Por Indalecio Francisco Sanchez
14 Marzo 2015
Le faltó planificación. Le faltó visión de futuro. Le faltaron estrategas. Le faltó control. Entre otras cuestiones, para reducir al mínimo el efecto de las inundaciones, a la gestión de José Alperovich le faltó lo que siempre se jactó que le sobraron: obras públicas. De las buenas, de las duraderas, de las que -por ejemplo- evitan inundaciones. “Hubiesen sido mucho peor las consecuencias de las tormentas si no hubiésemos hecho todas las obras que hicimos”, dijo el gobernador. Sus palabras son exageradas, por no decir mentirosas, según desde dónde se las analice. Porque es inexplicable (lo dijeron ingenieros civiles en estas mismas páginas) que se cayera un puente que se hizo hace dos años bajo su administración (el de los Alisos) y que gran parte de las zonas hoy anegadas aparecen con trabajos por ejecutar para evitar inundaciones. Y no se hicieron en 12 años de administración.
Tucumán estuvo en Emergencia Hídrica, por ley, desde 2007, justamente por efecto de las inundaciones. En 2012 (ley 8.652) se prorrogó esa norma por dos años. Con ella, el Poder Ejecutivo, a través de la comisión de Emergencia Hídrica, puede utilizar recursos públicos sin “engorrosos” procesos de licitación ni cotejo de precios ni nada. Además, debería contemplar la planificación de obras y su ejecución para evitar nuevos desastres.
A pesar de haber obtenido ese estado de gracia para realizar trabajos que mitiguen el efecto de las potentes tormentas subtropicales, los hechos muestran que lo realizado fue insuficiente, pese a los dichos del gobernador y al inédito y millonario presupuesto que manejó el alperovichismo durante 12 años: nunca antes, ninguna administración tucumana, contó con tantos recursos.
En el informe de gestión que Alperovich entregó a los legisladores el 1 de marzo pasado, consta que el Gobierno, a través de la Dirección Provincial del Agua, que depende de la Secretaría de Obras Públicas, ejecutó la “enorme” cifra de 14 obras por administración y siete por contrato relativas a la prevención de inundaciones en todo 2014. Entre ellas, se cuentan la limpieza del canal sur, la limpieza del río Gastona, el encauce del río Chirimayo y la construcción de defensas en varios otros ríos. En definitiva, se realizaron apenas 21 obras, en todo el año, para prevenir inundaciones. Esta cifra, per se, no dice nada, pero toma valor cuando se la compara con otra: en el mismo informe de gestión (páginas 159 a 161), la cantidad de obras “prelluvia” previstas para este año crece a 63 por administración y tres más por contrato, un total de 66. Es decir que para este 2015 el Gobierno programó un 200% más de obras antiinundaciones. O sea que el Poder Ejecutivo, su líder o sus técnicos, sabían que la infraestructura estaba mal y que era necesario realizar más y mejor en este ítem para evitar complicaciones hídricas. Un dato más: en las siguientes dos páginas del informe de gestión (en las 162 y 163), la DPA detalla las “obras hidráulicas necesarias para la provincia, período 2015 al 2018”. En ese listado figuran 30 obras, la mayoría de ellas orientadas a la sistematización de ríos, a la construcción de embalses y a la reformulación de los desagües pluviales de San Miguel de Tucumán. ¿Por qué no se hicieron entre 2003 y 2014? ¿O por qué se priorizaron otras?
Abundan las pruebas respecto de que este Gobierno, y no otro, podría haber hecho más para evitar los desmanes de las últimas dos semanas. Porque el propio Poder Ejecutivo, a través de diferentes organismos, se pone en evidencia sobre que estaba al tanto de lo que había que hacer, que conocía que debía hacerlo, que presentía que el agua era peligrosa (“La provincia, para resolver definitivamente la cuestión de fondo en el tema inundaciones, necesita inversiones de gran envergadura. Pero, para prevenir situaciones coyunturales, hemos venido trabajando todo el año en los ríos Gastona, Medina, Colorado, y en toda cuenca que hay desde la capital hasta el sur de la provincia. Por supuesto, esto se acompaña con la limpieza de los canales en todas las localidades, como los canales Norte y Sur de la capital y el existente en Yerba Buena”, Oscar Mirkin, el 6/1/2012 en LA GACETA), pero que no accionó para evitarlo.
