06 Abril 2015
TRANSFORMACIÓN. De a poco, el asentamiento Néstor Kirchner comenzará a tomar forma de barrio a partir de la regularización dominial y urbana.
En los más de 50 años que María Luisa Romero lleva viviendo en “La Bombilla” nunca llegó a pensar que un poco de pavimento hubiera sido capaz de transformar de tal manera su barrio. Por una cosa o por otra, la mujer de 63 años tuvo la certeza de que ese lugar nunca iba a cambiar: ni por los políticos, que se cansaron de hacer visitas y promesas; ni por algunos vecinos, que se han encargado de convertir su barrio en una caverna al margen de toda ley.
Pero las cosas han cambiado y mucho, según su propia experiencia. El pavimento trajo los servicios (luz y agua dejaron de ser conexiones clandestinas), las cloacas y, dentro de poco, el gas natural. Ahora pasa el recolector de basura, que ha permitido que María Luisa deje de quemar sus residuos en el fondo de su casa. Los terrenos están siendo titularizados a nombre de sus dueños y los hacinados pasajes donde se amontonaban las familias han desaparecido. “Acá más no se puede pedir. Tal vez algo de seguridad, pero por más que haya 100 policías, se distraen y los chicos siguen haciendo de las suyas. Pero incluso eso ha mejorado mucho. La gente vive y quiere vivir mejor”, dice la vecina. En La Bombilla, el mejoramiento del hábitat les ha habilitado el derecho a soñar.
Del otro lado de la ciudad y de la realidad, el asentamiento Néstor Kirchner todavía lleva ese pesado sello: el de asentamiento informal. A sus vecinos no les pesa tanto el estigma de vivir en tierra usurpada como no tener ni siquiera dirección. “Nosotros a ojo decimos que vivimos en la avenida Colón al 2.800, pero es un cálculo que hacemos. Acá todos los servicios son clandestinos hasta el momento”, confiesa Sergio Pérez. Sin embargo, celebra que lo peor haya pasado: ellos llegaron al asentamiento hace unos tres años, y durante un año completo convivían con el terror al desalojo inminente. Ahora, con la regularización dominial en trámite y la urbanización del barrio en camino, comienzan a proyectar el resto de sus vidas en ese pedazo de tierra que tuvieron que ocupar porque no tenían dónde más vivir.
Premisas
Sin pelos en la lengua, la charla comienza con una premisa clara: estamos en un año electoral y hay que aprovecharlo. Quien lo remarca es el abogado José Alberto Rocha, que vino desde Buenos Aires en representación de Habitar Argentina, un espacio multisectorial que impulsa cambios en el área del hábitat y la vivienda. Rocha no menciona preferencia por ningún candidato ni por un espacio político. Habla en general de “aquellos políticos que tienen alguna pretensión” sobre cargos nacionales o provinciales. A todos ellos apuntó el “4° Encuentro para la Construcción Federal de Consensos de Hábitat Popular”, realizado a fines del mes pasado en la Facultad de Derecho de la UNT. Representantes de varias organizaciones vinculadas al hábitat se juntaron no para echar culpas por lo no se hace o se hace mal en las políticas de vivienda, sino para acercar propuestas superadoras y líneas de acción para mejorar la calidad de vida de las ciudades.
Surge entonces una segunda premisa. A pesar de las diferencias que pudiera haber, estas organizaciones concuerdan en lo siguiente: “los índices de vulnerabilidad de los sectores desprotegidos pueden mejorarse a partir de una mejora del hábitat. Urbanizar un asentamiento permite que la gente acceda a los servicios, que llegue el recolector, que llegue una ambulancia...”. Lo anuncia la arquitecta Mónica Galván, de la Fundación Equipo de Arquitectura de Servicio y Acción Social - Organización Técnica de Apoyo (EDAS-OTA), organizadora del encuentro.
