Por Álvaro José Aurane
04 Abril 2015
Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
(Constitución de la Nación Argentina, artículo 5)
“Estamos en una situación complicada en cuanto a la falta de elementos para cumplir con la función del Ministerio Público”. La afirmación no corresponde a un precandidato a gobernador de la oposición. Es la respuesta del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, a la primera pregunta (“En lo funcional, ¿cuál es hoy la situación del Ministerio Fiscal?”) de una entrevista, a propósito de sus primeros seis meses a cargo de una institución determinante para el combate del delito en Tucumán.
El problema de vivir una actualidad donde las sirenas delatoras de anormalidad están encendidas todos los días, todo el día, es que resulta difícil detectar los nuevos avisos de emergencia. Este es el país donde la jefa de Estado no quiere comprender la masividad del descontento ciudadano convertido en paro nacional absoluto, y jibariza la huelga demoledora hasta reducirla a un berrinche del 8% -dice ella- de los trabajadores que paga Impuestos a las Ganancias. Debe ser que está feliz el 92% de los que ganan bajos salarios, luego de los 12 años de políticas motorizadas por un gabinete de ministros con Necesidades Básicas Insatisfechas... Claro que aquella falacia, comparadas con la provincia del “vago de miércoles, tengo 10 mansiones, pedazo de animal” por parte de quien sigue presidiendo el partido de la justicia social (o Justicialista), suena a argumento de lujo.
Pero esa cotidiana irracionalidad oficial no debe enmascarar que las declaraciones del ministro fiscal representan uno de los hechos más alarmantes de la institucionalidad tucumana. Sobre todo, porque la advertencia de Jiménez no es un “lapsus” ni una oración sacada de contexto. La sentencia se va llenando de contenido a lo largo del diálogo. Por ejemplo, cuando se le inquiere qué es lo que falta para garantizar el funcionamiento del Ministerio Fiscal. “Tanto lo referido a elementos de investigación como a personal especializado. Para ello es esencial contar también con espacio físico suficiente”, contesta. O sea, falta qué, quiénes y dónde.
Sin respuestas
“A esta situación vengo poniéndola de manifiesto reiteradamente”, consigna el funcionario judicial. El 8 de marzo ya le había dicho a LA GACETA que “la falta de espacio y de instrumentos nos determinan a dividir en turnos el trabajo de las Fiscalías, para que puedan dos empleados ocupar el mismo espacio y la misma computadora. Tal es la necesidad”. Ahora se suma -explica- que el organismo “ha sufrido recientemente una disminución de su espacio, como consecuencia del inicio de la construcción sobre Laprida de un edificio destinado a la Justicia Penal, que se levantará en predios que ocupaba el Ministerio Fiscal”.
Jiménez le apunta al antiguo edificio de la Legislatura, flanqueado por el Casino y el Teatro San Martín. En diciembre -recuerda- presentó una nota al Ejecutivo, “requiriendo la posibilidad de disponer” del inmueble. “Entendemos que está sin uso, que tiene proximidad con los tribunales y juzgados, y que será funcional a la tarea, pero aún no tuvimos respuesta”.
¿Y si nunca hay respuesta? “Se está analizando la posibilidad de realizar una presentación judicial para que se requieran los edificios públicos que pudieran proporcionarse al Ministerio Público y que no estuvieran destinados a otras actividades, o que sea factible compartir parcialmente”.
Si el hombre que fue hasta hace medio año ministro político del alperovichismo concreta un planteo judicial que involucra directamente al precandidato a gobernador oficialista Juan Manzur, presidente de la Legislatura a la que pertenece el edificio de Sarmiento 655, el ciclo se habrá completado. Luego de 12 años de una oposición a la que le sobran los comunicados de prensa y le faltan las denuncias judiciales, el alperovichismo habrá terminado por generar sus propios adversarios. Aunque Jiménez llega tarde: ya se le adelantó la esposa del propio gobernador, que dejó si discurso a los candidatos que promueve el mandatario a cinco meses de los comicios.
Sin atenuantes
¿Por qué no dijo nada de estos problemas durante la década en que se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia?, es una pregunta ineludible, para la que Jiménez tiene una respuesta que, en el mejor de los casos, puede considerarse política. “Mi función en el Poder Ejecutivo era la de ser el nexo institucional en la relación entre la Casa de Gobierno y el Poder Judicial, pero de ninguna manera podía meterme en los asuntos de otro poder”, es la salida que halla.
Eso sí, cuando explica por qué habla ahora, no responde que se debe a que desempeña funciones en Tribunales. Por el contrario, brinda tres razones. La primera es una cuestión material: “la creación por ley de nuevas fiscalías y defensorías que comenzarán a funcionar dentro de pocos meses”.