Otro yerro que salta a la vista tras las trágicas tormentas es el del control. Los ingenieros consultados por LA GACETA juran que un puente de dos años de vida no puede caerse y que estuvo mal planificado o mal construido. El que se desmoronó en el parque Los Alisos es un caso testigo de que algo falla en la relación Estado-obras. Los expertos añaden que en las cátedras de Hidráulica de la carrera de Ingeniería Civil se estudia cómo deben ser las obras y su mantenimiento en una zona con un clima como el tucumano, según la cantidad de milímetros de agua caída y el tiempo de duración del fenómeno climático. Es decir, la maquinaria pavimentadora de este Gobierno y su sinfín de anuncios de obras fue, en parte, la causante del estrago que dejaron las tormentas en la infraestructura tucumana: se hizo, pero mal y sin control. Un ejemplo extra: en Yerba Buena, el pavimento en Bartolomé Hernández (entre Higueritas y Santo Domingo), se levantó completo el sábado a la madrugada. Así, como si fueran hojas que arrastra el viento, el agua se llevó todo el compactado de esa cuadra. El intendente Daniel Toledo, que lanzó impromerios contra una periodista de LA GACETA por un informe documentado sobre el estado desastroso de calles supuestamente nuevas, ¿qué dirá ahora?
Otras preguntas le caben también al secretario de Obras Públicas de la Nación. El siempre presente y mediático José López no apareció para los flashes esta semana en Tucumán. ¿Casualidad? No. La bandera de campaña que agitó desde que comenzaron sus aspiraciones gubernamentales fue la de la obra pública. La de toda la que había conseguido para la Provincia. ¿Cuáles trajo? ¿Por qué no gestionó las que hubiesen, por ejemplo, evitado inundaciones? ¿Qué les dirá a los votantes cuando le formulen preguntas similares a estas? López, por ejemplo, debería responder cómo controló Vialidad Nacional la obra en Los Alisos, que se realizó bajo acuerdo con ese organismo nacional que depende de Obras Públicas de la Nación.
Volviendo al Gobierno provincial, el que pavimentó miles de cuadras e inauguró una obra por día, no ejecutó las hídricas, que –otra vez- conocía que eran necesarias. Las preguntas son: ¿por qué no se hicieron antes esas obras? ¿Por qué una administración que estuvo 12 años en el poder planifica para su retiro obras hídricas clave, si tuvo más de una década para realizarlas? ¿Por qué, como está a la vista, fallaron los controles públicos sobre las sí ejecutadas?
El resultado es que, en el epílogo de su gestión, Alperovich exhibe un “desaprobado” en este ítem, en la larga carrera que comenzó en 2003 y de la que preveía recibirse con el título de “estadista”.
De radicales y “colorados”
Antes que el drama de las inundaciones concentrara la atención pública, gran parte del arco político no-alperovichista venía trabajando en un operativo de acercamiento entre José Cano y Domingo Amaya. Los precursores son esos viejos peronistas y radicales que ya casi no aparecen, pero siempre están presentes. Las conversaciones, hasta aquí, incluyeron a las segundas líneas de ambos precandidatos a gobernador. Se ensayan acuerdos, lugares en las fórmulas y se sueña con que la yunta sería la única capaz de doblegar a la de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. El intendente estaría dispuesto a hacerle “la segunda” al diputado, siempre y cuando otros jugadores clave del amayismo tengan un lugar importante en el armado electoral. Sin embargo, hasta aquí, lo que limita que el acuerdo salga a la luz es la desconfianza. “Aquí está lleno de Stiusos”, grafica un operador de peso entre ambos sectores. Se refiere a que, como ninguno termina de bajar y mostrar las cartas, tampoco nadie se atreve a creer que lo que unos y otros se prometen es real y no será “vendido” a las huestes alperovichistas.
La que sí estaría sellada es la alianza del Acuerdo Cívico y Social con el PRO en Tucumán. Ambos se necesitan y se agradan, por lo que buscarán dejar atrás el factor “Massa”, la frontera que los venía separando. Mucho de ello se definirá en la Convención Nacional del radicalismo, aunque por estos pagos apuestan a que la unión se formalizará más allá de lo que allí se diga. Así las cosas, el PRO lograría apoyo para algunas intendencias clave del Gran San Miguel de Tucumán y puestos “salibles” para las legislativas nacionales. El radicalismo, a su vez, robustecería su preponderancia entre los votantes de la clase media y sumaría –se cree- apoyo financiero de la abultada billetera macrista. ¿Y cómo harán con el massismo? Según encuestas nacionales, el “factor Massa” está en picada. En diciembre pasado, el tigrense aparecía a la cabeza en Tucumán en intención de voto como presidente, muy cerca de Daniel Scioli y con un Macri que venía tercero cómodo. Las mediciones de la semana pasada cambiaron ese panorama: Scioli mantiene su treintena de puntos, Macri se le acerca con una veintena larga y Massa no llega a las dos decenas. Sus acciones se desmoronan y con las suyas las de Gerónimo Vargas Aignasse y Cía, el hombre al que no quieren acercarse en el PRO local. Sin el peso massista para que lo aguante detrás de su espalda, la gravitación de “Gero” en el ACyS es ahora liviano.
