15 Marzo 2015
Miguel Romano, el dueño de la casa donde se produjo la matanza, había quedado detenido tras el hecho por orden de Manlio Martínez. Lo que sucedió con su propiedad no está claro. Manuela Ocampo, pareja de Romano, declaró y confirmó que presentó un hábeas corpus y que, luego de que él fuera llevado a un psiquiátrico, un secretario del juzgado de Martínez le habría manifestado interés en comprársela. Habría accedido. La querella de la familia Romero Niklison pidió al TOF que ordene al Registro Inmobiliario que envíe informe dominial histórico del inmueble y al juzgado electoral que determine la existencia del supuesto comprador. La querella de la familia Romano, representada por Bernardo Lobo Bugeau, amplió el pedido para que la ex SIDE, la Policía Federal y la Cámara Federal informen si el hombre se desempeñó como empleado en alguna de esas dependencias en los 70’.
Polémica por Twitter: Camuña ratificó su postura
El fiscal N°2, Pablo Camuña, se refirió a los dichos del imputado Manlio Martínez sobre su condición de ad hoc al momento de la instrucción. Recordó que la Cámara Federal de Apelaciones rechazó un planteo de Martínez por la supuesta “ilegalidad de la designación” en noviembre de 2013. “Por las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Martínez contra el auto de procesamiento, la causa se elevó a principios de 2012 y la resolución de Cámara fue recién en agosto de 2013, es decir un año y medio después. La pregunta de qué hacía en los despachos de la Cámara Federal en octubre de 2012 era y sigue siendo perfectamente válida y me la sigo formulando; más tratándose de una causa judicial con un récord de recusaciones y excusaciones de miembros del Poder Judicial y de un imputado que fue parte de ese mismo poder”, sostuvo.
Las imputaciones: las acusaciones van desde abuso de autoridad hasta privación de la libertad
El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros durante un allanamiento ilegal. Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, a su vez, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Juicio histórico: Martínez es el primer magistrado juzgado en Tucumán por delitos de lesa humanidad
Más de 70 ex jueces federales, ex secretarios de Juzgados y ex fiscales están imputados o investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en todo el país durante la última dictadura. En Tucumán Manlio Martínez es el primero en sentarse en el banquillo. En breve, en Santiago del Estero serán juzgados Arturo Liendo Roca -fue juez federal entre mayo de 1976 y setiembre de 1984- y el ex fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga -había sido secretario del Juzgado Federal de esa provincia desde diciembre de 1974 hasta noviembre de 1976-. En junio del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los consideró “parte de la asociación ilícita para garantizar la impunidad de los actores que intervinieron en el plan sistemático”. De estos más de 70 ex miembros del Poder Judicial sólo fue condenado Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe.
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