31 Marzo 2015
“Puedo calificar como insólitas las declaraciones del intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, cuando acusa a la Universidad Nacional de Tucumán de ser la responsable del manejo del río Muerto. Debería saber que la responsabilidad recae en diversos sectores oficiales”, afirma Florencio Aceñolaza, profesor emérito de ese establecimiento de altos estudios.
Enseguida, Aceñolaza justifica su aseveración. Explica que la Universidad es propietaria de las tierras donde nace el cauce fluvial, que la mayor parte del año se encuentra seco. Empero, la Dirección de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, considera que se trata, justamente, de un río. En consecuencia -prosigue-, ha asumido su jurisdicción legal, y ha otorgado permisos de explotación de áridos. Luego, la Dirección Provincial del Agua (DPA) hizo algunos correctivos con gaviones, que son cajas hechas con enrejado metálico y piedras en su interior, también conocidos como “defensas”.
Además de todos esos partícipes enumerados por Aceñolaza, también está la Municipalidad de Yerba Buena, que -según él- toma al cauce “como propio” y extrae ripio para nivelar sus calles. “Esa es la realidad, y me sorprende que quien usa las canteras para extraer material pétreo, hoy se asombre de una situación que es de su incumbencia”, añade el docente y ex representante de la Universidad en el directorio de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
“Como está planteado el debate, me suena más a una cuestión de la interna de la política alperovichista. Aquí hay tres instituciones, Municipio, Minería y DPA, que son partícipes de graves errores del Gobierno provincial”, concluye Aceñolaza.
Enseguida, Aceñolaza justifica su aseveración. Explica que la Universidad es propietaria de las tierras donde nace el cauce fluvial, que la mayor parte del año se encuentra seco. Empero, la Dirección de Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, considera que se trata, justamente, de un río. En consecuencia -prosigue-, ha asumido su jurisdicción legal, y ha otorgado permisos de explotación de áridos. Luego, la Dirección Provincial del Agua (DPA) hizo algunos correctivos con gaviones, que son cajas hechas con enrejado metálico y piedras en su interior, también conocidos como “defensas”.
Además de todos esos partícipes enumerados por Aceñolaza, también está la Municipalidad de Yerba Buena, que -según él- toma al cauce “como propio” y extrae ripio para nivelar sus calles. “Esa es la realidad, y me sorprende que quien usa las canteras para extraer material pétreo, hoy se asombre de una situación que es de su incumbencia”, añade el docente y ex representante de la Universidad en el directorio de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
“Como está planteado el debate, me suena más a una cuestión de la interna de la política alperovichista. Aquí hay tres instituciones, Municipio, Minería y DPA, que son partícipes de graves errores del Gobierno provincial”, concluye Aceñolaza.
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