El final de la historia electoral venidera está abierto, al igual que el inmenso corazón de los tucumanos que, solidarios, intentan sanar las heridas de miles que sufren por un Estado que no supo protegerlos.
Tucumán estuvo en Emergencia Hídrica, por ley, desde 2007, justamente por efecto de las inundaciones. En 2012 (ley 8.652) se prorrogó esa norma por dos años. Con ella, el Poder Ejecutivo, a través de la comisión de Emergencia Hídrica, puede utilizar recursos públicos sin “engorrosos” procesos de licitación ni cotejo de precios ni nada. Además, debería contemplar la planificación de obras y su ejecución para evitar nuevos desastres.
A pesar de haber obtenido ese estado de gracia para realizar trabajos que mitiguen el efecto de las potentes tormentas subtropicales, los hechos muestran que lo realizado fue insuficiente, pese a los dichos del gobernador y al inédito y millonario presupuesto que manejó el alperovichismo durante 12 años: nunca antes, ninguna administración tucumana, contó con tantos recursos.
En el informe de gestión que Alperovich entregó a los legisladores el 1 de marzo pasado, consta que el Gobierno, a través de la Dirección Provincial del Agua, que depende de la Secretaría de Obras Públicas, ejecutó la “enorme” cifra de 14 obras por administración y siete por contrato relativas a la prevención de inundaciones en todo 2014. Entre ellas, se cuentan la limpieza del canal sur, la limpieza del río Gastona, el encauce del río Chirimayo y la construcción de defensas en varios otros ríos. En definitiva, se realizaron apenas 21 obras, en todo el año, para prevenir inundaciones. Esta cifra, per se, no dice nada, pero toma valor cuando se la compara con otra: en el mismo informe de gestión (páginas 159 a 161), la cantidad de obras “prelluvia” previstas para este año crece a 63 por administración y tres más por contrato, un total de 66. Es decir que para este 2015 el Gobierno programó un 200% más de obras antiinundaciones. O sea que el Poder Ejecutivo, su líder o sus técnicos, sabían que la infraestructura estaba mal y que era necesario realizar más y mejor en este ítem para evitar complicaciones hídricas. Un dato más: en las siguientes dos páginas del informe de gestión (en las 162 y 163), la DPA detalla las “obras hidráulicas necesarias para la provincia, período 2015 al 2018”. En ese listado figuran 30 obras, la mayoría de ellas orientadas a la sistematización de ríos, a la construcción de embalses y a la reformulación de los desagües pluviales de San Miguel de Tucumán. ¿Por qué no se hicieron entre 2003 y 2014? ¿O por qué se priorizaron otras?
Abundan las pruebas respecto de que este Gobierno, y no otro, podría haber hecho más para evitar los desmanes de las últimas dos semanas. Porque el propio Poder Ejecutivo, a través de diferentes organismos, se pone en evidencia sobre que estaba al tanto de lo que había que hacer, que conocía que debía hacerlo, que presentía que el agua era peligrosa (“La provincia, para resolver definitivamente la cuestión de fondo en el tema inundaciones, necesita inversiones de gran envergadura. Pero, para prevenir situaciones coyunturales, hemos venido trabajando todo el año en los ríos Gastona, Medina, Colorado, y en toda cuenca que hay desde la capital hasta el sur de la provincia. Por supuesto, esto se acompaña con la limpieza de los canales en todas las localidades, como los canales Norte y Sur de la capital y el existente en Yerba Buena”, Oscar Mirkin, el 6/1/2012 en LA GACETA), pero que no accionó para evitarlo.
Otro yerro que salta a la vista tras las trágicas tormentas es el del control. Los ingenieros consultados por LA GACETA juran que un puente de dos años de vida no puede caerse y que estuvo mal planificado o mal construido. El que se desmoronó en el parque Los Alisos es un caso testigo de que algo falla en la relación Estado-obras. Los expertos añaden que en las cátedras de Hidráulica de la carrera de Ingeniería Civil se estudia cómo deben ser las obras y su mantenimiento en una zona con un clima como el tucumano, según la cantidad de milímetros de agua caída y el tiempo de duración del fenómeno climático. Es decir, la maquinaria pavimentadora de este Gobierno y su sinfín de anuncios de obras fue, en parte, la causante del estrago que dejaron las tormentas en la infraestructura tucumana: se hizo, pero mal y sin control. Un ejemplo extra: en Yerba Buena, el pavimento en Bartolomé Hernández (entre Higueritas y Santo Domingo), se levantó completo el sábado a la madrugada. Así, como si fueran hojas que arrastra el viento, el agua se llevó todo el compactado de esa cuadra. El intendente Daniel Toledo, que lanzó impromerios contra una periodista de LA GACETA por un informe documentado sobre el estado desastroso de calles supuestamente nuevas, ¿qué dirá ahora?
