Por Roberto Delgado
27 Marzo 2015
Gestionan un puente bailey para poner encima del puente roto en Lules. Estudian llevar a las familias desposeídas del río Muerto y de Lules a casillas en El Manantial, quizás dentro de tres semanas. Van a ver qué hacen con las familias de Raco. Esperan dinero de La Nación (unos 200 millones de pesos) para comenzar a reparar la infraestructura rota. No se sabe cuándo. Pero nada podrá estar como era antes de la catástrofe antes de un año, según dio a entender Raúl Basilio, titular de Vialidad provincial. Nada se sabe, excepto la ayuda coyuntural, con respecto a los miles de damnificados por las crecientes y a las poblaciones del sureste que están siendo devoradas por la cola del Frontal. Y como justificando tanta falta de precisiones, el gobernador, José Alperovich, explicó que “para poder comenzar a solucionar necesitamos un proyecto ejecutivo”.
Y ahí empiezan varios problemas, porque no está claro quién va a hacer el proyecto ejecutivo y qué obras complementarias habrá que hacer, así como qué reparticiones deberán hacerse cargo del mantenimiento y quién controlará a esas reparticiones, porque lo que han mostrado claramente las inundaciones de este ahogado verano es que cuando no falló la construcción del puente, fue nulo o malo el mantenimiento de las cuencas o resultaron dañinas las obras de pavimento y de urbanización, porque se hicieron sin los desagües o alcantarillas necesarios.
Las autoridades niegan su responsabilidad, incluso ahí donde no pueden escaparse. Porque es cierto que el gobierno actual no construyó el colapsado puente de Lules (en todo caso lo podrán acusar de que no sistematizó la cuenca), pero nada debería tener que decir con respecto del puente de Los Alisos, que fue armado hace dos años con un costo de $ 11 millones y fue llevado como barquito de papel por el torrente. No obstante, el interventor de Vialidad negó responsabilidad: “ese puente había sido construido con todas las normas técnicas de última generación. No se hicieron las cosas mal como pueden decir algunos opinólogos. No se puede medir la naturaleza y el agua”, sentenció Basilio.
Quién sabe. Quizás tenga razón. Pero, ¿le encargaríamos la gestión, construcción y supervisión del proyecto a Basilio y Vialidad, después de lo ocurrido?
Y aquí está otro problema: ¿quién, si no las instituciones oficiales, pueden dar fe de una obra bien o mal hecha, y de que las obras que se hagan en el futuro den seguridad a la gente? Después de una década de obras adjudicadas por contratación directa, con sospechas de cartelización de las empresas constructoras y con planteos de irregularidades en la construcción de calles, casas, desagües, cloacas y pozos, la Justicia tiene mucha tarea por delante. ¿Qué pasará con esas obras en el futuro?
El segundo problema es que los mismos expertos y científicos no están de acuerdo. La Fundación ProYungas -que nuclea a especialistas en Ecología y en manejo de bosques- afirma que no hubo desmontes considerables y que el problema radica en la urbanización sin planificación e irresponsable sobre el pedemonte. Lo cual es cierto. Pero otro experto, Juan Antonio González, asegura no sólo que entre 2006 y 2011 se desmontaron 25.333 hectáreas en las zonas altas de los departamentos que más se inundaron (Río Chico, Graneros y La Cocha) sino que los bosques que quedan son bosques empobrecidos.
¿A quién le vamos a creer? No parece quedar más remedio que seguir el sentido común: Gustavo Masmud, de la ONG Ave Fénix (de Concepción), dice que ellos han denunciado dos desmontes en Alpachiri (hace cuatro años: tala ilegal para hacer cultivos de soja, caña o arándano) y El Corralito, Alberdi (tala diferencial para extraer madera). Masmud dice que la zona alta de Alpachiri (entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar) hay dos aserraderos de gente muy conocida en Concepción. “La tala diferencial es constante en toda la zona pedemontana y nadie hace nada”, dice. Habla del sector conocido como “El Camino de la Producción”, una ruta de 40 km entre Los Sarmiento y La Cocha, que a unos 10 km al Oeste de la vieja ruta 38 ha permitido el desarrollo de fincas productivas en los últimos 10 años.
