14 Marzo 2015
NUEVOS ACUSADORES EN EL MINISTERIO PÚBLICO. Agustín Chit (centro) se sumó al equipo de fiscal ad hoc.
Una tarde fría de fines de mayo de 1976, cuando volvían del colegio, vieron cómo polícías empujaban a su padre hacia la entonces Brigada de Investigaciones, en Sarmiento y Muñecas. Él estaba esposado, sucio y golpeado. Corrieron hasta la casa de su abuela y le graficaron esa imagen. En ese momento, aseguraron, comenzó el calvario de la familia. Delina y Patricia Romano tenían 15 y 14 años cuando su padre, Miguel Romano, fue detenido por orden del entonces juez federal Manlio Martínez. Romano, empleado ferroviario, era el dueño de la casa de Azcuénaga N° 1.816 donde policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros -una de ellas era inquilina- el 20 de mayo de 1976.
Martínez es juzgado desde el jueves por cómo llevó el caso de la masacre y por lo que ocurrió con Romano luego. Esta es la primera arista de la serie de imputaciones contra el ex magistrado que comenzó a desandarse ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF).
Las mujeres, representadas por Bernardo Lobo Bugeau, recordaron que su familiar padecía una enfermedad psiquiátrica grave. “Cuando fuimos a la Brigada nos dijeron que no estaba. Un policía conocido le confirmó a ella después que estaba ‘muy complicado’. Le llevamos medicamentos y comida. No se los dieron”, puntualizó Delina. Silvia dudó sobre si lo habían visto esa noche o la siguiente: “fue en un patio. Estaba ciego por las vendas. Lloraba y le pedía a mi abuela que lo sacara. Dijo que lo picanearon”. No dudó en los motivos por los que él estuvo allí: “por ser el propietario de la casa de la calle Azcuénaga”. Delina afirmó que su padre habría mencionado a Martínez: “le dio testimonio y lo metió preso. Desde entonces su salud se deterioró hasta matarlo”. Sostuvieron que su padre fue trasladado a un psiquiátrico. Luego de varios meses fue sobreseído y liberado. Años después, murió postrado.
De acuerdo con la acusación, Romano se presentó espontáneamente ante Martínez días después de la masacre. Inmediatamente, quedó detenido bajo la sospecha de haber formado una asociación ilícita con los asesinados. De acuerdo con la Fiscalía, el accionar del ex juez habría intentado probar la responsabilidad penal de Romano y no investigó los homicidios. Según el expediente, habría puesto al detenido en manos del represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, que en ese entonces comandaba el centro clandestino de la Jefatura. Por esta situación le endilgan los delitos de supuestos prevaricato; privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.
Martínez declaró en la primera audiencia y se refirió al caso de Romano. Insistió en que no tenía jurisdicción, sino la Justicia Militar porque habían intervenido fuerzas militares en el operativo: “tranquilamente lo podría haber mandado con los militares. Pero nunca mandé a nadie. Me atengo a lo que dice el expediente. Toda esa fantasía de que lo mandé a que lo torturen…(sic) En ese momento nadie tenía idea de los centros clandestinos. Pretenden aplicar principios de un estado de derecho a una situación de carácter excepcional. Como los delitos que se me imputan en Romero Niklison no daban para ser de lesa humanidad, entonces había que buscar ponerle mucha bijouterie y que aparecieran cosas”.
Un caso complejo
Las acusaciones contra Martínez se dividen en tres grupos
El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano. Lo que ocurrió -y lo que no- en Tribunales tras ese violento episodio es abordado en la causa. Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, a su vez, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Los fiscales
Nuevos acusadores en el Ministerio Público
El jueves fue el debut en un juicio por delitos de lesa humanidad del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Diego Velasco. El letrado cubrió el cargo que estaba vacante desde la jubilación de Alfredo Terraf y que subrogaba Leopoldo Peralta Palma. Llegó al puesto a fines del año pasado tras ganar un concurso y ser avalado por el Senado. Ayer, en tanto, se sumó al equipo un nuevo fiscal ad hoc. Se trata de Agustín Chit, quien fue designado para este juicio por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El abogado tucumano (egresado de la UNT) es especialista en derecho penal. Antes, en Buenos Aires, se desempeñó como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y luego, como secretario de la unidad que investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de estado de la Procuración General de la Nación. Ambos intervendrán junto al fiscal federal N°2 y coordinador de la oficina local de la procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña.