La segunda es una razón operativa: “tanto la creación de nuevos organismos necesarios para la investigación del delito, para lo cual ya está organizándose la Policía Judicial, como la atención de la víctima, son acciones que evidentemente requieren contar con espacio físico”.
La tercera es un hecho infernal: “la insistencia del Poder Ejecutivo en la vigencia de la ley que recarga (en la jurisdicción de los tribunales provinciales) la competencia sobre el narcotráfico”. La dudosa constitucionalidad de la ley provincial que adhirió el año pasado a la Ley Nacional de Estupefacientes, remarca el ex secretario general del PJ, “ya fue observada por el Ministerio Público”, desde el momento en que él se hizo cargo.
Ese último punto reconfigura, al borde de la locura institucional, lo que está por ocurrir en Tucumán. El poder político ha resuelto que las fiscalías tucumanas se encarguen de combatir el “narcomenudeo”, y que las defensorías asistan a los acusados de traficar estupefacientes en bajas cantidades. Todo eso, cuando en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, según su mismísimo titular, “ni siquiera tenemos un un lugar adecuado para cumplimentar las tareas que demanda la función del Ministerio”.
Por si no parece grave, el ministro fiscal es interrogado acerca de si la situación no es grave. “Todo esto hace que no sea exagerado calificar de grave la situación de falta de espacio físico adecuado para hacer posible el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de administrar justicia, de las cuales participa el Ministerio Público como titular de la acción pública para perseguir el delito”.
Sin cordura
Los alarmantes índices de la criminalidad tucumana son, entonces, espantosamente lógicos. El informe presentado en noviembre por el entonces vocal kirchnerista de la Corte nacional, Eugenio Zaffaroni, daba cuenta de que el índice de asesinatos en Tucumán (7,73 comprovincianos cada 100.000 habitantes) es superior al de la Ciudad de Buenos Aires. Por toda respuesta, el Gobierno local sólo ha sabido comprar más patrulleros y designar más uniformados. Pero no sirve agigantar la estructura policial si no hay con qué procesar en los tribunales el delito que se combate.
Puesto en cifras: durante 2014, según las más informadas fuentes del Poder Judicial, por el fuero penal tucumano pasaron unas 65.000 causas. Cada expediente demanda tiempo, personal y recursos hasta para ser archivado. Y aunque la mayoría no prospera, si se aplicara el estándar de que sólo entre el 8% y el 10% de esos expedientes se elevan a juicio, esa “ínfima” parte equivale a entre 6.000 y 6.500 causas. El alperovichismo, a esa estadística que desborda tribunales, quiere agregar, por lo menos, medio millar más de causas, vinculadas al narcomenudeo.
Santa Fe (3,2 millón de habitantes, según el Censo 2010) se hizo cargo de la competencia para combatir a los vendedores de drogas ilegales y cuenta con un Ministerio Público de la Acusación, cuya estructura fue fijada por ley en 2009. Esa norma creo, “para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y actuar en juicio”, 46 cargos de fiscales más 98 cargos de fiscales adjuntos. En Tucumán, para atender el equivalente al 50% de la población santafesina, no hay la mitad de los fiscales. Ni un cuarto de ellos. Ni siquiera la décima parte. Hoy sólo hay 10 fiscalías. Y según el jefe de esa decena de fiscales, ni siquiera tienen espacio para trabajar.
¿Cuál es, entonces, la razonabilidad de hacerse cargo del combate contra el narcomenudeo? La Provincia le está diciendo a los narcotráficantes que vengan tranquilos: aquí, el Ministerio Fiscal los va a perseguir en ojotas. Con el agravante de que esas ojotas no alcanzan para todos. Y, como si no bastara, tampoco hay lugar donde guardarlas.
Si no hay personal especializado, equipamiento y ni siquiera espacio adecuado “para hacer posible el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de administrar justicia”, la provincia hace mucho más que incurrir en las causales del Artículo 5 para que la Nación deje de garantizar su autonomía. Mayor aún es la tragedia de no poder honrar los compromisos internacionales respectos de estándares básicos, como los de que las garantías procesales nunca se suspenden, ni siquiera bajo la invocación de emergencia alguna, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el Ministero Público está diciendo que no cuenta con las garantías materiales para funcionar, es decir, que está siendo inutilizado para su tarea, que es equivalente a decir que lo están corrompiendo funcionalmente porque su función está rota, ¿que garantías procesales hay?
A esta altura de la civilización, ya no se concibe que un Estado no pueda cumplir con los mandatos de su Constitución ni con sus obligaciones internacionales. El cordón cuneta de la democracia pavimentadora no alcanza hasta ahí.
