09 Abril 2015
RESOLUCIÓN. El tribunal rechazó la recusación de Cataldi (en el centro). telam
Pedro Rodríguez relató que lo torturaron. Describió que permaneció con los ojos vendados y esposado, y que lo sujetaron con alambres alrededor de sus pies y cuello. Que lo acusaron de ser miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de haber iniciado un paro en una citrícola. También dijo que pasó hambre. Recordó haber estado, entre abril y junio de 1975, en lo que definió como un “campo de concentración”: “La Escuelita” de Famaillá.
El 5 de junio, intentó dejar registrados estos apremios ante el entonces juez federal Manlio Martínez frente a quien lo habían puesto sus captores, según manifestó, para declarar por una causa por supuesta asociación ilícita. “Le dije que quería denunciar lo que me habían hecho. Me contestó que no podía, porque me iban a llevar a ‘La Escuelita’. Le dije que era un juez, y que debía tomar la denuncia y que no tenía que amenazarme con llevarme al campo de concentración para atemorizarme”, lamentó. Rodríguez insistió luego en que la respuesta de Martínez había sido una advertencia “por el tono”. El testigo pasó después por la Jefatura, y por Villa Urquiza y otras cárceles, hasta ser liberado en 1980.
En alguna ocasión, consignó, fue visitado por Martínez. “En Sierra Chica estuve detenido con el ex juez Jesús Santos (antecesor de Martínez). Nos decía que los que teníamos causas estábamos jodidos porque Martínez era representante de los militares”, concluyó.
El ex juez Martínez es juzgado desde mediados de marzo por su desempeño en la investigación de la matanza de cinco víctimas en mayo de 1976. Según la fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad. El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la Dictadura.
Cruces y recusación
Las preguntas del defensor Manuel Bonnin a Rodríguez derivaron en un pedido de recusación para el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Hugo Cataldi. Bonnin interrogó al testigo sobre si era hombre o mujer quien lo había visitado en la cárcel. Los fiscales Diego Velasco (general) y Agustín Chit (ad hoc) se quejaron porque la víctima ya había precisado que era el juez. Cataldi sugirió a Bonnin que pidiera al testigo que reconociera, en todo caso, al imputado. El magistrado le preguntó a Rodríguez si estaba en la sala la persona a quien se refería como Martínez. Bonnin expresó su oposición al pedido del juez. El testigo, finalmente, identificó al acusado. Bonnin y Cataldi discutieron. “No es imparcial”, lanzó el abogado y lo recusó. Los vocales José Asis y Mario Garzón no hicieron lugar al pedido, y recomendaron al defensor “prudencia y mesura”.
El 5 de junio, intentó dejar registrados estos apremios ante el entonces juez federal Manlio Martínez frente a quien lo habían puesto sus captores, según manifestó, para declarar por una causa por supuesta asociación ilícita. “Le dije que quería denunciar lo que me habían hecho. Me contestó que no podía, porque me iban a llevar a ‘La Escuelita’. Le dije que era un juez, y que debía tomar la denuncia y que no tenía que amenazarme con llevarme al campo de concentración para atemorizarme”, lamentó. Rodríguez insistió luego en que la respuesta de Martínez había sido una advertencia “por el tono”. El testigo pasó después por la Jefatura, y por Villa Urquiza y otras cárceles, hasta ser liberado en 1980.
En alguna ocasión, consignó, fue visitado por Martínez. “En Sierra Chica estuve detenido con el ex juez Jesús Santos (antecesor de Martínez). Nos decía que los que teníamos causas estábamos jodidos porque Martínez era representante de los militares”, concluyó.
El ex juez Martínez es juzgado desde mediados de marzo por su desempeño en la investigación de la matanza de cinco víctimas en mayo de 1976. Según la fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad. El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la Dictadura.
Cruces y recusación
Las preguntas del defensor Manuel Bonnin a Rodríguez derivaron en un pedido de recusación para el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Hugo Cataldi. Bonnin interrogó al testigo sobre si era hombre o mujer quien lo había visitado en la cárcel. Los fiscales Diego Velasco (general) y Agustín Chit (ad hoc) se quejaron porque la víctima ya había precisado que era el juez. Cataldi sugirió a Bonnin que pidiera al testigo que reconociera, en todo caso, al imputado. El magistrado le preguntó a Rodríguez si estaba en la sala la persona a quien se refería como Martínez. Bonnin expresó su oposición al pedido del juez. El testigo, finalmente, identificó al acusado. Bonnin y Cataldi discutieron. “No es imparcial”, lanzó el abogado y lo recusó. Los vocales José Asis y Mario Garzón no hicieron lugar al pedido, y recomendaron al defensor “prudencia y mesura”.
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