aspirina, toda basura.