(Constitución de la Nación Argentina, artículo 5)
“Estamos en una situación complicada en cuanto a la falta de elementos para cumplir con la función del Ministerio Público”. La afirmación no corresponde a un precandidato a gobernador de la oposición. Es la respuesta del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, a la primera pregunta (“En lo funcional, ¿cuál es hoy la situación del Ministerio Fiscal?”) de una entrevista, a propósito de sus primeros seis meses a cargo de una institución determinante para el combate del delito en Tucumán.
El problema de vivir una actualidad donde las sirenas delatoras de anormalidad están encendidas todos los días, todo el día, es que resulta difícil detectar los nuevos avisos de emergencia. Este es el país donde la jefa de Estado no quiere comprender la masividad del descontento ciudadano convertido en paro nacional absoluto, y jibariza la huelga demoledora hasta reducirla a un berrinche del 8% -dice ella- de los trabajadores que paga Impuestos a las Ganancias. Debe ser que está feliz el 92% de los que ganan bajos salarios, luego de los 12 años de políticas motorizadas por un gabinete de ministros con Necesidades Básicas Insatisfechas... Claro que aquella falacia, comparadas con la provincia del “vago de miércoles, tengo 10 mansiones, pedazo de animal” por parte de quien sigue presidiendo el partido de la justicia social (o Justicialista), suena a argumento de lujo.
Pero esa cotidiana irracionalidad oficial no debe enmascarar que las declaraciones del ministro fiscal representan uno de los hechos más alarmantes de la institucionalidad tucumana. Sobre todo, porque la advertencia de Jiménez no es un “lapsus” ni una oración sacada de contexto. La sentencia se va llenando de contenido a lo largo del diálogo. Por ejemplo, cuando se le inquiere qué es lo que falta para garantizar el funcionamiento del Ministerio Fiscal. “Tanto lo referido a elementos de investigación como a personal especializado. Para ello es esencial contar también con espacio físico suficiente”, contesta. O sea, falta qué, quiénes y dónde.
Sin respuestas
“A esta situación vengo poniéndola de manifiesto reiteradamente”, consigna el funcionario judicial. El 8 de marzo ya le había dicho a LA GACETA que “la falta de espacio y de instrumentos nos determinan a dividir en turnos el trabajo de las Fiscalías, para que puedan dos empleados ocupar el mismo espacio y la misma computadora. Tal es la necesidad”. Ahora se suma -explica- que el organismo “ha sufrido recientemente una disminución de su espacio, como consecuencia del inicio de la construcción sobre Laprida de un edificio destinado a la Justicia Penal, que se levantará en predios que ocupaba el Ministerio Fiscal”.
Jiménez le apunta al antiguo edificio de la Legislatura, flanqueado por el Casino y el Teatro San Martín. En diciembre -recuerda- presentó una nota al Ejecutivo, “requiriendo la posibilidad de disponer” del inmueble. “Entendemos que está sin uso, que tiene proximidad con los tribunales y juzgados, y que será funcional a la tarea, pero aún no tuvimos respuesta”.
¿Y si nunca hay respuesta? “Se está analizando la posibilidad de realizar una presentación judicial para que se requieran los edificios públicos que pudieran proporcionarse al Ministerio Público y que no estuvieran destinados a otras actividades, o que sea factible compartir parcialmente”.
Si el hombre que fue hasta hace medio año ministro político del alperovichismo concreta un planteo judicial que involucra directamente al precandidato a gobernador oficialista Juan Manzur, presidente de la Legislatura a la que pertenece el edificio de Sarmiento 655, el ciclo se habrá completado. Luego de 12 años de una oposición a la que le sobran los comunicados de prensa y le faltan las denuncias judiciales, el alperovichismo habrá terminado por generar sus propios adversarios. Aunque Jiménez llega tarde: ya se le adelantó la esposa del propio gobernador, que dejó si discurso a los candidatos que promueve el mandatario a cinco meses de los comicios.
Sin atenuantes
¿Por qué no dijo nada de estos problemas durante la década en que se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia?, es una pregunta ineludible, para la que Jiménez tiene una respuesta que, en el mejor de los casos, puede considerarse política. “Mi función en el Poder Ejecutivo era la de ser el nexo institucional en la relación entre la Casa de Gobierno y el Poder Judicial, pero de ninguna manera podía meterme en los asuntos de otro poder”, es la salida que halla.
Eso sí, cuando explica por qué habla ahora, no responde que se debe a que desempeña funciones en Tribunales. Por el contrario, brinda tres razones. La primera es una cuestión material: “la creación por ley de nuevas fiscalías y defensorías que comenzarán a funcionar dentro de pocos meses”.
