06 Abril 2015
“A nosotros nos ha costado mucho que esta ley entre en la Legislatura. Los legisladores oficialistas no la querían ni ver porque decían que nuestra ley habla de la pobreza, y eso era mala palabra en la ‘década ganada’”. Con carpetas, fotos, documentación y más de tres décadas de trabajo de campo en materia de hábitat popular, la arquitecta Mónica Galván (fundación EDAS-OTA) dibujó los primeros trazos de una ley que garantice el acceso a la vivienda popular en Tucumán.
Cuando habla de popular se refiere a que sea verdaderamente para todos los sectores sociales, en función de sus posibilidades. “Y no es que pedimos que se construyan casas y se les entregue la llave en mano a la gente. Lo que se necesita son tierras para vivienda y planificación para que la gente pueda construir su casa en un hábitat digno. Es lo que llamamos el derecho a la ciudad”, explica.
El legislador que tomó la posta fue Ariel García (UCR), quien elaboró el proyecto y lo dotó de estado parlamentario. La ley entró a la Legislatura en 2013 y comenzó a tratarse en la comisión de Legislación General hasta que su presidenta, Carolina Vargas Aignasse, se mudó a la Casa de Gobierno, a fines de ese año. Desde ahí no se ha avanzado demasiado.
“Uno de los puntos fundamentales de la ley es que convierte miles de hectáreas de terrenos fiscales en zonas edificables, con su respectiva planificación. El Estado cuenta con tierras que, en lugar de ser ocupadas irregularmente por familias que la necesita, podría convertirse en un espacio planificado y apto para que la gente pueda levantar sus casas de la mejor manera posible”, analizó el radical.
Para García, se trata de una ley que “incomoda” al oficialismo porque plantea una necesidad innegable y un derecho indiscutible. “Estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vivienda. Entonces les hace ruido y les incomoda porque no hay argumentos para decirle que no”, señaló.
Cuando habla de popular se refiere a que sea verdaderamente para todos los sectores sociales, en función de sus posibilidades. “Y no es que pedimos que se construyan casas y se les entregue la llave en mano a la gente. Lo que se necesita son tierras para vivienda y planificación para que la gente pueda construir su casa en un hábitat digno. Es lo que llamamos el derecho a la ciudad”, explica.
El legislador que tomó la posta fue Ariel García (UCR), quien elaboró el proyecto y lo dotó de estado parlamentario. La ley entró a la Legislatura en 2013 y comenzó a tratarse en la comisión de Legislación General hasta que su presidenta, Carolina Vargas Aignasse, se mudó a la Casa de Gobierno, a fines de ese año. Desde ahí no se ha avanzado demasiado.
“Uno de los puntos fundamentales de la ley es que convierte miles de hectáreas de terrenos fiscales en zonas edificables, con su respectiva planificación. El Estado cuenta con tierras que, en lugar de ser ocupadas irregularmente por familias que la necesita, podría convertirse en un espacio planificado y apto para que la gente pueda levantar sus casas de la mejor manera posible”, analizó el radical.
Para García, se trata de una ley que “incomoda” al oficialismo porque plantea una necesidad innegable y un derecho indiscutible. “Estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vivienda. Entonces les hace ruido y les incomoda porque no hay argumentos para decirle que no”, señaló.
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