Por LA GACETA
01 Abril 2015
Cuando está próximo a lanzarse un producto de uso masivo, se supone que se han examinado los posibles problemas que pueden presentarse hasta que alcance su óptimo funcionamiento, y solucionarlos antes de que el inconveniente aparezca o, contemplar algunas alternativas que podrían seguirse sin afectar el servicio. Con la idea de mejorar la seguridad de los choferes y de evitar el eterno problema del vuelto se implementaron las tarjetas Ciudadana y Metropolitana.
Los nacimientos resultaron traumáticos. La primera salió al ruedo en febrero de 2014; sin embargo no se había previsto la cantidad suficiente de bocas de expendio; la mayoría estaban ubicadas en el centro, tardaron en instalarse en los barrios o había escasez de plástico. Tras marchas y contramarchas, la segunda hizo su debut en diciembre pasado; las quejas de los usuarios no tardaron en producirse.
El viernes pasado colapsó el sistema de recarga de ambas tarjetas y generó un caos entre los usuarios porque tenían problemas para viajar. Quienes no poseían crédito tuvieron que pedir prestado el plástico o pagarle con dinero el viaje al poseedor de la tarjeta. “Los choferes no tienen compasión. No importa si no hay dónde recargar o si no anda la máquina; no te suben. La cosa es que siempre hay algún problema: o los quioscos se quedan sin saldo, o se cae el sistema o hay colas interminables”, dijo una señora. Otra vecina dijo que vive en barrio Soeme “y ahí no hay dónde recargar la tarjeta; cuando vine al centro, me di con que tampoco se podía”.
La explicación que dio el representante de ATOS, la empresa que gestiona el sistema informático en Tucumán, es que se saturaron las comunicaciones entre los equipos y la central y tuvieron que efectuar una actualización vinculada a la compatibilidad entre las tarjetas Ciudadana y Metropolitana; por otro lado, comenzaron a entrar demasiadas solicitudes de saldo. El inconveniente que causó malestar en los usuarios se normalizó el sábado y puso en evidencia la falta de una alternativa válida que evitara que los ciudadanos tuviesen problemas para viajar.
La escasez de lugares donde efectuar la recarga afecta también a ciudades del Gran San Miguel de Tucumán. Por ejemplo, en Alderetes, donde viven más de 40.000 personas, hay sólo dos puestos de recarga; si estos no funcionan, la dura opción que tienen sus pobladores es trasladarse hasta San Miguel de Tucumán.
Todo servicio público debe pensar en el bienestar del usuario. Como sucede con la tarje SUBE en Buenos Aires, se debería permitir pagar el boleto en efectivo si no se tiene la tarjeta: un viaje mínimo con la SUBE cuesta $3 mientras que sin el plástico, $6. Se ha sugerido también que la recarga puede efectuarse en los locales de pago rápido o por cajeros automáticos.
Por otro lado, es incomprensible que haya empresas de ómnibus que exigen que cada pasajero abone el boleto con una tarjeta propia, y se lo comunican a través de carteles, cuando ello está prohibido. ¿Cuál es el control que realizan entonces los responsables de la tarjeta Metropolitana, de UTA o la Municipalidad? ¿Quién protege al ciudadano de estos abusos?
Los empresarios y funcionarios deberían comprender que los ciudadanos no son conejillos de indias y que deben priorizar su comodidad, porque son ellos los que mantienen con su bolsillo el servicio de colectivos.
Los nacimientos resultaron traumáticos. La primera salió al ruedo en febrero de 2014; sin embargo no se había previsto la cantidad suficiente de bocas de expendio; la mayoría estaban ubicadas en el centro, tardaron en instalarse en los barrios o había escasez de plástico. Tras marchas y contramarchas, la segunda hizo su debut en diciembre pasado; las quejas de los usuarios no tardaron en producirse.
El viernes pasado colapsó el sistema de recarga de ambas tarjetas y generó un caos entre los usuarios porque tenían problemas para viajar. Quienes no poseían crédito tuvieron que pedir prestado el plástico o pagarle con dinero el viaje al poseedor de la tarjeta. “Los choferes no tienen compasión. No importa si no hay dónde recargar o si no anda la máquina; no te suben. La cosa es que siempre hay algún problema: o los quioscos se quedan sin saldo, o se cae el sistema o hay colas interminables”, dijo una señora. Otra vecina dijo que vive en barrio Soeme “y ahí no hay dónde recargar la tarjeta; cuando vine al centro, me di con que tampoco se podía”.
La explicación que dio el representante de ATOS, la empresa que gestiona el sistema informático en Tucumán, es que se saturaron las comunicaciones entre los equipos y la central y tuvieron que efectuar una actualización vinculada a la compatibilidad entre las tarjetas Ciudadana y Metropolitana; por otro lado, comenzaron a entrar demasiadas solicitudes de saldo. El inconveniente que causó malestar en los usuarios se normalizó el sábado y puso en evidencia la falta de una alternativa válida que evitara que los ciudadanos tuviesen problemas para viajar.
La escasez de lugares donde efectuar la recarga afecta también a ciudades del Gran San Miguel de Tucumán. Por ejemplo, en Alderetes, donde viven más de 40.000 personas, hay sólo dos puestos de recarga; si estos no funcionan, la dura opción que tienen sus pobladores es trasladarse hasta San Miguel de Tucumán.
Todo servicio público debe pensar en el bienestar del usuario. Como sucede con la tarje SUBE en Buenos Aires, se debería permitir pagar el boleto en efectivo si no se tiene la tarjeta: un viaje mínimo con la SUBE cuesta $3 mientras que sin el plástico, $6. Se ha sugerido también que la recarga puede efectuarse en los locales de pago rápido o por cajeros automáticos.
Por otro lado, es incomprensible que haya empresas de ómnibus que exigen que cada pasajero abone el boleto con una tarjeta propia, y se lo comunican a través de carteles, cuando ello está prohibido. ¿Cuál es el control que realizan entonces los responsables de la tarjeta Metropolitana, de UTA o la Municipalidad? ¿Quién protege al ciudadano de estos abusos?
Los empresarios y funcionarios deberían comprender que los ciudadanos no son conejillos de indias y que deben priorizar su comodidad, porque son ellos los que mantienen con su bolsillo el servicio de colectivos.
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