La segunda es una razón operativa: “tanto la creación de nuevos organismos necesarios para la investigación del delito, para lo cual ya está organizándose la Policía Judicial, como la atención de la víctima, son acciones que evidentemente requieren contar con espacio físico”.
La tercera es un hecho infernal: “la insistencia del Poder Ejecutivo en la vigencia de la ley que recarga (en la jurisdicción de los tribunales provinciales) la competencia sobre el narcotráfico”. La dudosa constitucionalidad de la ley provincial que adhirió el año pasado a la Ley Nacional de Estupefacientes, remarca el ex secretario general del PJ, “ya fue observada por el Ministerio Público”, desde el momento en que él se hizo cargo.
Ese último punto reconfigura, al borde de la locura institucional, lo que está por ocurrir en Tucumán. El poder político ha resuelto que las fiscalías tucumanas se encarguen de combatir el “narcomenudeo”, y que las defensorías asistan a los acusados de traficar estupefacientes en bajas cantidades. Todo eso, cuando en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, según su mismísimo titular, “ni siquiera tenemos un un lugar adecuado para cumplimentar las tareas que demanda la función del Ministerio”.
Por si no parece grave, el ministro fiscal es interrogado acerca de si la situación no es grave. “Todo esto hace que no sea exagerado calificar de grave la situación de falta de espacio físico adecuado para hacer posible el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de administrar justicia, de las cuales participa el Ministerio Público como titular de la acción pública para perseguir el delito”.
Sin cordura
Los alarmantes índices de la criminalidad tucumana son, entonces, espantosamente lógicos. El informe presentado en noviembre por el entonces vocal kirchnerista de la Corte nacional, Eugenio Zaffaroni, daba cuenta de que el índice de asesinatos en Tucumán (7,73 comprovincianos cada 100.000 habitantes) es superior al de la Ciudad de Buenos Aires. Por toda respuesta, el Gobierno local sólo ha sabido comprar más patrulleros y designar más uniformados. Pero no sirve agigantar la estructura policial si no hay con qué procesar en los tribunales el delito que se combate.
Puesto en cifras: durante 2014, según las más informadas fuentes del Poder Judicial, por el fuero penal tucumano pasaron unas 65.000 causas. Cada expediente demanda tiempo, personal y recursos hasta para ser archivado. Y aunque la mayoría no prospera, si se aplicara el estándar de que sólo entre el 8% y el 10% de esos expedientes se elevan a juicio, esa “ínfima” parte equivale a entre 6.000 y 6.500 causas. El alperovichismo, a esa estadística que desborda tribunales, quiere agregar, por lo menos, medio millar más de causas, vinculadas al narcomenudeo.
Santa Fe (3,2 millón de habitantes, según el Censo 2010) se hizo cargo de la competencia para combatir a los vendedores de drogas ilegales y cuenta con un Ministerio Público de la Acusación, cuya estructura fue fijada por ley en 2009. Esa norma creo, “para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y actuar en juicio”, 46 cargos de fiscales más 98 cargos de fiscales adjuntos. En Tucumán, para atender el equivalente al 50% de la población santafesina, no hay la mitad de los fiscales. Ni un cuarto de ellos. Ni siquiera la décima parte. Hoy sólo hay 10 fiscalías. Y según el jefe de esa decena de fiscales, ni siquiera tienen espacio para trabajar.
¿Cuál es, entonces, la razonabilidad de hacerse cargo del combate contra el narcomenudeo? La Provincia le está diciendo a los narcotráficantes que vengan tranquilos: aquí, el Ministerio Fiscal los va a perseguir en ojotas. Con el agravante de que esas ojotas no alcanzan para todos. Y, como si no bastara, tampoco hay lugar donde guardarlas.
Si no hay personal especializado, equipamiento y ni siquiera espacio adecuado “para hacer posible el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de administrar justicia”, la provincia hace mucho más que incurrir en las causales del Artículo 5 para que la Nación deje de garantizar su autonomía. Mayor aún es la tragedia de no poder honrar los compromisos internacionales respectos de estándares básicos, como los de que las garantías procesales nunca se suspenden, ni siquiera bajo la invocación de emergencia alguna, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el Ministero Público está diciendo que no cuenta con las garantías materiales para funcionar, es decir, que está siendo inutilizado para su tarea, que es equivalente a decir que lo están corrompiendo funcionalmente porque su función está rota, ¿que garantías procesales hay?
A esta altura de la civilización, ya no se concibe que un Estado no pueda cumplir con los mandatos de su Constitución ni con sus obligaciones internacionales. El cordón cuneta de la democracia pavimentadora no alcanza hasta ahí.
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