Por Juan Manuel Asis
12 Marzo 2015
Hasta 2014, los intendentes debían concurrir una vez al año a la Casa de Gobierno para suscribir un convenio y recibir los recursos provinciales, para sueldos y obras, a través del Pacto Social. Tres lustros se prolongó este sistema financiero, que fuera pergeñado por Alperovich allá por 1999, cuando ingresó al gabinete de Julio Miranda como ministro de Economía. Este año, a partir de la baja del acuerdo, los jefes municipales deben “pasillear” más seguido la Casa de Gobierno -tal como ocurría en los noventa- en busca de los recursos salvadores que garanticen la tranquilidad social en sus ciudades. Como lo sintetizó un intendente del Este y aliado táctico del alperovichismo: “la plata es la misma, sólo que ahora todos los meses hay que preparar nueva documentación”. O bien, como acotó técnicamente un funcionario del Ejecutivo: en esencia, el escenario no cambió, se sigue asistiendo a los municipios; nada más que ahora hay que realizar un decreto todos los meses; cuando antes se hacía por ley. ¿La ayuda llega realmente igual? Veamos.
Administrativamente hubo cambios en el mecanismo de remisión de fondos, aunque, según la interpretación del referente territorial de la segunda sección electoral, el monto del dinero que recibe no merma. Sin embargo, es políticamente donde se observan las modificaciones que interesan, especialmente por el lado de las relaciones institucionales producto de las conductas y de las ambiciones políticas de la dirigencia en este año signado por el recambio de autoridades. Por ejemplo, los arreglos entre la Provincia y las municipalidades se realizan más rápido o más lento según los niveles de lealtad al proyecto político. No cabía esperar otra cosa. Todo tiene su costo. Así, los que estaban cómodos siendo rehenes en el antiguo sistema lo siguen siendo ahora manteniéndose bajo el paraguas protector del Estado, aunque deban acomodar papeles cada 30 días para recibir el dinero provincial, a cambio de recibir la compensación.
Los que, como el capitalino Amaya, optaron por una conducta política-electoral distinta padecerán las consecuencias. La disidencia no es tolerable en el oficialismo, nacional o provincial: se está o no en el PJ, y si no se está, o se instalan en la vereda de enfrente, se es un traidor. Sin términos medios. La continuidad con cambios sólo vale para los justicialistas que están en el Gobierno. Como lo indicó sintética y elegantemente un funcionario gubernamental, a esta dirigencia díscola le harán sentir “los límites políticos que corresponden”. Habrá ayuda económica, financieramente no lo desampararán. En otras palabras, tendrá lo justo, ni más, ni menos; lo suficiente como para garantizar la tranquilidad social en el municipio -para que las posibles protestas laborales y el descontento social no se instalen en la plaza Independencia-, pero sin ningún excedente como para poder desarrollar acciones político-electorales -en contra de los intereses del alperovichismo- con recursos ajenos. Es el límite para los que han resuelto no acompañar el proyecto alperovichista. Dentro del proyecto el concepto de amistad es una cosa y tiene sus efectos en el plano institucional, fuera del modelo la conveniencia política es lo que prima. Nada nuevo bajo el sol.
El texto del acuerdo institucional se conoce. Fue redactado en la sede del PE y ya está en manos de los funcionarios municipales para que evalúen sus implicancias económicas y eventuales efectos en la gestión de la intendencia. Sin embargo, más allá de las cifras que se arrojaron respecto del aporte que recibirá el municipio, lo que se debate en ambas trincheras tiene que ver con la foto de la firma del posible acuerdo. Los otros jefes municipales no tienen registros fotográficos de la rúbrica del acuerdo mensual; pero en el caso de Amaya lo político magnifica este detalle. ¿Irá o no al palacio gubernamental para acceder a los recursos? ¿Aceptará finalmente los términos del nuevo pacto? Más que la pregunta, algunos hasta hacen apuestas sobre lo que puede pasar finalmente; sobre si el intendente se presentará o bien tratará de que un funcionario municipal lo reemplace para evitar la incómoda imagen. Máxime en un año donde las debilidades y fortalezas se potencian desde la perspectiva electoral. Donde nadie quiere agrandar al contrincante. Por el contrario, se lo quiere minimizar. Y si es posible; controlar.
Administrativamente hubo cambios en el mecanismo de remisión de fondos, aunque, según la interpretación del referente territorial de la segunda sección electoral, el monto del dinero que recibe no merma. Sin embargo, es políticamente donde se observan las modificaciones que interesan, especialmente por el lado de las relaciones institucionales producto de las conductas y de las ambiciones políticas de la dirigencia en este año signado por el recambio de autoridades. Por ejemplo, los arreglos entre la Provincia y las municipalidades se realizan más rápido o más lento según los niveles de lealtad al proyecto político. No cabía esperar otra cosa. Todo tiene su costo. Así, los que estaban cómodos siendo rehenes en el antiguo sistema lo siguen siendo ahora manteniéndose bajo el paraguas protector del Estado, aunque deban acomodar papeles cada 30 días para recibir el dinero provincial, a cambio de recibir la compensación.
Los que, como el capitalino Amaya, optaron por una conducta política-electoral distinta padecerán las consecuencias. La disidencia no es tolerable en el oficialismo, nacional o provincial: se está o no en el PJ, y si no se está, o se instalan en la vereda de enfrente, se es un traidor. Sin términos medios. La continuidad con cambios sólo vale para los justicialistas que están en el Gobierno. Como lo indicó sintética y elegantemente un funcionario gubernamental, a esta dirigencia díscola le harán sentir “los límites políticos que corresponden”. Habrá ayuda económica, financieramente no lo desampararán. En otras palabras, tendrá lo justo, ni más, ni menos; lo suficiente como para garantizar la tranquilidad social en el municipio -para que las posibles protestas laborales y el descontento social no se instalen en la plaza Independencia-, pero sin ningún excedente como para poder desarrollar acciones político-electorales -en contra de los intereses del alperovichismo- con recursos ajenos. Es el límite para los que han resuelto no acompañar el proyecto alperovichista. Dentro del proyecto el concepto de amistad es una cosa y tiene sus efectos en el plano institucional, fuera del modelo la conveniencia política es lo que prima. Nada nuevo bajo el sol.
El texto del acuerdo institucional se conoce. Fue redactado en la sede del PE y ya está en manos de los funcionarios municipales para que evalúen sus implicancias económicas y eventuales efectos en la gestión de la intendencia. Sin embargo, más allá de las cifras que se arrojaron respecto del aporte que recibirá el municipio, lo que se debate en ambas trincheras tiene que ver con la foto de la firma del posible acuerdo. Los otros jefes municipales no tienen registros fotográficos de la rúbrica del acuerdo mensual; pero en el caso de Amaya lo político magnifica este detalle. ¿Irá o no al palacio gubernamental para acceder a los recursos? ¿Aceptará finalmente los términos del nuevo pacto? Más que la pregunta, algunos hasta hacen apuestas sobre lo que puede pasar finalmente; sobre si el intendente se presentará o bien tratará de que un funcionario municipal lo reemplace para evitar la incómoda imagen. Máxime en un año donde las debilidades y fortalezas se potencian desde la perspectiva electoral. Donde nadie quiere agrandar al contrincante. Por el contrario, se lo quiere minimizar. Y si es posible; controlar.
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