Hay un motivo claro y urgente para que el tema del hábitat entre a la agenda pública: “nosotros entendemos que si en el 2001 peleábamos por una bolsa de comida y en 2005 peleábamos por un trabajo, a partir de 2015 se viene una pelea grande por el techo”, vaticina Rocha y acredita su pronóstico con los varios años que lleva acompañando los procesos de vivienda. Casualidad o no, la realidad tucumana también se pone del lado de esa urgencia: “a fines del mes pasado 400 familias intentaron tomar tierras en Concepción y hace pocos días hubo otro intento en El Colmenar. En los dos casos los sacaron a la fuerza, pero esto está mostrando la necesidad de vivienda. Y es lógica: las familias crecen, se reproducen y necesitan una casa. Pero el Estado muchas veces se olvida de destinar suelo a la vivienda. Y ojo: no siempre es necesario construir casas ‘de llave en mano’ listas para entrar. Con planificar bien, fomentar la autoconstrucción, acercar herramientas para que la gente mejore su barrio y sus viviendas, la cosa mejora muchísimo” se explaya Galván.
¿Y por casa?
El encuentro en la Facultad de Derecho sirvió además para tomar una instantánea de la cuestión vivienda en nuestra provincia. A pesar de las intervenciones estatales de los últimos 10 años, con planes de mejoramiento de barrios y creación de nuevos complejos habitacionales (Lomas de Tafí, El Manantial, entre otros), el déficit habitacional continúa siendo elevado. “El propio IPV reconoce, en una publicación de 2012 que hay 269 villas y asentamientos en Tucumán. En nuestro relevamiento, realizado entre diciembre y febrero de este año, calculamos que hay entre 10 y 15 más que eso”, señala Galván.
La sorpresa
Esas cifras fueron las que dejaron la sorpresa de la jornada. Según Lucas Hunter, director del área legal de la fundación Techo (ex Un techo para mi país), la cantidad de asentamientos y villas del Gran San Miguel de Tucumán (siete localidades, 114 km2 y 794.327 habitantes) es la misma que el área metropolitana de Córdoba (13 localidades, 220 km², 1,5 millón de habitantes), donde ellos tienen relevados 210 ocupaciones irregulares. “Es muy llamativo que el área metropolitana de la provincia más chica de Argentina tenga la misma o más cantidad de villas y asentamientos que la de Córdoba”, señaló el joven, quien compartió la mesa panel “Consenso Nacional para un Hábitat Digno” con Lourdes Bascary, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La pregunta para ellos, entonces, sigue sin respuesta: ¿cuál es el factor que origina semejante realidad entre estas dos provincias?
Pero las cosas han cambiado y mucho, según su propia experiencia. El pavimento trajo los servicios (luz y agua dejaron de ser conexiones clandestinas), las cloacas y, dentro de poco, el gas natural. Ahora pasa el recolector de basura, que ha permitido que María Luisa deje de quemar sus residuos en el fondo de su casa. Los terrenos están siendo titularizados a nombre de sus dueños y los hacinados pasajes donde se amontonaban las familias han desaparecido. “Acá más no se puede pedir. Tal vez algo de seguridad, pero por más que haya 100 policías, se distraen y los chicos siguen haciendo de las suyas. Pero incluso eso ha mejorado mucho. La gente vive y quiere vivir mejor”, dice la vecina. En La Bombilla, el mejoramiento del hábitat les ha habilitado el derecho a soñar.
Del otro lado de la ciudad y de la realidad, el asentamiento Néstor Kirchner todavía lleva ese pesado sello: el de asentamiento informal. A sus vecinos no les pesa tanto el estigma de vivir en tierra usurpada como no tener ni siquiera dirección. “Nosotros a ojo decimos que vivimos en la avenida Colón al 2.800, pero es un cálculo que hacemos. Acá todos los servicios son clandestinos hasta el momento”, confiesa Sergio Pérez. Sin embargo, celebra que lo peor haya pasado: ellos llegaron al asentamiento hace unos tres años, y durante un año completo convivían con el terror al desalojo inminente. Ahora, con la regularización dominial en trámite y la urbanización del barrio en camino, comienzan a proyectar el resto de sus vidas en ese pedazo de tierra que tuvieron que ocupar porque no tenían dónde más vivir.
