09 Abril 2015
Que el informe médico legal fue “pobre”, y que era facultad del juez ordenar medidas y pruebas técnicas que no se practicaron. Esas conclusiones se desprenden de las declaraciones del médico Raúl Asial. El ex perito oficial (de las justicias provincial y nacional) declaró en el juicio que se sustancia contra el ex juez federal Manlio Martínez por delitos de lesa humanidad.
Asial efectuó un análisis sobre el informe que, en mayo de 1976, elaboró el doctor Ricardo Galdeano, de la Policía, sobre la matanza de cinco militantes en 1976. Martínez es juzgado por la investigación de ese hecho. El especialista Asial había sido un perito clave en “Romero Niklison”, causa de la que se desprende esta y reiteró los conceptos brindados entonces. “El informe (de Galdeano) es muy pobre. No hay una descripción minuciosa de qué es lo que tenía cada cuerpo (incluye cuatro cadáveres en vez de los cinco). De la lectura llama la atención que no se describen otros disparos de arma en los cuerpos de los N.N. (más allá de los que habrían impactado en los cráneos)”, advirtió.
Manifestó que tampoco se actuó de acuerdo al protocolo, debido a que, tras muertes violentas -como estas- deberían haberse sugerido la realización de autopsias. “Si el médico considera que no hay un hecho de violencia, que es una muerte natural, él decide la inhumación y extiende un certificado de defunción. Si la muerte tiene visos de criminalidad, pide la autopsia. El juez es el que la ordena. Los estudios, por protocolo, se deben pedir. El juez podrá pedir otros que crea conveniente. Las cuatro muertes del informe fueron violentas”, precisó.
“Buscadores de personas”
El abogado Juan Roberto “Chino” Robles también pasó frente al tribunal. El testigo había sido mencionado en el contexto de lo que sucedió con Antonio Romano, propietario de la casa donde se produjeron los asesinatos y quien fuera detenido por orden de Martínez. La concubina de Romano, Manuela Ocampo, había manifestado que el profesional fue quien presentó un hábeas corpus por la víctima. Robles no recordó detalles, pero describió la situación de quienes patrocinaban a las familias de detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Aseguró que integraba un grupo de profesionales que representaban a gremialistas y estudiantes que eran “chupados” (detenidos ilegalmente). Mencionó a Ángel Pisarello y a Ricardo Rípodas entre sus miembros. “Éramos ‘buscadores de personas’. Las madres venían desesperadas; nos pedían que encontráramos a sus hijos. Interpuse recursos hasta donde me alcanzó el coraje”, caracterizó. Robles mencionó que, en general, en la Justicia Federal los hábeas corpus eran tramitados, pero que no prosperaban porque las fuerzas de seguridad negaban tener cautivos.
Asial efectuó un análisis sobre el informe que, en mayo de 1976, elaboró el doctor Ricardo Galdeano, de la Policía, sobre la matanza de cinco militantes en 1976. Martínez es juzgado por la investigación de ese hecho. El especialista Asial había sido un perito clave en “Romero Niklison”, causa de la que se desprende esta y reiteró los conceptos brindados entonces. “El informe (de Galdeano) es muy pobre. No hay una descripción minuciosa de qué es lo que tenía cada cuerpo (incluye cuatro cadáveres en vez de los cinco). De la lectura llama la atención que no se describen otros disparos de arma en los cuerpos de los N.N. (más allá de los que habrían impactado en los cráneos)”, advirtió.
Manifestó que tampoco se actuó de acuerdo al protocolo, debido a que, tras muertes violentas -como estas- deberían haberse sugerido la realización de autopsias. “Si el médico considera que no hay un hecho de violencia, que es una muerte natural, él decide la inhumación y extiende un certificado de defunción. Si la muerte tiene visos de criminalidad, pide la autopsia. El juez es el que la ordena. Los estudios, por protocolo, se deben pedir. El juez podrá pedir otros que crea conveniente. Las cuatro muertes del informe fueron violentas”, precisó.
“Buscadores de personas”
El abogado Juan Roberto “Chino” Robles también pasó frente al tribunal. El testigo había sido mencionado en el contexto de lo que sucedió con Antonio Romano, propietario de la casa donde se produjeron los asesinatos y quien fuera detenido por orden de Martínez. La concubina de Romano, Manuela Ocampo, había manifestado que el profesional fue quien presentó un hábeas corpus por la víctima. Robles no recordó detalles, pero describió la situación de quienes patrocinaban a las familias de detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Aseguró que integraba un grupo de profesionales que representaban a gremialistas y estudiantes que eran “chupados” (detenidos ilegalmente). Mencionó a Ángel Pisarello y a Ricardo Rípodas entre sus miembros. “Éramos ‘buscadores de personas’. Las madres venían desesperadas; nos pedían que encontráramos a sus hijos. Interpuse recursos hasta donde me alcanzó el coraje”, caracterizó. Robles mencionó que, en general, en la Justicia Federal los hábeas corpus eran tramitados, pero que no prosperaban porque las fuerzas de seguridad negaban tener cautivos.
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