Por Marcelo Aguaysol
08 Abril 2015
Una cara de la moneda de la cara fiscal de Tucumán es el endeudamiento público. Según el último reporte de la Contaduría General de la Provincia, está en franco descenso. A tal punto que representa cerca de un 12% del Presupuesto que requiere el Estado para funcionar. La cruz de aquella moneda fue, es y seguirá siendo el endeudamiento que todos los años se contrae por los reajustes salariales en la administración pública. El Gobierno, en este sentido, ha quedado entrampado por no reconocer -en su momento- la inflación real, esa que llegó hasta triplicar las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Así, en el juego de esa moneda, mientras una parte de los compromisos tiende a bajar, el otro continuará empinándose por efecto de la suba de precios. Así está Tucumán. Eso es lo que le espera a la futura administración del poder.
La administración de José Alperovich ha dejado de tomar préstamos con el Gobierno nacional, el principal acreedor de la provincia; no obstante, sigue dependiendo de una refinanciación que, a estas alturas de la gestión, resulta simbólica. Son casi $ 600 millones de “perdón fiscal” de la Casa Rosada dividido en cuatro trimestres del año. Una cifra irrisoria para una provincia que este año llegará a gastar entre $ 31.000 millones y $ 35.000 millones.
El próximo gobernador tendrá que pensar mucho más de la cuenta para saber qué hará frente al poder central. De acuerdo con los informes oficiales, la deuda exigible a partir del próximo mandato será de no menos de $ 3.200 millones, de los cuales el 87% tiene como prestamista al Gobierno nacional. La ecuación será mayor autonomía financiera local con menos dependencia política con la Rosada. A juzgar por los hechos y el desenvolvimiento de la recaudación, aquello suena a quimera. Quien suceda a Alperovich volverá a viajar seguido hacia la Capital Federal para pedirle al futuro presidente de la Nación que no le ajuste el cinturón a Tucumán. Es la cíclica historia del poder que se ejerce sobre las provincias endeudadas. No hay margen para tanta negociación.
Esa es una parte del endeudamiento. La otra historia es interna. El gasto salarial seguirá siendo el de mayor peso en el Presupuesto. Cada año que pasa le resta poder de gestión al Ejecutivo. Actualmente, los salarios de la administración pública (en la que conviven entre 80.000 y 85.000 agentes) representan el 52% de los gastos anuales de la provincia. En buen romance, unos $ 16.000 millones al año, unos $ 1.330 millones mensuales o $ 44 millones por día. En este marco, las últimas negociaciones paritarias le dejarán una herencia financiera al próximo gobierno de unos $ 4.100 millones adicionales. Esa es la cifra anualizada del aumento cercano al 30% que consiguieron los gremios estatales. Mientras haya inflación, esa erogación irá creciendo. Sin poder emitir dinero, ni pedir financiamiento (vía créditos privados o títulos públicos) en el mercado, al Estado no le quedará otro camino que recurrir al reajuste en los impuestos. La imaginación de los funcionarios es amplia. Siempre hay una manera de encontrarles la vuelta a nuevas imposiciones para los contribuyentes. La recaudación provincial de impuestos crece a un ritmo por encima del 30% mensual. El día que ese porcentaje descienda, puede que se encienda la luz amarilla para las finanzas públicas. Particularmente porque no se observa una compensación a través de los fondos de coparticipación federal que, si bien está en esos porcentajes, nada garantiza que seguirán en la misma línea. Las provincias cada vez reciben menos de la torta que se reparte por los impuestos federales.
También estará a mano la posibilidad de exigirles a los municipios el pago de los préstamos otorgados en los últimos años. Ese será otro elemento para sostener la disciplina política frente a intendentes díscolos. Es como el as en la manga que se reserva la administración central. Tal vez el nuevo gobierno tenga la posibilidad de refinanciar a los municipios el nivel de endeudamiento de la misma manera que la Nación hizo con Tucumán. Sería un buen gesto para sostener la relación fiscal Provincia-municipios. En eso también hay una deuda que es más política que financiera, con facturas que perduran durante años.
Así, en el juego de esa moneda, mientras una parte de los compromisos tiende a bajar, el otro continuará empinándose por efecto de la suba de precios. Así está Tucumán. Eso es lo que le espera a la futura administración del poder.
La administración de José Alperovich ha dejado de tomar préstamos con el Gobierno nacional, el principal acreedor de la provincia; no obstante, sigue dependiendo de una refinanciación que, a estas alturas de la gestión, resulta simbólica. Son casi $ 600 millones de “perdón fiscal” de la Casa Rosada dividido en cuatro trimestres del año. Una cifra irrisoria para una provincia que este año llegará a gastar entre $ 31.000 millones y $ 35.000 millones.
El próximo gobernador tendrá que pensar mucho más de la cuenta para saber qué hará frente al poder central. De acuerdo con los informes oficiales, la deuda exigible a partir del próximo mandato será de no menos de $ 3.200 millones, de los cuales el 87% tiene como prestamista al Gobierno nacional. La ecuación será mayor autonomía financiera local con menos dependencia política con la Rosada. A juzgar por los hechos y el desenvolvimiento de la recaudación, aquello suena a quimera. Quien suceda a Alperovich volverá a viajar seguido hacia la Capital Federal para pedirle al futuro presidente de la Nación que no le ajuste el cinturón a Tucumán. Es la cíclica historia del poder que se ejerce sobre las provincias endeudadas. No hay margen para tanta negociación.
Esa es una parte del endeudamiento. La otra historia es interna. El gasto salarial seguirá siendo el de mayor peso en el Presupuesto. Cada año que pasa le resta poder de gestión al Ejecutivo. Actualmente, los salarios de la administración pública (en la que conviven entre 80.000 y 85.000 agentes) representan el 52% de los gastos anuales de la provincia. En buen romance, unos $ 16.000 millones al año, unos $ 1.330 millones mensuales o $ 44 millones por día. En este marco, las últimas negociaciones paritarias le dejarán una herencia financiera al próximo gobierno de unos $ 4.100 millones adicionales. Esa es la cifra anualizada del aumento cercano al 30% que consiguieron los gremios estatales. Mientras haya inflación, esa erogación irá creciendo. Sin poder emitir dinero, ni pedir financiamiento (vía créditos privados o títulos públicos) en el mercado, al Estado no le quedará otro camino que recurrir al reajuste en los impuestos. La imaginación de los funcionarios es amplia. Siempre hay una manera de encontrarles la vuelta a nuevas imposiciones para los contribuyentes. La recaudación provincial de impuestos crece a un ritmo por encima del 30% mensual. El día que ese porcentaje descienda, puede que se encienda la luz amarilla para las finanzas públicas. Particularmente porque no se observa una compensación a través de los fondos de coparticipación federal que, si bien está en esos porcentajes, nada garantiza que seguirán en la misma línea. Las provincias cada vez reciben menos de la torta que se reparte por los impuestos federales.
También estará a mano la posibilidad de exigirles a los municipios el pago de los préstamos otorgados en los últimos años. Ese será otro elemento para sostener la disciplina política frente a intendentes díscolos. Es como el as en la manga que se reserva la administración central. Tal vez el nuevo gobierno tenga la posibilidad de refinanciar a los municipios el nivel de endeudamiento de la misma manera que la Nación hizo con Tucumán. Sería un buen gesto para sostener la relación fiscal Provincia-municipios. En eso también hay una deuda que es más política que financiera, con facturas que perduran durante años.
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