Cinco casos que el Colegio de Abogados reprocha a Herrera

El Colegio de Abogados de la Capital sostiene que no sólo hay que investigar la actividad que desplegaron Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, y Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción de la X Nominación, en la causa “Jorrat”. Francisco García Posse, presidente de la entidad intermedia, pidió a Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la IV Nominación, que estudie también el desempeño de Herrera respecto de otros cuatro imputados y expedientes. Todos ellos reflejarían una misma pauta de comportamiento. El 31 de marzo pasado, en la declaración que prestó en la Fiscalía IV, García Posse dijo que ese patrón de conducta está determinado por la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

El letrado manifestó que los casos “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín” serían ejemplos de aquel modus operandi de Herrera (las denominaciones responden al apellido de los imputados y no necesariamente a las carátulas de los expedientes). El más antiguo de todos ellos es “Teves”, que empezó en 2010 y tiene conexión directa con “Albarracín”. La causa más nueva es “Rigourd”, que fue iniciada a finales del año pasado.

“JORRAT”

La causa que la justicia federal considera que corresponde reabrir

En 2011, el fiscal Guillermo Herrera inició la investigación de la supuesta usurpación de una finca en Los Pereyra. En agosto de ese año, el fiscal acusó a Daniel Felipe Jorrat y Rubén“La Chancha” Ale de ingresar con una banda al campo de Gustavo Sergio Carrasco, de usurpar esas tierras, de apropiarse de 150 hectáreas de soja, de amenazar a los trabajadores que estaban allí, de desobedecer una orden judicial y de vender los granos en el mercado informal. Por este asunto, Herrera requirió la detención y la prisión preventiva de Jorrat y Ale. El juez Manuel Pérez concedió ambas medidas pero, cuando la defensa apeló la prisión preventiva, Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, dictaminó a favor de los acusados -se expidió a los minutos de recibir la causa mediante un documento de 14 fojas-. Sin embargo, los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar ratificaron la decisión del magistrado Pérez. El 18 de junio de 2012, mientras se hallaban cumpliendo la prisión preventiva, los imputados suscribieron con los querellantes y actores civiles, un convenio que aseguraba la restitución de la tierra a Carrasco y el pago de una indemnización de $ 300.000. A partir de entonces, Herrera consiente el cese de la prisión preventiva y a comienzos de 2014 pide el sobreseimiento con el argumento de que no había elementos para sostener una acusación. Pérez se negó y el caso llegó a Noguera, que volvió a favorecer a los imputado. Este año, la Justicia Federal dio a conocer el hallazgo de una carta elogiosa de los Ale cuya escritura atribuyó a Noguera y a la actitud que este adoptó en “Jorrat”. El juez Fernando Luis Poviña considera que las presuntas irregularidades advertidas justifican la reapertura de esta causa. 

“VALDEZ”

FUE ADMITIDO COMO QUERELLANTE Y LUEGO CITADO A DECLARAR COMO ACUSADO

Julio Gerardo Valdez pide ser querellante en la causa “Jorrat” (ver a la izquierda) con el argumento de que él también había sido víctima de una presunta usurpación por parte de un Ale, en este caso, de Ángel “El Mono” (hermano de Rubén alias “La Chancha”). El fiscal Guillermo Herrera accede a esa petición en su momento. Luego, en 2014, cita a Valdez a prestar declaración como imputado en un caso iniciado por Ale respecto de la misma propiedad y delito denunciado en “Jorrat”.  Antes de que ello sucediese, Valdez consigue que la fiscala María de las Mercedes Carrizo pida la detención y el allanamiento de “El Mono” Ale, y que el juez Alejandro Tomás ordene la restitución del inmueble. A su turno y a propósito de la denuncia de Ale contra Valdez, Herrera requiere la detención del “imputado” y la custodia en su domicilio particular con intervención del D2 (Dirección de Investigaciones de la Policía). El 10 de marzo de 2015, Valdez, que es abogado, se dirige a su entidad profesional y denuncia que el juez Tomás había solicitado a Herrera la “remisión urgente” de la causa a mediados de 2014, y que este seguía sin entregarla. “Pese a mis planteos, la Fiscalía X mantiene los pedidos de indagatoria y detención sin consentimiento del juzgado en una clara muestra de abuso de autoridad. La arbitrariedad y atropello llegó hasta el extremo de que la Fiscalía X envió un comisario de la Seccional I° para que me acompañara a declarar ante el Ministerio Público”, escribe Valdez. A todo esto, la causa que él había iniciado contra Ale, donde es considerado víctima y querellante de una presunta usurpación, fue elevada a juicio y está radicada en la Sala V de la Cámara Penal, a la espera de que el tribunal fije fecha para el debate oral.  

