11 Abril 2015
La situación de la Justicia penal de Tucumán es grave, según la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). El 13 de marzo, esa institución emitió una resolución para respaldo al Colegio de Abogados de la Capital, que denunció a Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, y a Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción de la X Nominación, por las presuntas anomalías detectadas en el trámite de la causa “Jorrat”. Luego, Francisco García Posse, titular de la entidad local, amplió su presentación a otros casos con implicancias económicas manejados por Herrera.
La FACA dijo que, además de la pesquisa radicada en la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación a cargo de Diego López Ávila, correspondía que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán indague, con amplitud y transparencia, sobre el posible uso del fuero penal como herramienta de presión sobre los particulares para la resolución de conflictos de naturaleza civil y contenido patrimonial de importancia. Esta es, justamente, la hipótesis que García Posse describió al momento de ampliar y ratificar la denuncia mediante la alusión a los casos “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”.
“Nos dirigimos a los tres poderes de la Provincia para expresarles la preocupación de la abogacía organizada de todo el país ante el posible uso indebido del fuero penal”, dijeron Ricardo de Felipe y Juan Jorge Villa, respectivos presidente y secretario de la FACA, en la resolución agregada al expediente que instruye López Ávila. La Junta asimismo se comprometió a acompañar a la entidad tucumana si eventualmente requiere la destitución de Noguera y Herrera (la pesquisa, que acumula varias denuncias, incluye un cuestionamiento a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación).
Como consecuencia de esta coyuntura, y con la intención de tomar contacto directo “con la realidad informada” y de entrevistar a las autoridades, la FACA se planteó celebrar su próxima reunión en San Miguel de Tucumán. Por último, la institución dispuso poner la resolución en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “a los fines que pudiesen corresponder”.
La FACA dijo que, además de la pesquisa radicada en la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación a cargo de Diego López Ávila, correspondía que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán indague, con amplitud y transparencia, sobre el posible uso del fuero penal como herramienta de presión sobre los particulares para la resolución de conflictos de naturaleza civil y contenido patrimonial de importancia. Esta es, justamente, la hipótesis que García Posse describió al momento de ampliar y ratificar la denuncia mediante la alusión a los casos “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”.
“Nos dirigimos a los tres poderes de la Provincia para expresarles la preocupación de la abogacía organizada de todo el país ante el posible uso indebido del fuero penal”, dijeron Ricardo de Felipe y Juan Jorge Villa, respectivos presidente y secretario de la FACA, en la resolución agregada al expediente que instruye López Ávila. La Junta asimismo se comprometió a acompañar a la entidad tucumana si eventualmente requiere la destitución de Noguera y Herrera (la pesquisa, que acumula varias denuncias, incluye un cuestionamiento a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación).
Como consecuencia de esta coyuntura, y con la intención de tomar contacto directo “con la realidad informada” y de entrevistar a las autoridades, la FACA se planteó celebrar su próxima reunión en San Miguel de Tucumán. Por último, la institución dispuso poner la resolución en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “a los fines que pudiesen corresponder”.
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