El tribunal
Integración inédita del TOF para juzgar a un ex juez federal
El juicio contra el ex juez federal Manlio Martínez se sustancia con una integración novedosa del Tribunal Oral Federal (TOF). Sucede que la mayoría de los letrados se excusaron por conocer o haber trabajado con Martínez o sus familiares en el ámbito de los Tribunales nacionales o bien, fueron recusados por sus defensores. El único magistrado que lo integra -y preside- y que tiene experiencia en procesos orales de derechos humanos en Tucumán es Hugo Cataldi (Capital Federal). Intervino como cuarto juez en las megacausas que se celebraron y conformó el Tribunal en el denominado caso “Cantos”, el año pasado. Dos cordobeses completan el estrado: José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón. En la secretaría, en tanto, se excusaron Mariano García Zavalía y Hugo del Sueldo Padilla. En reemplazo, actúa el santiagueño Mario Martínez Llanos. querella “La justicia fue una pieza para mantener la impunidad” María Alejandra Romero Niklison es víctima y querellante a la vez. La letrada era una niña cuando sus padres alquilaron la casa de la calle Azcuénaga en la que se produjo la matanza. Su madre, Alejandra Niklison fue asesinada allí por las fuerzas de seguridad. “Pretendo que el imputado tenga su derecho de defensa. Queremos que los juicios sean justos para todas las partes. Esperamos, sin embargo, tener una sentencia acorde a lo que consideramos que pasó en el país: un genocidio. Consideramos que el Poder Judicial fue una pieza fundamental para mantener la impunidad de los responsables máximos”, sostuvo sobre sus expectativas. Por otro lado, se refirió al pedido de la Fiscalía y de la querella que integra para que los testigos-víctima de otros juicios no deban volver a sentarse frente a los jueces. “En el otro juicio (en 2011) estuve como testigo y esto de volver a tener que pensar en declarar nuevamente me movilizó. Sentí en carne propia lo que es la revictimización. En los juicios, si bien son procesos penales y se busca una condena, se procura también una sanación de las víctimas”, consignó. Psicólogos del equipo de acompañamiento determinaron ayer que su padre, Gerardo Romero, no estaba en condiciones de prestar declaración y vivir un proceso “retraumatizante”. Las versiones escritas o grabadas de testimonios de sobrevivientes o familiares podrían ser incorporados luego en el expediente. La defensa que encabezan Manuel Bonnin y Vanessa Lucero se opuso a esto debido a que consideraron que deben tener la posibilidad de repreguntar a los declarantes sobre este caso específico.
Martínez es juzgado desde el jueves por cómo llevó el caso de la masacre y por lo que ocurrió con Romano luego. Esta es la primera arista de la serie de imputaciones contra el ex magistrado que comenzó a desandarse ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF).
Las mujeres, representadas por Bernardo Lobo Bugeau, recordaron que su familiar padecía una enfermedad psiquiátrica grave. “Cuando fuimos a la Brigada nos dijeron que no estaba. Un policía conocido le confirmó a ella después que estaba ‘muy complicado’. Le llevamos medicamentos y comida. No se los dieron”, puntualizó Delina. Silvia dudó sobre si lo habían visto esa noche o la siguiente: “fue en un patio. Estaba ciego por las vendas. Lloraba y le pedía a mi abuela que lo sacara. Dijo que lo picanearon”. No dudó en los motivos por los que él estuvo allí: “por ser el propietario de la casa de la calle Azcuénaga”. Delina afirmó que su padre habría mencionado a Martínez: “le dio testimonio y lo metió preso. Desde entonces su salud se deterioró hasta matarlo”. Sostuvieron que su padre fue trasladado a un psiquiátrico. Luego de varios meses fue sobreseído y liberado. Años después, murió postrado.
De acuerdo con la acusación, Romano se presentó espontáneamente ante Martínez días después de la masacre. Inmediatamente, quedó detenido bajo la sospecha de haber formado una asociación ilícita con los asesinados. De acuerdo con la Fiscalía, el accionar del ex juez habría intentado probar la responsabilidad penal de Romano y no investigó los homicidios. Según el expediente, habría puesto al detenido en manos del represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, que en ese entonces comandaba el centro clandestino de la Jefatura. Por esta situación le endilgan los delitos de supuestos prevaricato; privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.
