Manlio Martínez negó las acusaciones y dijo que ayudó a detenidos

Manlio Martínez (69 años) se convirtió ayer en el primer ex juez de Tucumán en ser sometido a un juicio por crímenes de lesa humanidad. Está sospechado, según la acusación, por sus “acciones y omisiones” en la investigación de una matanza en 1976. Según la Fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución extrajudicial de un grupo y “asegurado” la impunidad para quienes la llevaron adelante.

Martínez declaró, aún sin consentimiento de su defensa. El ex juez cargó contra los fiscales federales N°1 y N°2, Carlos Brito y Pablo Camuña. “La intervención de Camuña como ad hoc en mi declaración indagatoria, a mi criterio, anula el proceso”, consideró. Luego, se refirió a la relación de “amistad íntima” que tenía con Brito: “tuvo un vuelco y se convirtió en un enemigo feroz. Le pedí que se excusara y no quiso”. En relación al episodio por el que se lo juzga, aseguró que cuando lo llamaron para avisarle del hecho, creyó que era la Policía. “Yo no tenía jurisdicción (porque estaban involucrados militares). Si no hubiese ido, las víctimas estarían buscando los cuerpos de sus familiares porque los militares los hubiesen hecho desaparecer”, afirmó. Dijo que todo el proceso es “nulo” por ese motivo jurisdiccional. Al referirse a la tarea de los magistrados durante la dictadura, fue contundente: “los militares tenían los fales (sic) apuntando a las cabezas de jueces. Tenía 29 años. Ayudé a algunos detenidos y en otros casos, me limité a aplicar la ley”. Sobre la acusación de asociación ilícita, aseguró que no tenía relación ni con Adel Vilas ni con Antonio Bussi. “En 1975 Vilas puso una bomba en mi casa porque puse en libertad a un joven. Ese es el primer socio que me asignan. En cuanto a Bussi, fui el primero que lo citó a declarar por una denuncia de delitos de lesa humanidad. No tenía relación con los militares”, expresó. Detalló que, incluso, tenía una amistad con el senador desaparecido Guillermo Vargas Aignasse.

El fiscal general Diego Velasco requirió, por otro lado, que se preserve a los testigos que ya declararon en otros casos de una posible revictimización. Pidió que cada uno de ellos sea evaluado por el equipo de acompañamiento y que sólo aquellos que estén en condiciones puedan sentarse frente a los jueces. El fiscal Camuña, por su parte, solicitó la incorporación de testimonios de víctimas de la megacausa “Villa Urquiza” que mencionan a Martínez. Los defensores Manuel Bonnin y Vanessa Lucero rechazaron los pedidos.

Al plantear cuestiones preliminares, la Defensa presentó una serie de nulidades. También consideró que su representado debería recuperar la libertad (cumple prisión domiciliaria) porque argumentaron que no habría riesgo de fuga. Las tres querellas y la Fiscalía reclamaron al TOF que deseche todas estas pretensiones. Entre los acusadores está María Alejandra Romero Niklison, hija de una de las víctimas.

Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón son los jueces que llevarán adelante el juicio. La causa es un desprendimiento de la llamada “Romero Niklison” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz a perpetua y cuya sentencia está firme. Se abordó los asesinatos de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) el 20 de mayo de 1976. Policías y militares los ejecutaron durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano. Las imputaciones a Martínez están divididas en dos: las relacionadas con la matanza y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado como autor de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios calificados. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación de la libertad por lo sucedido con Romano. Se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita.