20 Marzo 2015
“Los fines perseguidos no fueron alcanzados”. El Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) decidió retirar a su representante en el Directorio del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), determinación que reflejó la crisis de la agroindustria azucarera.
Según consideraron en la entidad, el organismo de regulación de la actividad no alcanzó los objetivos originales, desde su creación en 2013. El titular de Cactu, Edmundo “Otto” Gramajo, afirmó en una nota de renuncia enviada al gobernador José Alperovich, que el Ipaat, como herramienta, no ha logrado hasta aquí un precio sustentable en el mercado interno de la bolsa de 50 kilos (a $ 220).
En 2013 y en medio de un escenario productivo complicado debido a los altos costos, la sobreoferta de azúcar en el mercado interno y, en consecuencia, a la caída del valor interno del producto, el gobierno tucumano creó la ley provincial 8.573 que declaró de interés público la producción de azúcar y alcohol y conformó el Instituto de Promoción, ente autárquico, con plena capacidad jurídica.
Según la norma, la dirección y administración del Ipaat está a cargo de un Directorio, integrado por seis miembros: dos representantes del Poder Ejecutivo; dos de los 15 ingenios (9 empresarios); y dos de las cuatro entidades cañeras (con sus respectivos suplentes). Los períodos de los directores duran dos años, con la posibilidad de reelección -vencen a fines de este mes-.
El Ipaat debe administrar el denominado sistema de depósito de azúcares para el cumplimiento de las exportaciones y adoptar medidas complementarias a la ley, en busca de promover la producción de azúcar y alcohol y asegurar la exportación en el sector.
“Me hago cargo de la parte que me corresponde como integrante del Directorio. Cactu se va y no hay posibilidad de que haya un representante en la entidad (en el cuerpo). Desde el inicio Cactu veía que esto venía mal, pero dimos un plazo. Pasaron dos y no se hicieron las cosas que debieron haberse hecho”, expresó ayer Gramajo.
El dirigente dejó en claro que uno de los motivos que no permitieron lograr las metas del organismo fue la falta de una voz efectiva en el Directorio de las industrias, marcando así la división que existe entre los privados.
“El objetivo prioritario es mejorar el precio del azúcar y el Ipaat era una herramienta que teníamos para llegar a ese fin. Solo con ganas, no alcanza”, enfatizó. “Es insuficiente una ley provincial, sobretodo, una norma que no haya sido consensuada entre todos los sectores”, agregó el cañero, quien entre otras objeciones, hizo hincapié en que se hicieron malos cálculos para el porcentaje de exportación.
Gramajo aclaró, además, que el Centro no abandonará la pelea por el alcohol y la maquila de alcohol, aunque dijo que en el esquema actual de elaboración de ese recurso (dentro del programa de bioetanol) no hay espacio para los productores, siendo que los cañeros aportan el 90% de la materia prima.
En el sector se propone la implementación de una ley nacional para planificar y regular la producción y comercialización de la actividad; estimular la fabricación de alcohol para reducir excedentes de azúcar; y el financiamiento para que los cañeros e ingenios no mal vendan en la zafra. Todo para revertir la crisis de los productores e ingenios.
Según consideraron en la entidad, el organismo de regulación de la actividad no alcanzó los objetivos originales, desde su creación en 2013. El titular de Cactu, Edmundo “Otto” Gramajo, afirmó en una nota de renuncia enviada al gobernador José Alperovich, que el Ipaat, como herramienta, no ha logrado hasta aquí un precio sustentable en el mercado interno de la bolsa de 50 kilos (a $ 220).
En 2013 y en medio de un escenario productivo complicado debido a los altos costos, la sobreoferta de azúcar en el mercado interno y, en consecuencia, a la caída del valor interno del producto, el gobierno tucumano creó la ley provincial 8.573 que declaró de interés público la producción de azúcar y alcohol y conformó el Instituto de Promoción, ente autárquico, con plena capacidad jurídica.
Según la norma, la dirección y administración del Ipaat está a cargo de un Directorio, integrado por seis miembros: dos representantes del Poder Ejecutivo; dos de los 15 ingenios (9 empresarios); y dos de las cuatro entidades cañeras (con sus respectivos suplentes). Los períodos de los directores duran dos años, con la posibilidad de reelección -vencen a fines de este mes-.
El Ipaat debe administrar el denominado sistema de depósito de azúcares para el cumplimiento de las exportaciones y adoptar medidas complementarias a la ley, en busca de promover la producción de azúcar y alcohol y asegurar la exportación en el sector.
“Me hago cargo de la parte que me corresponde como integrante del Directorio. Cactu se va y no hay posibilidad de que haya un representante en la entidad (en el cuerpo). Desde el inicio Cactu veía que esto venía mal, pero dimos un plazo. Pasaron dos y no se hicieron las cosas que debieron haberse hecho”, expresó ayer Gramajo.
El dirigente dejó en claro que uno de los motivos que no permitieron lograr las metas del organismo fue la falta de una voz efectiva en el Directorio de las industrias, marcando así la división que existe entre los privados.
“El objetivo prioritario es mejorar el precio del azúcar y el Ipaat era una herramienta que teníamos para llegar a ese fin. Solo con ganas, no alcanza”, enfatizó. “Es insuficiente una ley provincial, sobretodo, una norma que no haya sido consensuada entre todos los sectores”, agregó el cañero, quien entre otras objeciones, hizo hincapié en que se hicieron malos cálculos para el porcentaje de exportación.
Gramajo aclaró, además, que el Centro no abandonará la pelea por el alcohol y la maquila de alcohol, aunque dijo que en el esquema actual de elaboración de ese recurso (dentro del programa de bioetanol) no hay espacio para los productores, siendo que los cañeros aportan el 90% de la materia prima.
En el sector se propone la implementación de una ley nacional para planificar y regular la producción y comercialización de la actividad; estimular la fabricación de alcohol para reducir excedentes de azúcar; y el financiamiento para que los cañeros e ingenios no mal vendan en la zafra. Todo para revertir la crisis de los productores e ingenios.
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