Y acá está el tercer problema. ¿Quiénes talan? Sólo se conocen dos personas: una es el legislador Alberto José Conte, multado dos veces por Flora y Fauna por desmonte en tierras de Arcadia (en 2012 y 2013) y otro es el caso de la estancia Las Tacanas, junto a la reserva de Santa Ana, cuyo propietario, José Roberto Villafañe, fue multado en 2006 por Flora y Fauna en irrisorios 6.000 pesos por deforestar en sectores de fuertes pendientes y no dejar franjas de bosque nativo en el desmonte autorizado de 200 hectáreas. El fiscal de Instrucción Edgardo Sánchez, ante una denuncia penal, hizo estudiar con expertos el caso y vinculó este desmonte con la tremenda inundación de Alpachiri del 12 y 13 de enero de 2007, que causó tres muertes y que dejó 230 familias evacuadas. Acusó a Villafañe por “estrago culposo”, art. 186 y 189 del Código Penal (pena de entre tres meses y 10 años de prisión). El juez Emilio Molinuevo elevó la causa a juicio, pero en 1989 la Cámara de Apelaciones (integrada entonces por Elva Jiménez, Liliana Vitar y Eudoro Albo) desestimó el proceso y aseveró que el fiscal invadía una esfera propia de la Dirección de Flora y Fauna, que ya había multado a Villafañe. Y el caso terminó.
No hace falta pensar que Masmud, cuando dice que las justicias federal y provincial deberían actuar de oficio ante los estragos causados por los ríos Medina y Gastona, está soñando. O cuando afirma que habría que investigar quiénes, además del legislador Conte, son los que desmontan a lo largo del pedemonte. Es que Catastro tiene cerrado y lacrado el acceso a los datos sobre dueños de propiedades en la zona, muchas de las cuales, según el ex intendente de Alberdi, Alberto Darnay (hoy opositor) están en manos de legisladores y gente del oficialismo.
Es decir: no sabemos quién nos dará garantía de que las obras de reparación o las que se hagan en el futuro serán seguras; no sabemos quién las va a controlar y tampoco podemos saber si la Justicia irá a hacer algo (o podrá hacerlo) con respecto al estrago causado por las crecidas de este lluvioso verano.
Eso sí, hay que pensar que lo que viene es peor: el experto en Ecología del Paisaje Ricardo Grau, que no culpa de nada a la deforestación sino a la urbanización descontrolada, advierte que en los próximos 30 años habrá entre 500.000 y un millón de tucumanos más, que ocuparán inexorablemente las áreas que hoy pensamos que deberían estar protegidas.
Y ahí empiezan varios problemas, porque no está claro quién va a hacer el proyecto ejecutivo y qué obras complementarias habrá que hacer, así como qué reparticiones deberán hacerse cargo del mantenimiento y quién controlará a esas reparticiones, porque lo que han mostrado claramente las inundaciones de este ahogado verano es que cuando no falló la construcción del puente, fue nulo o malo el mantenimiento de las cuencas o resultaron dañinas las obras de pavimento y de urbanización, porque se hicieron sin los desagües o alcantarillas necesarios.
Las autoridades niegan su responsabilidad, incluso ahí donde no pueden escaparse. Porque es cierto que el gobierno actual no construyó el colapsado puente de Lules (en todo caso lo podrán acusar de que no sistematizó la cuenca), pero nada debería tener que decir con respecto del puente de Los Alisos, que fue armado hace dos años con un costo de $ 11 millones y fue llevado como barquito de papel por el torrente. No obstante, el interventor de Vialidad negó responsabilidad: “ese puente había sido construido con todas las normas técnicas de última generación. No se hicieron las cosas mal como pueden decir algunos opinólogos. No se puede medir la naturaleza y el agua”, sentenció Basilio.
Quién sabe. Quizás tenga razón. Pero, ¿le encargaríamos la gestión, construcción y supervisión del proyecto a Basilio y Vialidad, después de lo ocurrido?
Y aquí está otro problema: ¿quién, si no las instituciones oficiales, pueden dar fe de una obra bien o mal hecha, y de que las obras que se hagan en el futuro den seguridad a la gente? Después de una década de obras adjudicadas por contratación directa, con sospechas de cartelización de las empresas constructoras y con planteos de irregularidades en la construcción de calles, casas, desagües, cloacas y pozos, la Justicia tiene mucha tarea por delante. ¿Qué pasará con esas obras en el futuro?
