13 Abril 2015
El juicio por el crimen de Ismael Lucena llegó en agosto del año pasado a la Sala II de la Cámara en lo Penal.
A fines de 2014 las partes participaron de una audiencia oral para definir la fecha del juicio. Pero en esa ocasión el abogado Cergio Morfil señaló que la defensora Julia Albarracín, que representa a la familia de la víctima, había realizado dos demandas civiles en contra de los imputados. Cuando, según Morfil, debería ser solamente una demanda.
En este contexto, Albarracín dijo que las ambas demandas están dentro del marco de la ley. “En el juicio que presentamos en el fuero civil, hicimos una demanda en contra del Estado debido a que los imputados eran miembros activos de la Policía de Tucumán. Las demandas civiles tienen un máximo de dos años para ser presentadas. Por eso es que hicimos ese juicio”, aseveró. La resolución de ese juicio civil, según se informó, permanece pendiente por una apelación presentada por el Gobierno provincial.
La otra presentación, según subrayó Albarracín, fue presentada dentro del juicio penal que debía ser presidido por el juez Eduardo Romero Lascano. “La presentación que preparamos para el debate, la demanda civil afecta al patrimonio de los imputados. La decisión de hacer una acción judicial en el fuero civil respondió a cuestiones de tiempos procesales. Si no demandábamos al Estado antes de que se cumplieran los dos años del crimen, ya no íbamos a poder hacerlo”, concluyó la letrada.
Estos planteos deberán ser resueltos antes del inicio de este juicio que ya generó tensiones entre las partes. Según trascendidos, esta semana habría una marcha de protesta pidiendo que se fije de inmediato una nueva fecha para el debate.
A fines de 2014 las partes participaron de una audiencia oral para definir la fecha del juicio. Pero en esa ocasión el abogado Cergio Morfil señaló que la defensora Julia Albarracín, que representa a la familia de la víctima, había realizado dos demandas civiles en contra de los imputados. Cuando, según Morfil, debería ser solamente una demanda.
En este contexto, Albarracín dijo que las ambas demandas están dentro del marco de la ley. “En el juicio que presentamos en el fuero civil, hicimos una demanda en contra del Estado debido a que los imputados eran miembros activos de la Policía de Tucumán. Las demandas civiles tienen un máximo de dos años para ser presentadas. Por eso es que hicimos ese juicio”, aseveró. La resolución de ese juicio civil, según se informó, permanece pendiente por una apelación presentada por el Gobierno provincial.
La otra presentación, según subrayó Albarracín, fue presentada dentro del juicio penal que debía ser presidido por el juez Eduardo Romero Lascano. “La presentación que preparamos para el debate, la demanda civil afecta al patrimonio de los imputados. La decisión de hacer una acción judicial en el fuero civil respondió a cuestiones de tiempos procesales. Si no demandábamos al Estado antes de que se cumplieran los dos años del crimen, ya no íbamos a poder hacerlo”, concluyó la letrada.
Estos planteos deberán ser resueltos antes del inicio de este juicio que ya generó tensiones entre las partes. Según trascendidos, esta semana habría una marcha de protesta pidiendo que se fije de inmediato una nueva fecha para el debate.
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