Por LA GACETA
27 Marzo 2015
La función pública obliga a quien la ejerce a mantener permanentemente un comportamiento irreprochable, que refleje el respeto por los ciudadanos, así como acciones transparentes y rendiciones de cuentas sobre lo actuado. Sucede con frecuencia que algunos funcionarios confunden la actividad pública con la privada. Hace unos días, en El Molino, poblado ubicado a 15 kilómetros de Concepción, nuestra primera dama provincial protagonizó un incidente con un jornalero, víctima de las inundaciones. Cuando este le solicitó ayuda, ella afirmó que poseía 10 mansiones y, sin embargo, se hallaba en el lugar y luego lo trató de “pedazo de animal” y “vago de miércoles”.
La senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich se disculpó luego en general por el exabrupto a través de una radio porteña. El dirigente de la Unión Cívica Radical, José Canelada, presentó una denuncia por este episodio en la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
El titular provincial de esa repartición, Gustavo Díaz Fernández, salió a respaldar a la esposa del gobernador, en su página de Facebook: “Betty es así y eso nos gusta de ella. Que da la cara, dice lo que piensa y siente. Y esto puede gustarle o no a quien lea mi posteo, pero es importante que sepan que ni este recorte de video ni ninguna de las operaciones que hagan de aquí hasta los comicios y aún después de estos, nada cambiará a Betty en su forma de ser, en su compromiso y en su militancia. Y esto que tanto nos alegra a muchos, quizás sea lo que más les moleste a algunos”.
Esta afirmación llevó a la central del Inadi a tomar distancia de las apreciaciones de su empleado provincial. “Se hace saber que las manifestaciones vertidas en las redes sociales por el delegado de este organismo en la provincia de Tucumán, no representan ni la opinión ni el sentir del Inadi, y son de su exclusiva responsabilidad”, sostuvo, y acotó que no efectuaron ninguna declaración y que lo harán “cuando se expida el dictamen”.
El Inadi fue creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en 1997. Sus acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. En su sitio web, indica que sus funciones se orientan a garantizar, para esas personas, los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.
Alguien que es responsable de un organismo, mucho más de estas características, nunca puede ser juez y parte; debería además abstenerse de hacer declaraciones públicas y dar un paso al costado en el caso de ser amigo o allegado de la persona denunciada. Lo mismo que un juez, un funcionario que está a cargo del Inadi, organismo que depende desde marzo de 2005, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debe garantizar imparcialidad. El hecho de ocupar o compartir un espacio de poder no le da ningún privilegio; al ser un servidor público se debe a la comunidad y no a los lazos familiares o amistosos. ¿Qué ecuanimidad puede esperarse de un funcionario si antepone sus simpatías personales a la cosa pública, que abarca a la sociedad?
La senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich se disculpó luego en general por el exabrupto a través de una radio porteña. El dirigente de la Unión Cívica Radical, José Canelada, presentó una denuncia por este episodio en la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
El titular provincial de esa repartición, Gustavo Díaz Fernández, salió a respaldar a la esposa del gobernador, en su página de Facebook: “Betty es así y eso nos gusta de ella. Que da la cara, dice lo que piensa y siente. Y esto puede gustarle o no a quien lea mi posteo, pero es importante que sepan que ni este recorte de video ni ninguna de las operaciones que hagan de aquí hasta los comicios y aún después de estos, nada cambiará a Betty en su forma de ser, en su compromiso y en su militancia. Y esto que tanto nos alegra a muchos, quizás sea lo que más les moleste a algunos”.
Esta afirmación llevó a la central del Inadi a tomar distancia de las apreciaciones de su empleado provincial. “Se hace saber que las manifestaciones vertidas en las redes sociales por el delegado de este organismo en la provincia de Tucumán, no representan ni la opinión ni el sentir del Inadi, y son de su exclusiva responsabilidad”, sostuvo, y acotó que no efectuaron ninguna declaración y que lo harán “cuando se expida el dictamen”.
El Inadi fue creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en 1997. Sus acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. En su sitio web, indica que sus funciones se orientan a garantizar, para esas personas, los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.
Alguien que es responsable de un organismo, mucho más de estas características, nunca puede ser juez y parte; debería además abstenerse de hacer declaraciones públicas y dar un paso al costado en el caso de ser amigo o allegado de la persona denunciada. Lo mismo que un juez, un funcionario que está a cargo del Inadi, organismo que depende desde marzo de 2005, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debe garantizar imparcialidad. El hecho de ocupar o compartir un espacio de poder no le da ningún privilegio; al ser un servidor público se debe a la comunidad y no a los lazos familiares o amistosos. ¿Qué ecuanimidad puede esperarse de un funcionario si antepone sus simpatías personales a la cosa pública, que abarca a la sociedad?
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