El segundo problema es que los mismos expertos y científicos no están de acuerdo. La Fundación ProYungas -que nuclea a especialistas en Ecología y en manejo de bosques- afirma que no hubo desmontes considerables y que el problema radica en la urbanización sin planificación e irresponsable sobre el pedemonte. Lo cual es cierto. Pero otro experto, Juan Antonio González, asegura no sólo que entre 2006 y 2011 se desmontaron 25.333 hectáreas en las zonas altas de los departamentos que más se inundaron (Río Chico, Graneros y La Cocha) sino que los bosques que quedan son bosques empobrecidos.
¿A quién le vamos a creer? No parece quedar más remedio que seguir el sentido común: Gustavo Masmud, de la ONG Ave Fénix (de Concepción), dice que ellos han denunciado dos desmontes en Alpachiri (hace cuatro años: tala ilegal para hacer cultivos de soja, caña o arándano) y El Corralito, Alberdi (tala diferencial para extraer madera). Masmud dice que la zona alta de Alpachiri (entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar) hay dos aserraderos de gente muy conocida en Concepción. “La tala diferencial es constante en toda la zona pedemontana y nadie hace nada”, dice. Habla del sector conocido como “El Camino de la Producción”, una ruta de 40 km entre Los Sarmiento y La Cocha, que a unos 10 km al Oeste de la vieja ruta 38 ha permitido el desarrollo de fincas productivas en los últimos 10 años.
Y acá está el tercer problema. ¿Quiénes talan? Sólo se conocen dos personas: una es el legislador Alberto José Conte, multado dos veces por Flora y Fauna por desmonte en tierras de Arcadia (en 2012 y 2013) y otro es el caso de la estancia Las Tacanas, junto a la reserva de Santa Ana, cuyo propietario, José Roberto Villafañe, fue multado en 2006 por Flora y Fauna en irrisorios 6.000 pesos por deforestar en sectores de fuertes pendientes y no dejar franjas de bosque nativo en el desmonte autorizado de 200 hectáreas. El fiscal de Instrucción Edgardo Sánchez, ante una denuncia penal, hizo estudiar con expertos el caso y vinculó este desmonte con la tremenda inundación de Alpachiri del 12 y 13 de enero de 2007, que causó tres muertes y que dejó 230 familias evacuadas. Acusó a Villafañe por “estrago culposo”, art. 186 y 189 del Código Penal (pena de entre tres meses y 10 años de prisión). El juez Emilio Molinuevo elevó la causa a juicio, pero en 1989 la Cámara de Apelaciones (integrada entonces por Elva Jiménez, Liliana Vitar y Eudoro Albo) desestimó el proceso y aseveró que el fiscal invadía una esfera propia de la Dirección de Flora y Fauna, que ya había multado a Villafañe. Y el caso terminó.
No hace falta pensar que Masmud, cuando dice que las justicias federal y provincial deberían actuar de oficio ante los estragos causados por los ríos Medina y Gastona, está soñando. O cuando afirma que habría que investigar quiénes, además del legislador Conte, son los que desmontan a lo largo del pedemonte. Es que Catastro tiene cerrado y lacrado el acceso a los datos sobre dueños de propiedades en la zona, muchas de las cuales, según el ex intendente de Alberdi, Alberto Darnay (hoy opositor) están en manos de legisladores y gente del oficialismo.
Es decir: no sabemos quién nos dará garantía de que las obras de reparación o las que se hagan en el futuro serán seguras; no sabemos quién las va a controlar y tampoco podemos saber si la Justicia irá a hacer algo (o podrá hacerlo) con respecto al estrago causado por las crecidas de este lluvioso verano.
Eso sí, hay que pensar que lo que viene es peor: el experto en Ecología del Paisaje Ricardo Grau, que no culpa de nada a la deforestación sino a la urbanización descontrolada, advierte que en los próximos 30 años habrá entre 500.000 y un millón de tucumanos más, que ocuparán inexorablemente las áreas que hoy pensamos que deberían estar protegidas.
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