11 Abril 2015
DENUNCIADO. Bussi le cuestiona a Amaya el gasto en publicidad. la gaceta / foto de inés quinteros orio
A través de una denuncia penal efectuada ayer en la Justicia, el legislador Ricardo Bussi busca establecer si hubo malversación de fondos públicos en la contratación de gigantografías por parte de la Municipalidad de la capital, en las cuales aparecen las fotografías del intendente Domingo Amaya y del secretario de Gobierno, Germán Alfaro, candidatos a gobernador y vice, respectivamente.
El jueves, el hijo de Antonio Domingo Bussi aseguró a LA GACETA que existiría una acción ilegal de la Municipalidad para financiar la campaña política del jefe municipal y de su principal escudero político.
“A través de una acción ilegal y utilizando a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el intendente y su secretario de Gobierno pretenden financiar su campaña política con el dinero de los vecinos que viven en la ciudad. Lo grave de la cuestión no es sólo el hecho de corrupción, que a esta altura de los acontecimientos no sorprende a nadie, sino que nuestra ciudad se encuentra tapada de basura y pastizales”, había fustigado Bussi.
“Desde Fuerza Republicana hemos detectado que, para el pago de las gigantografías, se utilizó el erario a través de expedientes administrativos. También hemos descubierto que se sortean motocicletas compradas con el dinero público para ser repartidas en actos organizados por el intendente y su secretario de Gobierno”, había denunciado el parlamentario opositor.
La demanda presentada ayer ingresó en la Fiscalía VII de turno a cargo de Arnoldo Suasnabar. En el escrito, Bussi expresa que tanto Amaya como Alfaro podrían resultar responsables “en carácter de autores, cómplices o instigadores” de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en perjuicio de una administración pública.
“Más allá de que es éticamente reprochable la utilización de fondos públicos para pagar publicidad que carece de interés social -ya que el mensaje sólo se dirige a ensalzar las supuestas capacidades de gestión de los funcionarios con metas supuestamente logradas-, la conducta de quienes participaron en el trámite de aprobación de la publicidad es penalmente típica y susceptible de encuadrar en las figuras penales mencionadas”, reza un párrafo de la presentación.
“El mensaje de la publicidad se dirige directamente a generar una imagen pública positiva de personajes políticos mediante una autoalabanza de su tarea en tanto funcionarios, atribuyéndose la autoría personal de los trabajos efectuados por las reparticiones municipales (colocación de 52.000 luminarias, pavimentación de 3.000 cuadras, implementación de la Tarjeta Ciudadana, etc.), ejecutados y pagados con fondos del erario”, agrega la presentación.
El legislador amayista Alfredo Toscano fue el encargado de responder a su par Ricardo Bussi, a raíz de sus expresiones vertidas en la edición de ayer de LA GACETA. “El hecho de mandar a un opinador rentado a denunciar argumentos rebuscados, al igual que las cobardes balas con que nos atacaron, son acciones que se inscriben en lo mas abstracto de la política y sólo demuestra el miedo que le tiene el oficialismo a nuestro proyecto político”, expresó Toscano.
“Los dichos de Bussi son los dichos de un sicario del alperovichismo. El pueblo de Tucumán debe saber que estos ataques no nos atemoriza. Seguiremos adelante para que la política en Tucumán deje de estar al servicio de unos pocos y sirva para resolver los grandes problemas. Bussi no tiene autoridad moral para denunciar a nadie. Si fuera un hombre de bien debería devolver el dinero y los bienes que heredó de su padre”, fustigó Toscano.
El jueves, el hijo de Antonio Domingo Bussi aseguró a LA GACETA que existiría una acción ilegal de la Municipalidad para financiar la campaña política del jefe municipal y de su principal escudero político.
“A través de una acción ilegal y utilizando a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el intendente y su secretario de Gobierno pretenden financiar su campaña política con el dinero de los vecinos que viven en la ciudad. Lo grave de la cuestión no es sólo el hecho de corrupción, que a esta altura de los acontecimientos no sorprende a nadie, sino que nuestra ciudad se encuentra tapada de basura y pastizales”, había fustigado Bussi.
“Desde Fuerza Republicana hemos detectado que, para el pago de las gigantografías, se utilizó el erario a través de expedientes administrativos. También hemos descubierto que se sortean motocicletas compradas con el dinero público para ser repartidas en actos organizados por el intendente y su secretario de Gobierno”, había denunciado el parlamentario opositor.
La demanda presentada ayer ingresó en la Fiscalía VII de turno a cargo de Arnoldo Suasnabar. En el escrito, Bussi expresa que tanto Amaya como Alfaro podrían resultar responsables “en carácter de autores, cómplices o instigadores” de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en perjuicio de una administración pública.
“Más allá de que es éticamente reprochable la utilización de fondos públicos para pagar publicidad que carece de interés social -ya que el mensaje sólo se dirige a ensalzar las supuestas capacidades de gestión de los funcionarios con metas supuestamente logradas-, la conducta de quienes participaron en el trámite de aprobación de la publicidad es penalmente típica y susceptible de encuadrar en las figuras penales mencionadas”, reza un párrafo de la presentación.
“El mensaje de la publicidad se dirige directamente a generar una imagen pública positiva de personajes políticos mediante una autoalabanza de su tarea en tanto funcionarios, atribuyéndose la autoría personal de los trabajos efectuados por las reparticiones municipales (colocación de 52.000 luminarias, pavimentación de 3.000 cuadras, implementación de la Tarjeta Ciudadana, etc.), ejecutados y pagados con fondos del erario”, agrega la presentación.
El legislador amayista Alfredo Toscano fue el encargado de responder a su par Ricardo Bussi, a raíz de sus expresiones vertidas en la edición de ayer de LA GACETA. “El hecho de mandar a un opinador rentado a denunciar argumentos rebuscados, al igual que las cobardes balas con que nos atacaron, son acciones que se inscriben en lo mas abstracto de la política y sólo demuestra el miedo que le tiene el oficialismo a nuestro proyecto político”, expresó Toscano.
“Los dichos de Bussi son los dichos de un sicario del alperovichismo. El pueblo de Tucumán debe saber que estos ataques no nos atemoriza. Seguiremos adelante para que la política en Tucumán deje de estar al servicio de unos pocos y sirva para resolver los grandes problemas. Bussi no tiene autoridad moral para denunciar a nadie. Si fuera un hombre de bien debería devolver el dinero y los bienes que heredó de su padre”, fustigó Toscano.
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