“RIGOURD”

PESE A LAS MEDIDAS ESPECTACULARES, LA PESQUISA CARECE DE PRUEBAS DE PESO

A comienzos de noviembre del año pasado, el fiscal Guillermo Herrera practica una medida con la que paraliza, literal y figuradamente, al microcentro y la “city”: el allanamiento de las oficinas de la Compañía Privada de Finanzas e Inversiones SA (Cofin). Enseguida, requiere la presencia del presidente de la firma, Jorge Alejandro Rigourd, que en ese momento no estaba en la provincia. En sus declaraciones a los medios, el fiscal incluso asegura que dispone de una orden de detención contra el acusado de perpetrar una supuesta estafa  reiterada de más de $ 200 millones, pero luego se comprueba que tal autorización no existe. Por fin el 13 de noviembre, Rigourd se presenta a declarar ante Herrera, que requiere y obtiene su detención. La investigación prosigue con el anuncio de nuevas medidas; la promesa de devolver el dinero a supuestos estafados, y el requerimiento de la prisión preventiva para Rigourd y Hugo Rubén Sánchez, accionista y apoderado de Cofin. El 17 de diciembre de 2014, la jueza Mirta Lenis de Vera deniega la prisión preventiva y amonesta al fiscal: “su actividad en la presente investigación se limitó a reunir presentaciones efectuadas por posibles damnificados quienes sólo acompañaron copias de documentación o instrumentos justificativos de sus pretensiones, que no reúnen los recaudos legales mínimos (...). De la lectura del expediente surge que no se avizoran avances significativos, considerando que el fiscal, desde que se ordenó el allanamiento y la detención de los imputados, hasta el pedido de la cautelar (prisión preventiva), no llevó a cabo ninguna diligencia investigativa de utilidad a los fines de reforzar su hipótesis acusatoria inicial ni peritaciones (...). Herrera exhorbitó su función y la direccionó principalmente a la obtención de medidas cautelares de índole civil perdiendo así de vista la naturaleza y fines de un proceso penal”.

“TEVES”

PASÓ DE RECLAMAR BIENES MILLONARIOS  A RENUNCIAR A TODO EN LA CÁRCEL

Roxana Mabel Teves se dirige en 2009 a la Justicia civil para reclamar la disolución de la sociedad de hecho que tenía con Augusto Vito Alfredo Severini. En sus escritos se presenta como concubina y socia del Severini, que había fallecido en septiembre de aquel año dejando un patrimonio de más de $ 20 millones en hoteles-alojamiento, propiedades y dinero depositado en el banco. En sede judicial, Teves obtiene una medida de no innovar de parte de la jueza Graciela Dalla Fontana, y el reconocimiento de sus derechos sobre el 50% de plazos fijos registrados a su nombre y a nombre de Severini, a la orden indistinta, en una resolución firmada por el juez Carlos Torino. En 2010, Carolina Severini, hija del difunto, interpone una denuncia penal en contra de Teves, a quien acusa de encabezar una asociación ilícita para privar de la libertad a su padre y quitarle los bienes. La presentación ingresa en la Fiscalía de Guillermo Herrera, que de inmediato abre una investigación. En ese ámbito, algunos empleados de los hoteles-alojamiento declaran en contra de Teves, lo mismo que su hija menor y una hermana de Severini, entre otros testigos. Luego, Herrera requiere la detención de Teves, de su hija y de una nuera, medida que la división de la Brigada concreta en noviembre de 2010. A continuación, Herrera pide la prisión preventiva, requerimiento al que accede la jueza Emma Lidia De Nucci (falleció en noviembre de 2012). Por fin y mientras estaba privada de la libertad, Teves firma una serie de documentos en los que renuncia a todos los derechos que había reclamado en sede civil. Después de producidos los desistimientos en los juicios en trámite en los juzgados de Dalla Fontana y de Torino, la jueza De Nucci deja sin efecto la prisión preventiva. Sin embargo, Teves nunca fue sobreseída y, hasta esta semana, mantenía la condición de imputada en el expediente en manos de Herrera.

“ALBARRACÍN”

EL CARPINTERO QUE QUISO COBRAR UNA CUENTA Y TERMINÓ DETENIDO

Miguel Manuel Albarracín hacía trabajos de carpintería para los hoteles-alojamiento de Augusto Alfredo Vito Severini y Roxana Mabel Teves desde 2008. Entre los muebles que le encargaron había respaldares de cama y banquetas. Cuando fallece Severini (ver “Teves”), Albarracín estaba fabricando otros escritorios y sillas para sus establecimientos. Entonces, se presenta en los hoteles-alojamiento y allí le informan que Teves ya “no tenía nada que ver” con el negocio. En consecuencia, el carpintero  se lleva sus muebles y los guarda junto con tres hidromasajes, dos camas y dos televisores viejos que le había dado Teves en garantía hasta tanto pudiese cobrar el 50% de los plazos fijos que tenía a la orden indistinta con Severini. Como el pago de unos $ 100.000 no aparecía, Albarracín decide presentarse en el juicio sucesorio de Severini y en el juicio de la disolución de la sociedad de hecho que había iniciado Teves. En julio de 2010, el carpintero obtiene un embargo por $ 81.351 de capital más $ 12.200 de intereses. Para entonces, Carolina Severini ya había interpuesto la denuncia penal que derivó, previo pedido del fiscal Guillermo Herrera, en la detención de Teves, de su hija, de su hijo y de su nuera, y en el posterior dictado de la prisión preventiva. Previamente, Herrera había solicitado la detención de Albarracín, que pasó 14 días tras las rejas acusado de encubrir la supuesta asociación ilícita organizada por Teves para privar de la libertad y robar a Severini (los muebles que había hecho fueron secuestrados). El 19 de noviembre de 2010, el carpintero se presenta en la Comisaría de la Seccional 7° y denuncia que dos días antes había sido amenazado por Sergio Díaz Censi, marido de Carolina Severini. Albarracín declara: “Díaz Censi dijo a mi vecino (de apellido Montivero) que ellos arreglarían conmigo y que, si no estaba de acuerdo, me harían detener porque tenían mi prisión preventiva en sus manos”.