Premisas
Sin pelos en la lengua, la charla comienza con una premisa clara: estamos en un año electoral y hay que aprovecharlo. Quien lo remarca es el abogado José Alberto Rocha, que vino desde Buenos Aires en representación de Habitar Argentina, un espacio multisectorial que impulsa cambios en el área del hábitat y la vivienda. Rocha no menciona preferencia por ningún candidato ni por un espacio político. Habla en general de “aquellos políticos que tienen alguna pretensión” sobre cargos nacionales o provinciales. A todos ellos apuntó el “4° Encuentro para la Construcción Federal de Consensos de Hábitat Popular”, realizado a fines del mes pasado en la Facultad de Derecho de la UNT. Representantes de varias organizaciones vinculadas al hábitat se juntaron no para echar culpas por lo no se hace o se hace mal en las políticas de vivienda, sino para acercar propuestas superadoras y líneas de acción para mejorar la calidad de vida de las ciudades.
Surge entonces una segunda premisa. A pesar de las diferencias que pudiera haber, estas organizaciones concuerdan en lo siguiente: “los índices de vulnerabilidad de los sectores desprotegidos pueden mejorarse a partir de una mejora del hábitat. Urbanizar un asentamiento permite que la gente acceda a los servicios, que llegue el recolector, que llegue una ambulancia...”. Lo anuncia la arquitecta Mónica Galván, de la Fundación Equipo de Arquitectura de Servicio y Acción Social - Organización Técnica de Apoyo (EDAS-OTA), organizadora del encuentro.
Hay un motivo claro y urgente para que el tema del hábitat entre a la agenda pública: “nosotros entendemos que si en el 2001 peleábamos por una bolsa de comida y en 2005 peleábamos por un trabajo, a partir de 2015 se viene una pelea grande por el techo”, vaticina Rocha y acredita su pronóstico con los varios años que lleva acompañando los procesos de vivienda. Casualidad o no, la realidad tucumana también se pone del lado de esa urgencia: “a fines del mes pasado 400 familias intentaron tomar tierras en Concepción y hace pocos días hubo otro intento en El Colmenar. En los dos casos los sacaron a la fuerza, pero esto está mostrando la necesidad de vivienda. Y es lógica: las familias crecen, se reproducen y necesitan una casa. Pero el Estado muchas veces se olvida de destinar suelo a la vivienda. Y ojo: no siempre es necesario construir casas ‘de llave en mano’ listas para entrar. Con planificar bien, fomentar la autoconstrucción, acercar herramientas para que la gente mejore su barrio y sus viviendas, la cosa mejora muchísimo” se explaya Galván.
¿Y por casa?
El encuentro en la Facultad de Derecho sirvió además para tomar una instantánea de la cuestión vivienda en nuestra provincia. A pesar de las intervenciones estatales de los últimos 10 años, con planes de mejoramiento de barrios y creación de nuevos complejos habitacionales (Lomas de Tafí, El Manantial, entre otros), el déficit habitacional continúa siendo elevado. “El propio IPV reconoce, en una publicación de 2012 que hay 269 villas y asentamientos en Tucumán. En nuestro relevamiento, realizado entre diciembre y febrero de este año, calculamos que hay entre 10 y 15 más que eso”, señala Galván.
La sorpresa
Esas cifras fueron las que dejaron la sorpresa de la jornada. Según Lucas Hunter, director del área legal de la fundación Techo (ex Un techo para mi país), la cantidad de asentamientos y villas del Gran San Miguel de Tucumán (siete localidades, 114 km2 y 794.327 habitantes) es la misma que el área metropolitana de Córdoba (13 localidades, 220 km², 1,5 millón de habitantes), donde ellos tienen relevados 210 ocupaciones irregulares. “Es muy llamativo que el área metropolitana de la provincia más chica de Argentina tenga la misma o más cantidad de villas y asentamientos que la de Córdoba”, señaló el joven, quien compartió la mesa panel “Consenso Nacional para un Hábitat Digno” con Lourdes Bascary, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La pregunta para ellos, entonces, sigue sin respuesta: ¿cuál es el factor que origina semejante realidad entre estas dos provincias?
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