Por LA GACETA
02 Abril 2015
Cada tanto resucita con violencia y causa destrucción. Instigado por el fenómeno meteorológico y la irresponsabilidad de los gobernantes, el río Muerto desató su furia en la madrugada del 7 de marzo pasado, volteó defensas, se llevó casas humildes y tuvieron que ser evacuadas las personas que vivían debajo del puente de la ruta 338, que une El Corte con la comuna de San Javier. En los canales, grandes bloques de hormigón fueron arrastrados por la correntada.
Tras el desastre, las críticas de expertos, vecinos y políticos apuntaron hacia las autoridades municipales, y señalaron como causas la extracción de áridos, la incorrecta planificación de las urbanizaciones y de la falta de estructuras pluviales. El intendente de Yerba Buena optó por culpar a otros de la catástrofe. “Han socavado todo el río. Si los expertos hablan de una extracción de áridos desmedida, entonces que la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, a través de su Secretaría de Minería, que se preocupen y controlen... En ese cauce hay 15 canteras que han sido otorgadas por la Universidad. La Municipalidad tiene una sola cantera, de la que saca el ripio para arreglar las calles. Es la UNT la que tiene que poner orden en la cantidad de canteras adjudicadas. Deberían vigilar la explotación en el parque Sierra San Javier, que es de su propiedad”, dijo.
Expertos de la UNT respondieron que la Universidad ni el Parque Sierra de San Javier tienen jurisdicción para autorizar la explotación de canteras; sólo tiene esa facultad la Dirección de Minería. Desmintieron que la casa de estudios tuviera 15 canteras e indicaron que la UNT revocó todos los permisos de paso por su jurisdicción a los camiones que retiraban áridos de los cauces de ríos y de arroyos que atraviesan el área protegida. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT presentó en 2012 un informe sobre la extracción de áridos en el río Muerto, desde la ruta 340 hacia el norte, en el que se aconsejaba suspender la extracción de áridos.
Hace 40 años, ya se había advertido sobre las consecuencias de la depredación del piedemonte. “El aniquilamiento de la tierra es delito. El futuro está comprometido. Aquí en Tucumán no se respetan íntegramente las leyes vigentes de suelo N° 3.571 y la de defensa forestal N° 13.273 de la Nación, como la provincial N° 2.439... La destrucción de las fuentes de agua potable de la Sierra de San Javier es un hecho... La Sierra de San Javier no es un fundo para bienes de riqueza, es una reserva de fuente de vida. Pero la ciudad en presión urbanística permanente ya golpea sobre los límites del Parque Biológico. Se realizan loteos que taponan los cauces de descargas naturales y así el agua, desordenadamente, arrasa con la instalación y suelos...”, afirmaba el editorial del “Informe: Crimen ecológico” de la publicación N° 3 de 1975 del Parque Biológico de la UNT.
La depredación de la ladera del Aconquija prosiguió, mientras los gobiernos hacían oídos sordos a las advertencias de los ambientalistas y expertos en hidráulica. ¿De qué sirven los estudios especializados si no se los tiene en cuenta a la hora de planear una obra estructural? A los desastres ecológicos los padece generalmente la población, casi nunca la clase gobernante. Sería hora entonces de que la negligencia y la irresponsabilidad de nuestros representantes -si fuera comprobada- no quedaran impunes.
Tras el desastre, las críticas de expertos, vecinos y políticos apuntaron hacia las autoridades municipales, y señalaron como causas la extracción de áridos, la incorrecta planificación de las urbanizaciones y de la falta de estructuras pluviales. El intendente de Yerba Buena optó por culpar a otros de la catástrofe. “Han socavado todo el río. Si los expertos hablan de una extracción de áridos desmedida, entonces que la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, a través de su Secretaría de Minería, que se preocupen y controlen... En ese cauce hay 15 canteras que han sido otorgadas por la Universidad. La Municipalidad tiene una sola cantera, de la que saca el ripio para arreglar las calles. Es la UNT la que tiene que poner orden en la cantidad de canteras adjudicadas. Deberían vigilar la explotación en el parque Sierra San Javier, que es de su propiedad”, dijo.
Expertos de la UNT respondieron que la Universidad ni el Parque Sierra de San Javier tienen jurisdicción para autorizar la explotación de canteras; sólo tiene esa facultad la Dirección de Minería. Desmintieron que la casa de estudios tuviera 15 canteras e indicaron que la UNT revocó todos los permisos de paso por su jurisdicción a los camiones que retiraban áridos de los cauces de ríos y de arroyos que atraviesan el área protegida. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT presentó en 2012 un informe sobre la extracción de áridos en el río Muerto, desde la ruta 340 hacia el norte, en el que se aconsejaba suspender la extracción de áridos.
Hace 40 años, ya se había advertido sobre las consecuencias de la depredación del piedemonte. “El aniquilamiento de la tierra es delito. El futuro está comprometido. Aquí en Tucumán no se respetan íntegramente las leyes vigentes de suelo N° 3.571 y la de defensa forestal N° 13.273 de la Nación, como la provincial N° 2.439... La destrucción de las fuentes de agua potable de la Sierra de San Javier es un hecho... La Sierra de San Javier no es un fundo para bienes de riqueza, es una reserva de fuente de vida. Pero la ciudad en presión urbanística permanente ya golpea sobre los límites del Parque Biológico. Se realizan loteos que taponan los cauces de descargas naturales y así el agua, desordenadamente, arrasa con la instalación y suelos...”, afirmaba el editorial del “Informe: Crimen ecológico” de la publicación N° 3 de 1975 del Parque Biológico de la UNT.
La depredación de la ladera del Aconquija prosiguió, mientras los gobiernos hacían oídos sordos a las advertencias de los ambientalistas y expertos en hidráulica. ¿De qué sirven los estudios especializados si no se los tiene en cuenta a la hora de planear una obra estructural? A los desastres ecológicos los padece generalmente la población, casi nunca la clase gobernante. Sería hora entonces de que la negligencia y la irresponsabilidad de nuestros representantes -si fuera comprobada- no quedaran impunes.
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