Martínez declaró en la primera audiencia y se refirió al caso de Romano. Insistió en que no tenía jurisdicción, sino la Justicia Militar porque habían intervenido fuerzas militares en el operativo: “tranquilamente lo podría haber mandado con los militares. Pero nunca mandé a nadie. Me atengo a lo que dice el expediente. Toda esa fantasía de que lo mandé a que lo torturen…(sic) En ese momento nadie tenía idea de los centros clandestinos. Pretenden aplicar principios de un estado de derecho a una situación de carácter excepcional. Como los delitos que se me imputan en Romero Niklison no daban para ser de lesa humanidad, entonces había que buscar ponerle mucha bijouterie y que aparecieran cosas”.
Un caso complejo
Las acusaciones contra Martínez se dividen en tres grupos
El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano. Lo que ocurrió -y lo que no- en Tribunales tras ese violento episodio es abordado en la causa. Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, a su vez, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Los fiscales
Nuevos acusadores en el Ministerio Público
El jueves fue el debut en un juicio por delitos de lesa humanidad del fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Diego Velasco. El letrado cubrió el cargo que estaba vacante desde la jubilación de Alfredo Terraf y que subrogaba Leopoldo Peralta Palma. Llegó al puesto a fines del año pasado tras ganar un concurso y ser avalado por el Senado. Ayer, en tanto, se sumó al equipo un nuevo fiscal ad hoc. Se trata de Agustín Chit, quien fue designado para este juicio por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El abogado tucumano (egresado de la UNT) es especialista en derecho penal. Antes, en Buenos Aires, se desempeñó como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y luego, como secretario de la unidad que investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de estado de la Procuración General de la Nación. Ambos intervendrán junto al fiscal federal N°2 y coordinador de la oficina local de la procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña.
El tribunal
Integración inédita del TOF para juzgar a un ex juez federal
El juicio contra el ex juez federal Manlio Martínez se sustancia con una integración novedosa del Tribunal Oral Federal (TOF). Sucede que la mayoría de los letrados se excusaron por conocer o haber trabajado con Martínez o sus familiares en el ámbito de los Tribunales nacionales o bien, fueron recusados por sus defensores. El único magistrado que lo integra -y preside- y que tiene experiencia en procesos orales de derechos humanos en Tucumán es Hugo Cataldi (Capital Federal). Intervino como cuarto juez en las megacausas que se celebraron y conformó el Tribunal en el denominado caso “Cantos”, el año pasado. Dos cordobeses completan el estrado: José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón. En la secretaría, en tanto, se excusaron Mariano García Zavalía y Hugo del Sueldo Padilla. En reemplazo, actúa el santiagueño Mario Martínez Llanos. querella “La justicia fue una pieza para mantener la impunidad” María Alejandra Romero Niklison es víctima y querellante a la vez. La letrada era una niña cuando sus padres alquilaron la casa de la calle Azcuénaga en la que se produjo la matanza. Su madre, Alejandra Niklison fue asesinada allí por las fuerzas de seguridad. “Pretendo que el imputado tenga su derecho de defensa. Queremos que los juicios sean justos para todas las partes. Esperamos, sin embargo, tener una sentencia acorde a lo que consideramos que pasó en el país: un genocidio. Consideramos que el Poder Judicial fue una pieza fundamental para mantener la impunidad de los responsables máximos”, sostuvo sobre sus expectativas. Por otro lado, se refirió al pedido de la Fiscalía y de la querella que integra para que los testigos-víctima de otros juicios no deban volver a sentarse frente a los jueces. “En el otro juicio (en 2011) estuve como testigo y esto de volver a tener que pensar en declarar nuevamente me movilizó. Sentí en carne propia lo que es la revictimización. En los juicios, si bien son procesos penales y se busca una condena, se procura también una sanación de las víctimas”, consignó. Psicólogos del equipo de acompañamiento determinaron ayer que su padre, Gerardo Romero, no estaba en condiciones de prestar declaración y vivir un proceso “retraumatizante”. Las versiones escritas o grabadas de testimonios de sobrevivientes o familiares podrían ser incorporados luego en el expediente. La defensa que encabezan Manuel Bonnin y Vanessa Lucero se opuso a esto debido a que consideraron que deben tener la posibilidad de repreguntar a los declarantes sobre este caso específico.
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