06 Abril 2015
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BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello pidió hoy información sobre las líneas telefónicas del empresario Lázaro Báez y del resto de las personas imputadas por presunto lavado de dinero en la compra de un campo de Mendoza, entre otras medidas de prueba que el magistrado ordenó en el expediente.
Fuentes judiciales informaron a DyN que Casanello solicitó esa información para obtener las llamadas entrantes y salientes que Báez y los otros imputados hicieron cuando se realizó la compra-venta del campo para luego ordenar un entrecruzamiento de comunicaciones. Báez está acusado de haber lavado de dinero con la estancia "El Carrizalejo", que Leonardo Fariña compró en diciembre de 2010 en cinco millones de dólares en efectivo y que dos años después vendió en 1,8 millones, según la causa.
Fariña primero declaró que la plata se la había dado Báez pero dos días antes de la indagatoria del empresario se retractó, dijo que mintió, le pidió disculpas y sostuvo que el dinero era de otro empresario, Carlos Molinari. Cuando Báez fue indagado por Casanello declaró por escrito que nunca participó de la compra-venta de la estancia y que no conoció en persona a Fariña, quien se desempeñó en su empresa Austral Construcciones, de la que fue apartado.
Ahora Casanello ordenó una serie de medias de prueba para avanzar en la causa. Junto con los teléfonos de Báez, el juez también solicitó información de las líneas de Fariña, del contador Daniel Pérez Gadín, del asesor Fabián Rossi y de Roberto Erusalimsky, el empresario que terminó comprando las tierras.
Casanello también le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que establezca el valor de "El Carrizalejo" para determinar cuál era su precio en diciembre de 2010. Además, le solicitó a la Cancillería que informe el estado en el que se encuentra el exhorto a Estados Unidos que el juez envió el 13 de noviembre pasado para que la Justicia de Nevada informe sobre la causa que los fondos buitres iniciaron contra Báez.
El magistrado también le volvió a pedir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información sobre una resolución de Suiza acerca de fondos de Báez y convocó a expertos de ese organismo para que analicen la documentación que el empresario presentó por el presunto uso de facturas falsas. (DYN)
Fuentes judiciales informaron a DyN que Casanello solicitó esa información para obtener las llamadas entrantes y salientes que Báez y los otros imputados hicieron cuando se realizó la compra-venta del campo para luego ordenar un entrecruzamiento de comunicaciones. Báez está acusado de haber lavado de dinero con la estancia "El Carrizalejo", que Leonardo Fariña compró en diciembre de 2010 en cinco millones de dólares en efectivo y que dos años después vendió en 1,8 millones, según la causa.
Fariña primero declaró que la plata se la había dado Báez pero dos días antes de la indagatoria del empresario se retractó, dijo que mintió, le pidió disculpas y sostuvo que el dinero era de otro empresario, Carlos Molinari. Cuando Báez fue indagado por Casanello declaró por escrito que nunca participó de la compra-venta de la estancia y que no conoció en persona a Fariña, quien se desempeñó en su empresa Austral Construcciones, de la que fue apartado.
Ahora Casanello ordenó una serie de medias de prueba para avanzar en la causa. Junto con los teléfonos de Báez, el juez también solicitó información de las líneas de Fariña, del contador Daniel Pérez Gadín, del asesor Fabián Rossi y de Roberto Erusalimsky, el empresario que terminó comprando las tierras.
Casanello también le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que establezca el valor de "El Carrizalejo" para determinar cuál era su precio en diciembre de 2010. Además, le solicitó a la Cancillería que informe el estado en el que se encuentra el exhorto a Estados Unidos que el juez envió el 13 de noviembre pasado para que la Justicia de Nevada informe sobre la causa que los fondos buitres iniciaron contra Báez.
El magistrado también le volvió a pedir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información sobre una resolución de Suiza acerca de fondos de Báez y convocó a expertos de ese organismo para que analicen la documentación que el empresario presentó por el presunto uso de facturas falsas. (DYN)
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