Otras preguntas le caben también al secretario de Obras Públicas de la Nación. El siempre presente y mediático José López no apareció para los flashes esta semana en Tucumán. ¿Casualidad? No. La bandera de campaña que agitó desde que comenzaron sus aspiraciones gubernamentales fue la de la obra pública. La de toda la que había conseguido para la Provincia. ¿Cuáles trajo? ¿Por qué no gestionó las que hubiesen, por ejemplo, evitado inundaciones? ¿Qué les dirá a los votantes cuando le formulen preguntas similares a estas? López, por ejemplo, debería responder cómo controló Vialidad Nacional la obra en Los Alisos, que se realizó bajo acuerdo con ese organismo nacional que depende de Obras Públicas de la Nación.
Volviendo al Gobierno provincial, el que pavimentó miles de cuadras e inauguró una obra por día, no ejecutó las hídricas, que –otra vez- conocía que eran necesarias. Las preguntas son: ¿por qué no se hicieron antes esas obras? ¿Por qué una administración que estuvo 12 años en el poder planifica para su retiro obras hídricas clave, si tuvo más de una década para realizarlas? ¿Por qué, como está a la vista, fallaron los controles públicos sobre las sí ejecutadas?
El resultado es que, en el epílogo de su gestión, Alperovich exhibe un “desaprobado” en este ítem, en la larga carrera que comenzó en 2003 y de la que preveía recibirse con el título de “estadista”.
De radicales y “colorados”
Antes que el drama de las inundaciones concentrara la atención pública, gran parte del arco político no-alperovichista venía trabajando en un operativo de acercamiento entre José Cano y Domingo Amaya. Los precursores son esos viejos peronistas y radicales que ya casi no aparecen, pero siempre están presentes. Las conversaciones, hasta aquí, incluyeron a las segundas líneas de ambos precandidatos a gobernador. Se ensayan acuerdos, lugares en las fórmulas y se sueña con que la yunta sería la única capaz de doblegar a la de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. El intendente estaría dispuesto a hacerle “la segunda” al diputado, siempre y cuando otros jugadores clave del amayismo tengan un lugar importante en el armado electoral. Sin embargo, hasta aquí, lo que limita que el acuerdo salga a la luz es la desconfianza. “Aquí está lleno de Stiusos”, grafica un operador de peso entre ambos sectores. Se refiere a que, como ninguno termina de bajar y mostrar las cartas, tampoco nadie se atreve a creer que lo que unos y otros se prometen es real y no será “vendido” a las huestes alperovichistas.
La que sí estaría sellada es la alianza del Acuerdo Cívico y Social con el PRO en Tucumán. Ambos se necesitan y se agradan, por lo que buscarán dejar atrás el factor “Massa”, la frontera que los venía separando. Mucho de ello se definirá en la Convención Nacional del radicalismo, aunque por estos pagos apuestan a que la unión se formalizará más allá de lo que allí se diga. Así las cosas, el PRO lograría apoyo para algunas intendencias clave del Gran San Miguel de Tucumán y puestos “salibles” para las legislativas nacionales. El radicalismo, a su vez, robustecería su preponderancia entre los votantes de la clase media y sumaría –se cree- apoyo financiero de la abultada billetera macrista. ¿Y cómo harán con el massismo? Según encuestas nacionales, el “factor Massa” está en picada. En diciembre pasado, el tigrense aparecía a la cabeza en Tucumán en intención de voto como presidente, muy cerca de Daniel Scioli y con un Macri que venía tercero cómodo. Las mediciones de la semana pasada cambiaron ese panorama: Scioli mantiene su treintena de puntos, Macri se le acerca con una veintena larga y Massa no llega a las dos decenas. Sus acciones se desmoronan y con las suyas las de Gerónimo Vargas Aignasse y Cía, el hombre al que no quieren acercarse en el PRO local. Sin el peso massista para que lo aguante detrás de su espalda, la gravitación de “Gero” en el ACyS es ahora liviano.
El final de la historia electoral venidera está abierto, al igual que el inmenso corazón de los tucumanos que, solidarios, intentan sanar las heridas de miles que sufren por un Estado que no supo protegerlos.
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