14 Marzo 2015
APOYO. Dirigentes sindicales avalaron la candidatura de Amaya para el PE. prensa municipalidad
En medio de la incertidumbre por la situación financiera de la Municipalidad a partir de la salida del Pacto Social, el intendente de la capital, Domingo Amaya, buscó llevar tranquilidad a los empleados y adelantó que recibirán el mismo incremento salarial que el Poder Ejecutivo concedió a los estatales.
“El municipio de San Miguel de Tucumán va a otorgar las mismas condiciones a los trabajadores porque consideramos que a igual trabajo, igual remuneración. Eso se llama igualdad para todos”, afirmó. “Vamos a hacerlo con mucho esfuerzo para brindarles a los trabajadores municipales el mismo aumento, así que a los empleados que estén tranquilos ya que consideramos que es justicia brindar lo mismo y el municipio siempre lo va a hacer”, completó.
El jefe municipal formuló el anuncio durante la mañana, luego de supervisar obras de repavimentación en calle Rivadavia al 1.000.
El jueves, los gremios que nuclean a los empleados de la Provincia firmaron un acta acuerdo por la que percibirán un aumento del 30% en el sueldo básico, en dos cuotas: la primera, de un 10%, con el sueldo de marzo; la segunda, de un 20%, con el de agosto. Además, recibirán una suma fija en dos cuotas, no remunerativas ni bonificables, en esos mismos meses. Como ejemplo, fijan que para la categoría 18, la primera será de $ 1.000 y la segunda, de $ 1.500. Así, ningún estatal tucumano cobraría menos de $ 9.500 a partir de agosto, según se anunció.
Las dudas sobre si la Municipalidad podría cumplir con los reclamos gremiales se generaron a partir de los cruces de las últimas semanas entre amayistas y alperovichistas. Según había dicho el secretario de Hacienda municipal, Silvio Bellomío, desde la caída del Pacto Social (en diciembre) la Provincia le había retenido más de $ 100 millones de la coparticipación. “El Gobierno provincial debería garantizar la paz social. Hay que asegurarles el sueldo a los empleados municipales. Si esto se extiende en el tiempo, nos sería imposible poder pagar los sueldos y mantener los servicios esenciales”, había dicho el funcionario.
Luego, entre el municipio y el PE se acordó la firma de un convenio que regirá hasta noviembre. Mediante el documento, la Provincia retendrá $ 35 millones por mes a la Capital para comenzar a cobrarse la deuda que esa administración mantiene. Según la Intendencia, el pasivo ronda los $ 400 millones; pero, según la Casa de Gobierno, asciende a más de $ 600 millones. El convenio fue firmado finalmente ayer en su despacho por el intendente Amaya.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Osvaldo “Cacho” Acosta, reclamó al intendente que abra las paritarias. “Deberá acatar el porcentaje de aumento que se resuelva en la Provincia o bien sentarse a negociar con nosotros”, había dicho. En el mismo sentido se pronunció otro espacio gremial municipal. “Amaya no puede ya desentenderse de esta problemática invocando el Pacto Social; es una excusa sin fundamento para no darles respuestas a los trabajadores municipales”, advirtieron Marcelo Villagra y Adolfo Gordillo, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales (Sutem).
“El municipio de San Miguel de Tucumán va a otorgar las mismas condiciones a los trabajadores porque consideramos que a igual trabajo, igual remuneración. Eso se llama igualdad para todos”, afirmó. “Vamos a hacerlo con mucho esfuerzo para brindarles a los trabajadores municipales el mismo aumento, así que a los empleados que estén tranquilos ya que consideramos que es justicia brindar lo mismo y el municipio siempre lo va a hacer”, completó.
El jefe municipal formuló el anuncio durante la mañana, luego de supervisar obras de repavimentación en calle Rivadavia al 1.000.
El jueves, los gremios que nuclean a los empleados de la Provincia firmaron un acta acuerdo por la que percibirán un aumento del 30% en el sueldo básico, en dos cuotas: la primera, de un 10%, con el sueldo de marzo; la segunda, de un 20%, con el de agosto. Además, recibirán una suma fija en dos cuotas, no remunerativas ni bonificables, en esos mismos meses. Como ejemplo, fijan que para la categoría 18, la primera será de $ 1.000 y la segunda, de $ 1.500. Así, ningún estatal tucumano cobraría menos de $ 9.500 a partir de agosto, según se anunció.
Las dudas sobre si la Municipalidad podría cumplir con los reclamos gremiales se generaron a partir de los cruces de las últimas semanas entre amayistas y alperovichistas. Según había dicho el secretario de Hacienda municipal, Silvio Bellomío, desde la caída del Pacto Social (en diciembre) la Provincia le había retenido más de $ 100 millones de la coparticipación. “El Gobierno provincial debería garantizar la paz social. Hay que asegurarles el sueldo a los empleados municipales. Si esto se extiende en el tiempo, nos sería imposible poder pagar los sueldos y mantener los servicios esenciales”, había dicho el funcionario.
Luego, entre el municipio y el PE se acordó la firma de un convenio que regirá hasta noviembre. Mediante el documento, la Provincia retendrá $ 35 millones por mes a la Capital para comenzar a cobrarse la deuda que esa administración mantiene. Según la Intendencia, el pasivo ronda los $ 400 millones; pero, según la Casa de Gobierno, asciende a más de $ 600 millones. El convenio fue firmado finalmente ayer en su despacho por el intendente Amaya.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Osvaldo “Cacho” Acosta, reclamó al intendente que abra las paritarias. “Deberá acatar el porcentaje de aumento que se resuelva en la Provincia o bien sentarse a negociar con nosotros”, había dicho. En el mismo sentido se pronunció otro espacio gremial municipal. “Amaya no puede ya desentenderse de esta problemática invocando el Pacto Social; es una excusa sin fundamento para no darles respuestas a los trabajadores municipales”, advirtieron Marcelo Villagra y Adolfo Gordillo, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales (Sutem).
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